El coronavirus ha evidenciado desigualdades en materia de derechos humanos. Debemos tomar medidas para corregir esto.

Ahora que nos hallamos en medio de una emergencia sanitaria global, puede que no parezca el mejor momento para abordar la cuestión de los derechos humanos. Pero los problemas que vemos en el panorama general, como resultado de la crisis, son importantes. En algunos países, médicos y enfermeras no tienen suficientes equipos de protección personal. El desempleo se está disparando y algunas personas no pueden alcanzar un nivel de vida básico. El aislamiento social deja sin asistencia a personas con discapacidades.

Todos estos son desafíos que afectan a los derechos humanos y ahora es el momento de abordarlos. Las personas deben saber qué constituye un derecho humano y cuáles pueden exigir, y los gobiernos deben tener presentes sus obligaciones para proteger estos derechos, especialmente durante la crisis de la COVID-19.

La pandemia ha servido de pretexto perfecto para que algunos líderes políticos promuevan sus propios intereses, dejando de lado los principios arraigados de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, en nombre de la emergencia. Algunos están aprovechando esta oportunidad para adquirir nuevos poderes mediante decretos de emergencia, mientras el distanciamiento social les ayuda a disfrutar de un escrutinio público limitado.

Consideremos los ejemplos siguientes:

● Legislación recientemente promulgada para permitir al primer ministro de Hungría gobernar por decreto de modo indefinido

● El presidente de Brasil se une a una protesta en apoyo de la dictadura

● Israel utiliza medidas de vigilancia de gran alcance

Tales actos sin precedentes establecen normas que serán muy difíciles de revertir mucho tiempo después de que se erradique el coronavirus. La ONU ha reconocido este problema inminente e insta a la acción. El secretario general António Guterres presentó la semana pasada un informe para situar los derechos humanos en primera línea de la respuesta y recuperación del coronavirus.

“La pandemia de COVID-19 no es solo una emergencia de salud pública. Es una crisis económica, una crisis social y una crisis humanitaria que se está convirtiendo de modo acelerado en una crisis de derechos humanos”.

- António Guterres, secretario general de la ONU

Es un deber civil exigir responsabilidades a los gobiernos y protestar (dentro de las directrices legítimas de distanciamiento social). Los jueces, parlamentarios, funcionarios públicos y periodistas deben cumplir con sus deberes para defender el estado de derecho. La comunidad internacional también necesita alzar su voz en solidaridad con los derechos de todas las personas del mundo.

Las partes implicadas demandan de los gobiernos estándares más altos, que no son más que aquellos a los que esos gobiernos se han comprometido. Las regulaciones sanitarias internacionales, los tratados sobre derechos humanos y las normas laborales contienen disposiciones para dirigir las políticas gubernamentales en cualquier circunstancia. Estos compromisos se diseñaron para hacer frente a emergencias, de modo que también puedan aplicarse en el futuro. La naturaleza sin precedentes de la pandemia de la COVID-19 no disminuye la relevancia de esos compromisos, ni justifica una legislación ilimitada por decreto, el apoyo a la dictadura frente a la democracia o la implantación de vigilancia sin tomar todas las medidas para imponer límites o utilizar alternativas menos invasivas.

El conocimiento es poder para cada individuo y para todas las partes involucradas mencionadas. El conocimiento de nuestros derechos humanos y de los compromisos que han asumido nuestros gobiernos en tratados internacionales, resoluciones de la ONU o declaraciones públicas permite plantear críticas fundadas respecto a las políticas gubernamentales.

Aquí es donde los expertos y funcionarios de la ONU tienen que intervenir. En ellos recae la posibilidad de ayudar a que dicha información sea más accesible, aclarando el modo en que se habrán de respetar los derechos humanos ante la pandemia de COVID-19. También tienen autoridad para denunciar violaciones de derechos humanos o presentar recomendaciones a los gobiernos.

Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación y las medidas de emergencia deben ser estrictamente temporales y deben estar sujetas a una supervisión legislativa y judicial significativa.

La promoción de los derechos humanos desde ahora mismo ayudará a las sociedades a salir más resilientes de esta pandemia, con vistas al futuro. Las amenazas afectan a todos los ámbitos. Una sociedad que no puede ofrecer un tratamiento igualitario para todos, incluida la asistencia sanitaria y la seguridad social, perderá su cohesión social y el número de víctimas del virus aumentará. La renuncia a la separación de poderes por parte de una sociedad puede conllevar la pérdida de la soberanía nacional. Contra este tipo de amenazas, las sociedades resilientes pueden ayudar a promover las normas de derechos humanos después de la pandemia.

Algunos de los desafíos impuestos por la pandemia podrían haberse evitado si los derechos humanos hubieran sido salvaguardados y priorizados de manera más juiciosa. El acceso universal a la asistencia sanitaria habría facilitado la realización de pruebas de modo más generalizado. Una política más estricta contra la discriminación podría haber evitado que las minorías se vieran desproporcionadamente afectadas por el virus. La consideración prioritaria de la igualdad de género podría haber hecho disminuir los incidentes generalizados de violencia doméstica durante el confinamiento.

La pandemia representa una oportunidad para recomenzar y aprender algunas lecciones decisivas orientadas al desarrollo sostenible. Si no por los individuos, los gobiernos deberían ser persuadidos por la necesidad de preservar a la sociedad en su conjunto y ayudar a su recuperación de las consecuencias del coronavirus.