Cómo puede recuperarse Puerto Rico

La economía de Puerto Rico se ha venido contrayendo desde hace casi diez años -una de las peores recesiones en la historia reciente entre economías que no experimentan un conflicto interno. Por cierto, su derrumbe se ha prolongado muchísimo más que el que experimentaron, por caso, los estados bálticos, que también soportaron fuertes contracciones luego de la crisis financiera global de 2008. ¿Por qué la economía de Puerto Rico no se ha recuperado?

La situación en el territorio autónomo de Estados Unidos efectivamente se ve funesta. Puerto Rico sólo es superado por Grecia en términos de la tasa de contracción del PIB (14% de 2006 a 2015). La inversión ha caído más del 30% desde 2006 y el empleo, más del 20%. Frente a las escasas oportunidades de trabajo, aproximadamente el 1% de la población de la isla está migrando a los Estados Unidos continentales cada año.

Una diferencia clave entre la crisis de Puerto Rico y las de Grecia y los estados bálticos es que comenzó antes que la crisis financiera global. En verdad, la economía no había experimentado un crecimiento sólido desde mediados de los años 1970, cuando el ingreso per capita ya representaba apenas un tercio del de Estados Unidos. La subsiguiente crisis económica hizo que la brecha de ingresos se ampliara. En un sentido, Puerto Rico es un ejemplo temprano de una economía que quedó atascada en la llamada trampa del ingreso medio.

La situación fiscal de Puerto Rico también venía empeorando antes de la crisis. La deuda del sector público, que rondaba el 60% del PIB en los años 1980 y 1990, comenzó a aumentar a principios de los años 2000, y representaba el 76% del PIB en 2006. La reducción de los ingresos gubernamentales causada por la crisis ha exacerbado el problema de la deuda, aun si los gastos primarios reales (ajustados por inflación) del gobierno han caído más del 20% en la década actual. La deuda ahora supera al PIB -aún sin tener en cuenta las cargas de pensiones no financiadas.

A pesar de la prolongada caída, a las autoridades les llevó varios años reconocer la magnitud del problema de la deuda. Recién en junio de 2015 el gobernador Alejandro García Padilla admitió la "espiral mortal" que enfrentaba el territorio autónomo y reconoció que sus deudas "no son pagaderas". Luego de eso se tomaron algunas medidas, empezando por la creación por parte del Tesoro de Estados Unidos de una "Hoja de ruta para la acción parlamentaria", divulgada el pasado mes de noviembre, que instaba a renegociaciones integrales de la deuda. Este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente aprobó un proyecto de ley sobre la cuestión que ahora debe aprobar el Senado.

Con la participación del gobierno de Estados Unidos, hay esperanzas de que el territorio autónomo finalmente pueda salir de su recesión. Pero, como ha indicado un análisis reciente del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico (CNE) y la Iniciativa para el Diálogo Político (IDP) de la Universidad de Columbia, deben cumplirse dos condiciones clave.

Primero, Puerto Rico necesita un plan que "reduzca marcadamente la carga de la deuda, demore los pagos de la deuda para permitir que la economía vuelva a crecer y cree cierto espacio para una inversión pública adicional que restablezca el crecimiento económico". Segundo, la isla necesita una estrategia de crecimiento efectiva que coloque a la economía en un camino sustentable.

Este desenlace dista mucho de estar garantizado -en particular porque la legislación parlamentaria propuesta depende, francamente, de una junta de supervisión neocolonial-. La junta no incluye a ningún representante de las autoridades electas de Puerto Rico y es ella, y no el gobierno puertorriqueño, la que determinará la forma de la restructuración de la deuda.

Es más, aún si se alcanza una solución rápida e integral para la crisis de la deuda, incentivar el crecimiento no será una tarea sencilla. Como Puerto Rico no puede implementar políticas monetarias o cambiarias, y sus limitaciones presupuestadas actuales descartan políticas fiscales activas, la austeridad tendrá que continuar.

Aun así, como enfatiza la "hoja de ruta" del Tesoro de Estados Unidos, "la austeridad por sí sola no es un camino hacia la recuperación". En vista de esto, Puerto Rico tendrá que explorar el terreno amplio de la política industrial para encontrar la clave para su próxima fase de crecimiento y desarrollo.

Específicamente, el gobierno, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, debe identificar las oportunidades para nuevas actividades de producción, especialmente en los sectores que demandan un alto nivel de conocimiento y que son considerados esenciales para superar la trampa del ingreso medio. Los incentivos impositivos también pueden ejercer un papel importante en el estímulo del crecimiento, pero como parte de una estrategia clara -no distribuidos indiscriminadamente, como solía suceder en el pasado.

En este esfuerzo, la Comisión de Crecimiento de Puerto Rico propuso que el CNE desempeñe un papel primordial. Una comisión de estas características, según el CNE, encabezaría la formulación e implementación de una combinación de programas, políticas e inversiones apropiados en el corto y mediano plazo, como parte de un marco de desarrollo integral.

Por supuesto, Estados Unidos también tiene un papel que desempeñar en la estrategia de crecimiento de Puerto Rico. Para empezar, dado el potencial de Puerto Rico de desempeñarse como un centro importante de transporte marítimo y logístico, Estados Unidos debe eximir a la isla de sus leyes de transporte de cabotaje.

Es más, como subraya el informe de CNE-IPD, los programas sociales cruciales de Estados Unidos deberían dejar de discriminar a Puerto Rico. Esto significa un igual trato bajo los programas federales de atención médica -Medicaid, Medicare y la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio- y la inclusión en el programa de crédito fiscal por el ingreso devengado, el programa antipobreza más efectivo de Estados Unidos, que elimina los desincentivos para trabajar en el sector formal.

Este tipo de consideraciones, así como aquellas relacionadas con el marco para la reestructuración de la deuda, subrayan la naturaleza problemática de la condición política subordinada de Puerto Rico. Sin embargo, en lugar de reconsiderar ese estatus, Estados Unidos últimamente lo ha reforzado, tanto con la junta de supervisión incluida en el proyecto de ley de la Cámara como en la reciente decisión de la Corte Suprema de eliminar las estipulaciones sobre la reestructuración de la deuda aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Los puertorriqueños ya tienen infinidad de desafíos con los cuales lidiar. Un trato neocolonial bajo la ley de Estados Unidos es lo último que necesitan.