¿Estimulará el acuerdo de paz el comercio y la inversión en Colombia?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ─conocidas como FARC─ alcanzaron un acuerdo final de paz con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, después de un pacto de alto el fuego firmado por las dos partes en junio. Aunque el acuerdo de paz, que marca el final del último conflicto armado importante en las Américas, requiere un referéndum de aprobación pública, el acuerdo ya se considera un paso histórico hacia el final de una guerra brutal que ha durado medio siglo.

La guerrilla de las FARC, creada durante la Guerra Fría como una fuerza campesina “antiimperialista”, marxista-leninista, se financia a través de secuestros, rescates, tráfico de drogas y otras actividades criminales. Se esperaba que el acuerdo de paz fuese anunciado oficialmente el 24 de agosto en Cuba, país donde se iniciaron las negociaciones en 2012. Si fuese ratificado por el pueblo colombiano, la fase inicial del programa de desmovilización de las FARC durará cerca de seis meses. Al final de este período, todos sus miembros serán desmovilizados y desarmados. A continuación, participarán en un programa de reintegración o serán llevados a un tribunal penal en el caso de aquellos que hayan sido acusados de violaciones de derechos humanos. En el pasado, las FARC fueron clasificadas como una organización terrorista por los gobiernos de Colombia, EE.UU., Canadá, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

El acuerdo de paz llega en un momento en que Colombia está preocupada por atraer la inversión extranjera que necesita para consolidar su condición de nación emergente de libre mercado de renta media en América Latina. A pesar de la persistencia de la guerra civil, el PIB per cápita de Colombia creció sistemáticamente de US$ 1.200 en 1980 a US $ 6.020 en el año 2015, según datos del Banco Mundial. En los últimos años, los progresos realizados por Colombia han destacado frente a la caída desastrosa de la vecina Venezuela, cuyo Gobierno ha estado siguiendo una tendencia anticapitalista bajo la administración del fallecido presidente Hugo Chávez y su actual sucesor, Nicolás Maduro.

Más recientemente, sin embargo, en 2015, la tasa de crecimiento del PIB de Colombia se redujo a alrededor del 3%, en comparación con un crecimiento del 4,4% en 2014, debido a la caída de los precios de sus exportaciones de petróleo crudo y la demanda más débil de otros productos de exportación por parte de China. Si la historia puede servir de guía, la conclusión exitosa del proceso de paz tendrá un gran impacto positivo en el crecimiento de Colombia, dice Mauro Guillen, profesor de Gestión de Wharton y director deThe Lauder Institute. “En las regiones del mundo donde ha habido un conflicto prolongado, incluyendo el terrorismo, que estuvo seguido de un proceso de paz, se observa un auge económico después de la pacificación del país. El caso más reciente fue el de Irlanda del Norte, que firmó el acuerdo del Viernes Santo con la República de Irlanda en 1998. “Desde la conclusión del acuerdo, hace unos 20 años, Irlanda del Norte ha progresado de forma significativa. La extinción de la frontera entre las dos Irlandas esencialmente ha estimulado la actividad económica […] El acuerdo de paz en Colombia cumplirá, por tanto, un papel crucial en la atracción de inversiones”.

De acuerdo con un estudio realizado por el DNP, el departamento de planificación del Gobierno de Colombia, el acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC podría triplicar la inversión extranjera directa en Colombia alcanzando US $ 36 mil millones y estimular su tasa de crecimiento anual hasta un 5,9%. Un acuerdo de paz exitoso también debe aumentar la confianza del consumidor y el consumo interno. Según el estudio, el aumento de la inversión extranjera permitiría a las industrias del país ser más competitivas en los mercados globales. Para llegar a estas conclusiones, el estudio de DNP comparó los datos económicos procedentes de 36 países que habían superado conflictos armados. Guillén añade que otro aspecto importante del acuerdo de paz será un impacto positivo sobre la fuga de cerebros en el país. “Una gran cantidad de personas con alto nivel educativo en Colombia ha salido del país en los últimos 30 años a causa de la guerrilla”, y otros trastornos sociales, tales como la “crisis de seguridad” como resultado de los enfrentamientos prolongados con los carteles de drogas del país.

Según Bill Burlew, presidente de la Asociación Empresarial EE.UU.-Colombia, una asociación de dos docenas de grandes empresas que invierten en el país, “Colombia quiere atraer más inversiones en tecnología. Hay en el país oficinas de Facebook, Google, Oracle y otros”. Por otra parte, con la reducción de la delincuencia en las calles, “el turismo está pasando por un muy buen momento. Four Seasons, por ejemplo, está construyendo un hotel en Cartagena”, una ciudad portuaria impresionante en el Caribe que se ha convertido en el destino preferido de los viajeros de alto poder adquisitivo, que ya no les invade el temor con la mera mención del nombre del país.

Más retos por delante

Burlew, sin embargo, es más cauteloso acerca de la posibilidad de atraer nuevas inversiones extranjeras. “Hay que esperar y ver”, dice. “A primera vista, diríamos que es algo bueno porque firmamos este […] acuerdo de paz. Sin embargo, Colombia tendrá varios retos por delante a causa de ello ─ y que no se pueden resolver fácilmente”. Por ejemplo, el país se enfrenta a la perspectiva de tener un gran número de personas desplazadas, lo que requerirá un gasto público que probablemente no está en condiciones de financiar. “Esto significa que los impuestos probablemente aumentarán”, dice Burlew. “Ya se habla de ello. Esto significa que algunas empresas que invierten en Colombia tal vez tengan que pagar más” para hacer negocios en el país.

“En la economía global actual, todo es costo de oportunidad”, añade Burlew. “El precio del petróleo ha bajado y el peso colombiano se ha depreciado, cayendo a cerca de 3.000 pesos el dólar, en comparación con 1.800 pesos el dólar en 2012. Esto es ideal para el turista estadounidense que pretende visitar el país hoy en día; es mucho más barato. Sin embargo, el Gobierno de Colombia tendrá muchos desafíos fiscales y de presupuesto”.

Además, las empresas de energía también han sido muy cautelosas en relación a Colombia, dice Burlew. “Tienen que hacer nuevos descubrimientos. El costo de hacer negocios en el país puede ser muy alto. Hay una fuerte oposición local ─ el debate sobre la fracturación hidráulica ha llegado a Colombia. Existen reglas obsoletas en el sector del gas y lo que se puede hacer allí”. Otra dificultad es la competencia más fuerte de otros países emergentes, como México, cuyos gobiernos están abriendo sus mercados a la inversión extranjera. “Estos se preguntan dónde deben poner sus dólares”, dice Burlew.

Guillén señala que es muy importante que ambas partes —el Gobierno y los rebeldes─ cumplan con su parte del acuerdo. Un desafío importante para este tipo de procesos de paz es que “siempre hay una sospecha mutua de los motivos de la otra parte, y en qué medida está determinada a cumplir con el proceso de paz. Este es el principal problema”. En un ejemplo reciente, el 10 de agosto, una bomba explotó en la ciudad de El Retorno, municipio rural en el centro de Colombia, rodeado de cultivos de coca, aumentando el miedo entre la población de que un grupo escindido de forma reciente de las FARC esté promoviendo ataques de guerrilla en la región.

En otra secuencia de acontecimientos, las autoridades colombianas se encuentran actualmente en el proceso de tomar el control del territorio conseguido como consecuencia del desplazamiento masivo debido a la violencia paramilitar de los años 90 y principios de 2000. De acuerdo con los funcionarios del Gobierno, una campaña de desinformación movida por los opositores del proceso de paz ha estado creando recelo al decir, erróneamente, que los pequeños agricultores perderían sus tierras como resultado de los esfuerzos realizados para devolver las tierras robadas a las víctimas desplazadas por el conflicto. Las autoridades dicen que folletos con información distorsionada ha estado fomentando fuertes protestas en contra de la restitución de tierras. “Esto ha generado pánico”, dijo a la prensa colombiana Fabio Camargo, director general de la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno. “Para hacer frente a esta situación, nos estamos reuniendo con los agricultores locales y los propietarios actuales de la tierra para poner fin a estos mitos”. La agencia de Camargo tiene como objetivo restaurar la tierra y la formalización de los títulos de propiedad de unas seis millones de personas desplazadas a la fuerza como resultado de la guerra civil. El Gobierno ha tratado de combatir la campaña de información distorsionada explicando que decenas de propiedades han sido devueltas a sus dueños originales.

Además, a pesar de que la celebración de un acuerdo de paz es, sin duda, un hito, hay muchas otras complicaciones, según Burlew. “¿Quién va asumir el tráfico de drogas? ¿Podemos realmente esperar que las FARC renuncien a una parte de ello? ¿O las personas desplazadas ahora se dedicarán al tráfico? […] Hay un cierto escepticismo sobre el proceso de paz por parte del pueblo colombiano”. En una encuesta realizada el 29 de marzo, el índice de aprobación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cayó al 13%, frente al 31% en diciembre de 2015. Se trata de un mínimo histórico de Santos, que inició su mandato en 2010 con un índice de aprobación de más del 75%. Según la encuesta, el 77% de los colombianos dijo que su país estaba empeorando, en comparación con el 19% que es más optimistas sobre el futuro. La mayoría de la población, el 65%, desaprobó la forma en que el Gobierno está tratando el proceso de paz.

Otras encuestas muestran un cuadro mixto y confuso de las perspectivas de aprobación pública del acuerdo de paz. En una encuesta realizada por Ipsos este verano, sólo el 36% de los colombianos dijeron que votarían a favor de un acuerdo de paz. La mayoría de los votantes (75%) dijeron que se oponían a la participación de miembros de las FARC en la política, y el 88% dijo que los altos mandos de la organización deben ir a prisión por crímenes cometidos durante el medio siglo de conflicto que se cobró la vida de 200.000 colombianos. Por otro lado, en una encuesta realizada en agosto por Invamer en nombre de los medios de comunicación locales, más de 2/3 de los colombianos que planean votar en el acuerdo de paz, dijeron que lo aprobarían. Según la encuesta, el 67,5% votaría a favor y sólo el 32,5% votaría en contra. “Hay una gran cantidad de incertidumbre y cuestionamiento”, dijo Burlew. “Si alguien le dijese que tiene todas las respuestas sobre lo que esto significa para las empresas estadounidenses, esa persona estaría mintiendo, porque no lo sabe”.

Además, el Gobierno de Colombia ha estado preocupado de tal manera con la aprobación del acuerdo de paz, que todo lo demás se dejó de lado, dijo Burlew. “Es como si se hubiesen centrado en el proceso de paz y dejado la gestión del país en suspenso. Esta es una queja muy seria, casi hasta el punto de denunciar la existencia de feudos burocráticos”, incluyendo los burócratas del transporte que obstaculizan la entrada de camiones extranjeros en Colombia, y el personal del ministerio de Transporte, que crean barreras para las empresas de Estados Unidos que tienen la esperanza de que sus productos farmacéuticos y biológicos accedan al mercado.

No hay una solución a corto plazo

Otro obstáculo para el fortalecimiento de las relaciones entre los EE.UU. y Colombia puede ser el polémico Acuerdo de Promoción Comercial entre EE.UU. y Colombia (TPA), firmado en 2006, pero que no entró en vigor hasta 2012. El acuerdo fue pregonado en ambos países como una herramienta importante para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales. Gracias al TPA, el 80% de las exportaciones de bienes de consumo y productos industriales de Estados Unidos a Colombia se vieron inmediatamente exentos de impuestos, para los aranceles restantes se fijó su eliminación gradual a lo largo de más de diez años. Los productos americanos que ganaron acceso inmediato al país sin impuestos fueron los equipos agrícolas y de construcción, aeronaves y sus partes, piezas de automóviles, fertilizantes y agroquímicos, equipos de tecnología de la información, instrumental médico y científico y la madera.

Como resultado del pacto, la balanza comercial bilateral entre Colombia y los EE.UU. pasó de un superávit de US $ 8.400 millones en 2011 a un déficit de US $ 5.600 millones en 2015, según el DANE, la oficina de estadísticas del Gobierno de Colombia. En los primeros meses de este año, el déficit comercial de Colombia creció más de un 15%, según el DANE. A pesar de que la caída global de los precios del petróleo, una commodity que representó más de la mitad de las exportaciones de Colombia en 2014, ha jugado un papel importante en este declive, otras industrias importantes del país también se vieron afectadas. En general, las exportaciones de Colombia a EE.UU. cayeron de $ 5.740 millones en 2011 a $ 4.590 millones en 2015. Así, en 2011, el valor total del comercio entre los dos países fue de US $ 35.500 de dólares, pero el volumen total del comercio entre las dos partes se ha reducido en alrededor de un 28,6%, situándose en US $ 25.300 millones en 2015, según el DANE.

A pesar de que estos resultados sean reconfortantes para muchos de los exportadores de EEUU a Colombia, los sindicatos estadounidenses se han mostrado muy decepcionados con el impacto del TPA sobre los sindicatos colombianos. En un intento de conseguir el apoyo al TPA por parte de los sindicalistas estadounidenses, EE.UU. y Colombia firmaron un Plan de Acción Laboral en 2011, cuyo objetivo es eliminar los contratos ilegales de subcontratación, fortaleciendo los esfuerzos de enjuiciamiento con el objetivo de reprimir con eficacia la violencia contra los activistas de derechos laborales y aumentar las penas a las compañías que violan esos derechos. Pocos de estos objetivos se han alcanzado, de acuerdo con los sindicalistas estadounidenses. En una rara señal de progreso, en el año 2011, el último año antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial, 25 sindicalistas colombianos fueron asesinados, pero ese total se redujo a sólo 20 muertes en 2015, una caída 20%, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS), organización sin ánimo de lucro que promueve la sindicalización. Sin embargo, el número de intentos de asesinato registrados contra los sindicalistas colombianos se elevó a 15, con 106 amenazas de muerte contra sindicalistas el año pasado.

Pero lo que es peor, de acuerdo con la ENS, el 95% de todas las violaciones de derechos laborales cometidas en Colombia entre 2011 y 2015 no llevaron a la detención de ningún delincuente. La tasa de impunidad de las amenazas de muerte es del 99,8%, agregó el ENS.

En una sesión informativa en abril de 2015, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) admitió que las subcontrataciones de trabajadores ilegales han continuado, a pesar del Plan de Acción Laboral. “Con la disminución de las cooperativas ilegales, otras formas de subcontratación ilegal aumentaron”, dijo. Además de esto, en los casos en los que los empleadores son cazados violando los derechos de los trabajadores, según el informe de la USTR, ellos pueden recurrir a “un nivel relativamente bajo de multas por violación de las leyes laborales”. En mayo de este año, los AFL-CIO y cuatro sindicatos colombianos dijeron en una queja que desde la entrada en vigor del acuerdo comercial entre EE.UU. y Colombia en 2012, 99 trabajadores y defensores de los trabajadores colombianos murieron en un intento de ejercer sus derechos. Seis trabajadores fueron secuestrados y se registraron 955 amenazas de muerte. Los sindicatos, que también incluyen representantes de muchos trabajadores de la industria petrolera y el sector agrícola, también dijeron que el Gobierno de Colombia hace caso omiso de las protecciones para los trabajadores que quieren sindicalizarse y permite el uso cada vez mayor de las subcontrataciones, lo que oscurece la relación directa entre las empresas y las empresas subcontratadas que hacen su trabajo.

El aparente fracaso del Plan de Acción Laboral entre los EE.UU. y Colombia contribuyó a las crecientes sospechas, tanto en Colombia como en los EE.UU., de la efectividad de las cláusulas laborales incluidas en la Asociación Trans-Pacífico, acuerdo comercial de 12 países que, en última instancia, puede ampliar el número de miembros e incluir países como Colombia. Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, se refiere a las cláusulas del TPP negociadas el año pasado como “casi un calco” del acuerdo comercial de Colombia. Aparte de su declaración de que las cláusulas poco ayudarían, si es que ayudan en algo, a los derechos laborales en Colombia, Trumka dice que las disposiciones laborales del TPP, como el Plan de Acción Laboral firmado entre EE.UU. y Colombia, probablemente serían infructuosas, reduciendo los salarios y los estándares en Estados Unidos. En EE.UU., así como en Colombia, la larga guerra entre los oponentes del TPP, y la lista cada vez menor de sus partidarios, puede llegar igualmente muy rápido a su fin.