Consenso en tiempos de división: lecciones de la reforma de pensiones de Chile

Chile es un caso de estudio interesante sobre la crisis de confianza institucional que afecta a las democracias de todo el mundo. La confianza en el gobierno nacional se mantiene por debajo del 30% —nueve puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico— y la del Congreso es aún menor, con un 19%, frente al promedio latinoamericano del 24%.

Esta desconfianza institucional no es abstracta, sino que está fuertemente relacionada con la insatisfacción con los servicios públicos, la percepción de falta de equidad y el deterioro de la seguridad general.

El reciente éxito del país en forjar una reforma de pensiones histórica no se produjo de forma aislada, sino en un contexto adverso en el que se entrelazan las tendencias globales y los problemas locales.

La incertidumbre económica internacional, las repercusiones del estallido social de 2019, seguido de la pandemia de COVID-19, junto con escándalos institucionales específicos, han profundizado la intensa polarización y fragmentación política, creando el entorno desafiante en el que se logró este consenso.

Navegar por este panorama para reformar un sistema que afecta a todos los ciudadanos requirió superar posiciones profundamente arraigadas y generar confianza entre los participantes en las negociaciones.

Tanto el gobierno como la oposición mantuvieron un diálogo impulsado por las autoridades y los asesores para superar las divisiones. Las comisiones técnicas proporcionaron análisis cruciales y menos politizados, ayudando a fundamentar los debates en datos empíricos.

El acuerdo final implicó importantes concesiones: el gobierno moderó su ambición inicial de desmantelar por completo el sistema de fondos de pensiones privados, mientras que la oposición aceptó aumentar las contribuciones de los empleadores para financiar tanto las cuentas individuales como un nuevo componente de seguro social. Este resultado acerca a Chile a un modelo de pensiones mixto, que aumenta gradualmente la tasa de contribución total.

La negociación no fue sencilla. Fue un proceso tenso que se desarrolló en las comisiones del Senado y en reuniones que se prolongaron hasta altas horas de la noche, marcado por décadas de intentos fallidos y una profunda desconfianza pública. Los avances fueron muy laboriosos. Las primeras discusiones estuvieron marcadas por la desconfianza, que reflejaba el clima general del país.

Un mecanismo clave para salir del impasse fue la creación de una comisión técnica multipartidaria en 2024, en la que participaron asesores de la oposición junto con técnicos de los ministerios competentes y de la Superintendencia de Pensiones.

Este organismo jugó un papel crucial, proporcionando análisis menos politizados e identificando áreas de posible convergencia técnica. Contribuyó a cambiar el tono del debate, permitiendo que cuestiones específicas —como la modificación de las estrategias de inversión o el aumento de la competencia— se debatieran en función de su mérito, sin verse afectadas por disputas políticas.

Para salvar las diferencias fue necesario un diálogo directo y persistente entre ministros del gobierno y figuras clave del Senado.

El avance se basó en concesiones mutuas y graduales, pero, sobre todo, en la definición de un horizonte común desde el principio de las discusiones. Todos actuaron bajo la premisa de que la reforma era urgente y que debía aumentar las pensiones actuales y futuras con el tiempo, sin comprometer la sostenibilidad económica del sistema.

Encontrar la fórmula específica para el aumento de las contribuciones (que finalmente se estableció en una trayectoria gradual hacia un 7% adicional por parte de los empleadores) implicó intensas negociaciones.

Incluso la redacción final de las 44 enmiendas legislativas requirió una delicada negociación para garantizar que el lenguaje reflejara el equilibrio logrado con tanto esfuerzo tras un maratón de discusiones públicas y privadas.

El acuerdo final no fue el resultado ideal para nadie, pero todas las partes lo aceptaron y lo defendieron frente a las críticas. Fue un compromiso nacido de la realidad política, un testimonio del arduo y necesario trabajo de encontrar caminos viables en una democracia bajo presión.

Este resultado acerca a Chile a un modelo de pensiones más resiliente, aumentando gradualmente la tasa de contribución total. Fue un paso importante, logrado a pesar de las enormes dificultades.

El hecho de que se haya podido alcanzar un consenso a pesar de ser Chile un ejemplo tan claro de la pérdida de confianza es la lección clave.

En un mundo cada vez más polarizado y con mayor fragilidad democrática, la capacidad de llegar a acuerdos incluso cuando existen profundas desconfianzas entre dos posiciones será un requisito imprescindible para avanzar en materia legislativa y de políticas públicas en las democracias modernas.

Esto pone de relieve que se puede seguir llevando a cabo una acción política constructiva incluso cuando las instituciones se enfrentan a crisis de legitimidad alimentadas por presiones globales y reivindicaciones locales.

La experiencia de Chile subraya que, para reconstruir la confianza, es necesario abordar los déficits de rendimiento y cuestiones más profundas de equidad, representación y sentido de responsabilidad compartida.

El proceso subraya varios factores clave: la definición temprana de objetivos comunes, el diálogo técnico persistente, el uso estratégico de comisiones multipartidarias, la voluntad de trabajar con sentido de urgencia, la participación de asesores parlamentarios y un liderazgo comprometido con concesiones graduales y mutuas.

Aunque centrado en una política específica, el acuerdo sobre el sistema de pensiones representa un paso adelante, que demuestra capacidad institucional y capacidad de respuesta.

Esta experiencia ofrece un contrapunto a las narrativas sobre el deterioro democrático, indicando que es posible encontrar vías para superar la polarización con un liderazgo decidido, compromisos estratégicos y un enfoque centrado en los problemas comunes.

Comprender cómo se forjó este consenso en medio de la combinación particular de presiones locales y globales que afectan a Chile ofrece una perspectiva valiosa y práctica para las naciones que se enfrentan a crisis de confianza similares.