Cómo la transición energética puede superar la 'maldición de los recursos' en África

Durante décadas, la riqueza mineral de África ha alimentado una paradoja: una enorme riqueza subterránea combinada con una gran pobreza en la superficie. Ahora, la transición energética sitúa al continente en el centro de la descarbonización mundial. África posee el 75% de las reservas mundiales de cobalto, el 68% de manganeso y el 59% de grafito. Sin embargo, si no se toman medidas decididas, existe el riesgo de que se repita la historia: una extracción que margina a las economías locales y agrava las desigualdades.

Lo que está en juego es generacional. Más de 360 millones de jóvenes africanos se incorporarán a la fuerza laboral en la próxima década. Sin medidas audaces, más de la mitad corre el riesgo de quedar excluida del trabajo productivo – a pesar de vivir sobre los minerales que impulsarán las tecnologías de energía limpia a la vanguardia de la industria del siglo XXI.

Este no es un boom de materias primas que vaya a desaparecer. La demanda de minerales para la transición energética se triplicará para 2030 y se cuadruplicará para 2040, impulsada por un cambio estructural hacia la descarbonización y el aumento de las presiones climáticas.

Un nuevo estudio del Banco Mundial sobre África Oriental y Meridional, con análisis en profundidad de Burundi, la República Democrática del Congo (RDC), Malaui, Sudáfrica y Zambia, deja claro lo que está en juego: sin una actuación deliberada, esta transición corre el riesgo de convertirse en otra ola de extracción sin transformación, lo que agravaría la exclusión y provocaría nuevas divisiones. La investigación traza tanto las vías a seguir como los puntos de presión que hay que evitar:

El estudio ofrece estrategias concretas para garantizar que la riqueza mineral de África genere los 211 millones de empleos que los jóvenes africanos necesitarán durante la próxima década:

Marcos jurídicos aplicables que otorguen a las comunidades afectadas un papel sustantivo en las decisiones relacionadas con la minería, como los compromisos de empleo, los programas de capacitación y los acuerdos de distribución de beneficios, así como mecanismos de reclamación accesibles. El apoyo de la sociedad civil debería permitir a las comunidades abogar eficazmente por la contratación local y la participación económica.

Inversión en energías renovables, corredores de transporte (como el Ferrocarril Atlántico de Lobito) y zonas industriales que presten servicio tanto a las operaciones mineras como a las comunidades vecinas.

Programas de capacitación técnica diseñados conjuntamente con la industria para adecuarse a los requisitos laborales concretos. Las iniciativas exitosas combinan la enseñanza en el aula con experiencias prácticas en el trabajo y servicios de colocación. Dichas iniciativas deben abordar de manera intencionada las barreras estructurales que impiden a las mujeres, los jóvenes y las minorías acceder a las oportunidades. Los marcos de inclusión deben incluir medidas de control, como sistemas de supervisión y rendición de cuentas por parte de los líderes.

En lugar de criminalizar a los operadores artesanales, crear vías realistas para su formalización mediante licencias asequibles, zonas mineras designadas, acceso a los mercados formales y apoyo técnico y financiero. Las estrategias que tienen en cuenta las cuestiones de género deben garantizar la participación de las mujeres.

Desarrollar la capacidad técnica de los organismos reguladores mediante un apoyo sostenido, que incluya herramientas, capacitación y recursos para monitorear de forma independiente. Mecanismos de transparencia, como la divulgación pública de los contratos mineros, los ingresos y la propiedad efectiva.

Estrategias de adquisición específicas que incentiven a las empresas a abastecerse de proveedores nacionales, en particular de pymes. Programas de desarrollo de proveedores, acceso a la financiación, creación de capacidad en materia de estándares industriales. No obstante, estas medidas deben ser intencionalmente inclusivas, ya que las empresas propiedad de mujeres y los emprendedores marginados seguirán excluidos si no se les presta una atención especial.

Sin una acción deliberada en estas vías, el estudio identifica puntos críticos en los que se entrecruzan el aumento de la demanda y una exclusión arraigada:

Si bien la transición hacia la energía verde requiere minerales críticos, también puede presentar una paradoja en materia de sostenibilidad. La extracción de estos minerales puede intensificar la degradación ambiental, incluyendo la alteración del suelo, la escasez de agua, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, lo que amenaza por igual a los ecosistemas y a las comunidades. En medio de la urgencia por obtener energía limpia, a menudo se pasan por alto los costos sociales, que son igualmente significativos: el desplazamiento de las poblaciones locales, la disrupción de los medios de vida y los impactos en los derechos humanos.

En toda la región, la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) sustenta millones de hogares y produce una cantidad considerable de minerales. Sin embargo, los gobiernos y los compradores internacionales favorecen cada vez más las operaciones a gran escala, ya que las consideran más acordes con los estándares ESG, a pesar de que suelen crear menos puestos de trabajo por tonelada de mineral extraído. ¿El resultado? Tensiones crecientes, enfrentamientos y oportunidades de empleo perdidas.

El mineral en bruto sale de los puertos africanos. Las baterías terminadas regresan como importaciones. Este patrón persiste porque ascender en la cadena de valor, desde la extracción hasta el procesamiento y la manufactura, requiere avances simultáneos en infraestructura energética, habilidades técnicas y coordinación de políticas que la mayoría de las naciones africanas han tenido dificultades para desarrollar. Zambia y la República Democrática del Congo están desarrollando plantas de precursores de baterías. La base de manufactura de Sudáfrica la posiciona para la producción de componentes. Pero la ventana se está cerrando. Los gobiernos de todo el continente africano están negociando contratos mineros a largo plazo con empresas multinacionales. Las condiciones que acepten, ya sea que exijan el procesamiento local, transferencia de tecnología, empresas conjuntas o que permitan la simple extracción y exportación, determinarán si los países conservan los empleos de procesamiento o permanecen atrapados en la extracción pura durante otro ciclo generacional.

Incluso cuando las operaciones mineras se expanden, los puestos de trabajo siguen sin cubrirse porque los trabajadores carecen de las habilidades requeridas. Los programas de formación técnica y profesional rara vez se ajustan a las necesidades de la industria. Sin una inversión deliberada en educación, formación técnica adaptada a las necesidades del sector y programas que se dirijan específicamente a las mujeres y los grupos marginados, el desarrollo minero creará puestos de trabajo que los trabajadores locales no podrán cubrir; en su lugar, se recurrirá a mano de obra especializada importada, incumpliendo la promesa de empleo local.

Las mujeres y los grupos marginados se enfrentan a barreras persistentes. En Sudáfrica, las mujeres representan solo entre el 12% y el 13% de la fuerza laboral minera formal y ganan un 40% menos que los hombres. En la República Democrática del Congo, solo representan el 4%. Exclusiones similares afectan a las comunidades indígenas, los migrantes y las personas con discapacidad, y muchos de estos grupos se enfrentan a barreras legales e institucionales para participar formalmente. Por ejemplo, en Malaui y Zambia, las licencias de minería artesanal y en pequeña escala están restringidas a los ciudadanos, lo que impide la inclusión de los migrantes.

Las consultas sobre minería no incluyen de manera sistemática a las personas más afectadas. En el cinturón del platino de Sudáfrica, las consultas de las empresas han excluido en gran medida a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores agrícolas, a pesar de que estos grupos sufren los impactos directos. En Zambia, donde algunos líderes de comunidades tradicionales negocian acuerdos sin tomar en cuenta a la comunidad en general, el resultado son acuerdos de distribución de beneficios que no reflejan las necesidades locales de empleo.

Las empresas y los gobiernos ya reconocen que la vía más rápida para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro pasa por establecer alianzas genuinas con las comunidades locales, que ofrezcan resultados tangibles: contratación local, formación en habilidades, desarrollo de proveedores y empleos de calidad. Entre 2021 y 2023, las protestas provocaron disrupción en 334 explotaciones mineras de cobre, cobalto, litio y níquel, lo que demuestra que la licencia social para operar puede también servir como poder de veto.

Es hora de demostrar que la acción climática y la justicia climática van de la mano. Los recursos de África no deben impulsar simplemente un futuro verde, sino que deben construir uno que sea justo para todos. Hagamos que la transición verde sea verdaderamente justa: un empleo de calidad, un acuerdo inclusivo y una comunidad empoderada a la vez.