Las mujeres sufren doblemente la corrupción en América Latina

En la exposición Más allá del sufragio, un siglo de las mujeres de Nueva York en Política, del Museo de la Ciudad de Nueva York, se presenta la fotografía de unas sufragistas en 1915, con carteles que dicen: “¿Son los políticos sucios? Entonces llama a la mujer de la limpieza”. Buscaban la atención de otras mujeres a considerarse como fuerza votante capaz de limpiar la política corrupta. El retrato evoca la pregunta de si la mujer es menos corrupta que el hombre y, en ese sentido, cuál es el impacto de su participación en estrategias contra este problema.

La foto no refleja la complejidad del asunto, por lo que propongo al lector que imagine un recorrido por varias imágenes que ilustrarán por qué se afirma que la mujer sufre la corrupción en América Latina por partida doble, en mayor medida y de forma diferenciada, por su género.

A finales de los años noventa, se da un primer entendimiento de la relación entre género y corrupción, que parte de un enfoque esencialista: se considera a la mujer menos corrupta que al hombre por razones psicológicas o morales; la conclusión se basa en la correlación entre altos niveles de mujeres en parlamentos y bajos niveles de corrupción. Esta afirmación, sin embargo, no siempre se verifica como cierta en el contexto latinoamericano y mucho menos se evidencia una causalidad.

La feminización de las estrategias anticorrupción, deseable hasta cierto punto, no es enteramente positiva a largo plazo. Entre otras razones, porque perpetúa estereotipos de los roles que se esperan de este género, no atiende a las causas del problema y lleva principalmente a soluciones cuantitativas. Además, puede limitar el desarrollo de la mujer y genera diferencias basadas en virtudes inherentes, lo que frena el trato igualitario.

Lo que la imagen del museo no transmite es que la corrupción impacta de manera diferenciada, dado que perjudica en mayor grado a los grupos más vulnerables. Mujeres y niñas se ven más afectadas, pues representan la mayor proporción de población en situación de pobreza. De ahí que la corrupción se convierta en un impedimento para la igualdad de género y el empoderamiento femenino, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ahora imagine otra situación, un profesor de universidad pública acusado de pedir favores sexuales a cambio de aprobar a una alumna. O la imagen de una mujer que denuncia a un juez que le solicitó relaciones sexuales a cambio de favorecer a su marido, procesado por dicho magistrado. También puede visualizar a un policía que captura a una mujer en flagrancia y le dice que no reportará el hurto del que es presuntamente autora si mantienen relaciones.

¿Qué ve en estas escenas? ¿Posibles delitos como cohecho o soborno, formas de abuso sexual o ambos? Los casos muestran situaciones de la denominada pequeña corrupción en las cuales el dinero no es la moneda de cambio, sino que lo es la prestación de servicios personales o sexuales. El fenómeno se presenta para acceder a servicios como la educación, la justicia, la salud y trámites diversos de los que las mujeres son más dependientes, ya sea a título personal o como cuidadoras de su núcleo familiar. Ahora le digo al lector que no tiene que imaginar, se trata de mujeres reales en situaciones verdaderas, casos con sentencia judicial en Perú, divulgados durante el evento Relación entre corrupción y género: sus efectos en la administración pública.

Según la VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú, si una mujer pide un soborno, es más probable que sea dinero en un 68% de los casos; solo un 4% respondió que solicitaría favores sexuales. Si un hombre pide un soborno, reclamaría dinero en un 62%, seguido de favores sexuales en un 52%.

La problemática está, en gran medida, soterrada, pues no todos los países procesan estos casos como de corrupción. En Guatemala, por ejemplo, la misma situación posiblemente se entendería como un delito contra la mujer. Por su parte, en las sentencias de Perú, las víctimas no son las resarcidas por el daño; lo que, hasta cierto punto, invisibiliza el componente de delito contra la mujer. El crimen no siempre es entendido de forma integral, como manifestación de la corrupción que afecta de manera diferenciada al género femenino.

Las siguientes imágenes nos muestran a unas niñas obligadas por la dueña del bar donde trabajan a tener relaciones sexuales con agentes de policía, como parte del pago por facilitar la operación de la red de trata. La otra instantánea es de vigilantes de un centro penitenciario que permiten el ingreso de niñas y mujeres para que jefes de una organización criminal las exploten sexualmente. Los agentes son beneficiarios de sobornos. El caso acaba en la unidad de feminicidios, porque, al resistirse, una menor es descuartizada y su cuerpo quemado. Son también rostros reales, el primer caso está sentenciado en Guatemala; sobre el segundo no se precisa el lugar por estar en investigación. En estas situaciones, la corrupción facilita la comisión de otros delitos, como la trata de personas —de la que la mujer es la principal víctima para su explotación sexual— , que afectan un tercero ajeno a la relación corrupta.

La corrupción crea oportunidades para el crimen organizado que intensifican la violencia contra la mujer e impiden, entre otras cosas, su participación política. En países como Afganistán, Guinea, Kenia, Filipinas o Zambia, según informes de la ONU, las mujeres han sufrido violaciones, violencia física, secuestros y hasta muerte por parte de organizaciones criminales asociadas con agentes corruptos para evitar su participación en política. Realidad que no se percibe ajena al contexto de Latinoamérica.

Una última fotografía en este recorrido es la de una mujer a la que le ofrecen acceder a programas sociales a cambio de su voto para un determinado partido, una de las manifestaciones en las que el clientelismo o la corrupción afectan a la participación política de la mujer.

Debemos poner rostro a los efectos diferenciados de la corrupción, para así ilustrar una realidad regional que ha de ser tratada. Precisamente a esto apunta una acción del Programa de Cooperación de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina EUROsociAL +, coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP), que busca fomentar la aplicación del enfoque de género en las estrategias anticorrupción, en línea con las conclusiones de la reciente VIII Cumbre de las Américas, en la cual se acordó “promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción”.

EUROsociAL + ha trazado una hoja de ruta que permita visibilizar el daño que la corrupción causa a las mujeres, desarrollar herramientas prácticas para combatirla e implementar programas piloto en diferentes países latinoamericanos, buscando sinergias con ONU Mujeres, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el Grupo de Trabajo Conjunto Cumbre Américas, el G20 y Transparencia Internacional.

Avanzar en este camino requiere superar la idea de que la mujer es menos corrupta que el hombre por razones esencialistas. Se deben desarrollar estrategias de comunicación, sensibilización y educación que pongan de manifiesto las prácticas corruptas que impactan en mujeres y niñas. También es preciso generar datos con enfoque de género que permitan dimensionar la problemática en el contexto de América Latina.

Asimismo, resulta prioritario fomentar la denuncia y aflorar más casos de soborno, tráfico de influencias o cohecho en los cuales la moneda de pago, además de dinero, son favores de naturaleza sexual u otros, a lo que están principalmente expuestas las mujeres. Eso implica revisar la política criminal de los Estados y estudiar la tipificación y el tratamiento de la extorsión sexual como delito de corrupción.

Por último, EUROsociAL + insta a incluir la problemática de corrupción y género en las discusiones y planes de acción de grupos como el C20, G20 y W20, al tiempo que se busca la vinculación entre el objetivo de desarrollo sostenible 16, sobre la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas, y el número cinco, sobre igualdad de género y empoderamiento femenino.

Ana Linda Solano López es consultora del Programa EUROsociAL+ en temas de corrupción y género.