Sin servicios públicos de calidad no hay igualdad de género

La exigencia de recortes presupuestarios no solo favorece el populismo y las tensiones sociales, sino que es también un ataque frontal contra los derechos de las mujeres.

Austeridad. De izquierda a derecha, los gobiernos no se sacan esa palabra de la boca. Las elecciones europeas se acercan y se teme que la oleada de movimientos de extrema derecha se multiplique en todas partes, culpando a Bruselas de las políticas de austeridad y, por lo tanto, de la recesión y el desempleo. Esta situación ha provocado un masivo rechazo hacia las personas extranjeras y refugiadas, así como una demanda por gran parte de la población europea de políticas xenófobas y autoritarias.

La exigencia de recortes presupuestarios, que en la práctica tienen un impacto directo en los servicios públicos, no solo favorece el populismo y las tensiones sociales, sino que es también un ataque frontal contra los derechos de las mujeres. Y es así porque ellas dependen más de los servicios sociales públicos que alivian la carga del trabajo no remunerado que recae de forma desproporcionada sobre sus hombros. Limpiar, cocinar y cuidar de los miembros dependientes de la familia —niños, ancianos y personas con discapacidad— siguen siendo asuntos de mujeres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en España al menos 2,5 millones de mujeres no pueden acceder al mercado laboral por tener que asumir las tareas domésticas en el ámbito familiar. Ellas realizan el 68% del trabajo asistencial no remunerado.

Mujeres y niñas son también las más afectadas allí donde los servicos básicos son precarios, como es el caso de los países en desarrollo. En África subsahariana, por ejemplo, donde más de dos tercios de la población carece de acceso al agua corriente, son ellas quienes se encargan de proveer de agua y saneamiento al hogar. Las niñas se dedican a buscar agua y leña mientras sus hermanos van a la escuela.

Esta injusta situación implica que las mujeres tengan menos oportunidades de educación, formación y trabajo, lo que dificulta mucho su independencia económica. En la Unión Europea, el 25% de ellas cita la asistencia y otras responsabilidades familiares como las razones que no les permiten formar parte del mercado laboral, frente a solo el 3% de los hombres.

Incluso cuando consiguen trabajar, muchas se ven atrapadas en empleos mal remunerados y de pésima calidad, a menudo en el sector informal. Gran parte de ellas no tiene protección social laboral y carece de condiciones de trabajo apropiadas, lo cual afecta negativamente sus ingresos actuales y futuros (menos derechos a pensiones, etc.). Todo ello se suma a la ya inaceptable diferencia salarial del 23% que existe entre mujeres y hombres.

ONU Mujeres mostró, por ejemplo, que la mayor parte del aumento del empleo total desde 2008 en el Reino Unido se debe al trabajo por cuenta propia mal remunerado y que a las mujeres corresponde el 54% de dicho incremento. En consecuencia, en la mayoría de los países las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir una pensión en su vejez: la tasa de pobreza entre las europeas de la tercera edad es un 37% superior a la de los hombres.

El acceso femenino a la protección social, los servicios públicos de calidad y las infraestructuras es ahora una prioridad de la comunidad internacional. De hecho, es el tema principal de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 2019, que se celebra en Nueva York desde el 11 al 22 de marzo. No se trata de una reunión burocrática más: sus conclusiones definirán las políticas de igualdad de género que los países pretenden aplicar en los próximos años.

Cerca de 200 personas de todo el mundo asistirán como parte de una delegación sindical mundial y participarán activamente en los debates. La delegación acoge con satisfacción muchos aspectos del informe realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas antes de la reunión, especialmente por su énfasis en darle un enfoque universal basado en los derechos. Sin embargo, desde la Internacional de Servicios Públicos —una federación sindical internacional dedicada a promover servicios públicos de calidad y parte de la delegación sindical mundial— hacemos un llamamiento conjunto a los gobiernos para que traduzcan estos principios en estrategias y políticas concretas que eliminen las desigualdades de género.

Es urgente reformar el sistema tributario internacional global para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal. Cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, hay menos dinero para invertir en servicios públicos, infraestructuras sostenibles y protección social, que son los principales impulsores de la igualdad de género. Solo los ingresos fiscales anuales que pierden los países en desarrollo debido a las prácticas comerciales fraudulentas de las multinacionales se estiman entre 98.000 y 106.000 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares más que el gasto necesario para lograr la cobertura universal de agua y saneamiento.

También queremos destacar el papel esencial y primordial de los Estados como garantes de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Siempre que las empresas privadas se han encargado de los servicios públicos básicos y de las infraestructuras, como el agua y el saneamiento, o de las instalaciones para la salud y educación, la calidad ha disminuido, sobre todo en detrimento de los más vulnerables. No se puede garantizar un enfoque basado en los derechos humanos dentro de un sistema "lucrativo".

En estos tiempos difíciles, en los que muchos líderes políticos sin escrúpulos utilizan la xenofobia, pedimos a los representantes que asuman compromisos con políticas dirigidas a todas las mujeres, incluidas las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Es especialmente preocupante que algunos países europeos estén intentando limitar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales.

Sin políticas voluntarias como éstas, la mayoría de los países no podrán cumplir con su renovado compromiso sobre igualdad de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las mujeres seguirán teniendo dificultades para permanecer en el mercado laboral y asegurar sus derechos de protección social a través del empleo. Tampoco encontrarán tiempo para el descanso, el ocio o la participación política. Los servicios públicos de calidad, universales y basados en los derechos son una cuestión feminista.

Rosa Pavanelli es secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos.