Minería: ¿Amenaza la corrupción una transición energética justa?

Los minerales son una parte fundamental de la solución en el cambio mundial hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Pero el auge de la minería presenta multitud de riesgos de corrupción que podrían perjudicar a las comunidades y al medio ambiente. Los gobiernos, el sector privado y otras partes interesadas deben actuar ahora para asegurarse de que la lucha contra el cambio climático no tenga daños colaterales.

El último informe del IPCC pone de manifiesto la incapacidad colectiva del mundo para actuar con decisión para evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático. Para mantener la perspectiva de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, urge ampliar el despliegue de tecnologías energéticas bajas en carbono en todo el mundo.

Estas tecnologías dependen en gran medida de los minerales. Según la Agencia Internacional de la Energía, un automóvil eléctrico típico requiere seis veces más minerales que un auto convencional, mientras que un parque eólico marino requiere trece veces más minerales que una central de gas de tamaño similar.

En consecuencia, se prevé que la demanda de los minerales necesarios para la transición energética aumente considerablemente en las próximas décadas: hasta un 900% en el caso de determinados minerales, según un informe reciente de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y el Instituto de Minerales Sostenibles. Aunque ese crecimiento será desigual e impredecible, el mensaje es claro: nuestra capacidad colectiva para luchar contra el cambio climático depende de un suministro fiable y sostenible de minerales.

Aunque el aumento de la inversión minera ofrece oportunidades económicas a los países ricos en minerales gracias a los impuestos, los puestos de trabajo y las nuevas infraestructuras, la experiencia del pasado nos advierte. El informe de la EITI describe los numerosos problemas de gobernanza que podrían derivarse de un auge de la minería, desde daños medioambientales, conflictos sociales y acuerdos corruptos hasta crisis de precios e interrupciones en las cadenas de suministro mundiales.

Un riesgo clave está relacionado con la concesión de derechos mineros. Mientras los productores se afanan por encontrar yacimientos minerales y poner nuevas minas en producción, los gobiernos de muchos países recibirán una avalancha de solicitudes de licencia. Con tanto en juego, las empresas pueden verse tentadas a ofrecer sobornos para acelerar las aprobaciones. Y las élites pueden tratar de beneficiarse del auge de la minería, presionando a los funcionarios para que hagan recortes en los informes de impacto ambiental y social y en la diligencia debida en general.

Muchos países quieren acelerar los trámites para aprovechar la creciente demanda y evitar la escasez de minerales. La nueva Ley de Materias Primas Críticas de la UE, por ejemplo, pretende agilizar los procedimientos nacionales de concesión de permisos. Sin embargo, los esfuerzos por optimizar los procesos de concesión de licencias no deben ir en detrimento de rigurosos controles de diligencia debida, evaluaciones de impacto y consultas significativas. Por el contrario, estas comprobaciones deben formar parte rutinaria de los procesos de evaluación y aprobación de proyectos.

La corrupción en la concesión de derechos mineros aumenta el riesgo de daños a las comunidades y al medio ambiente. Alrededor del 80% de los proyectos de minerales en transición en los países que aplican la Norma EITI se sitúan en territorios de pueblos indígenas u otros pueblos vinculados a la tierra, mientras que aproximadamente el 50% se solapan con zonas de conservación. Dado que es probable que los altos precios empujen a la minería hacia zonas más sensibles desde el punto de vista medioambiental y social, la necesidad de salvaguardias sólidas en los procesos de aprobación es más acuciante que nunca.

Las empresas tienen mucho que perder si no se toman en serio los riesgos de corrupción. La corrupción socava el clima de inversión y aumenta el coste de hacer negocios. Cuando la corrupción hace que se dejen de lado las preocupaciones de las partes interesadas, a las empresas mineras les resulta más difícil mantener su "licencia social para operar", lo que, a su vez, puede acarrear riesgos operativos, de reputación y legales. Para las empresas transformadoras, como las que fabrican paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, la corrupción a lo largo de la cadena de valor de los minerales aumenta el riesgo de interrupciones del suministro, lo que puede perjudicar gravemente su negocio.

El sector minero desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar al mundo los minerales necesarios para ampliar las tecnologías con bajas emisiones de carbono. Esto es esencial para luchar contra el cambio climático y mejorar el acceso a la energía sostenible de las personas más pobres del mundo.

La capacidad del sector para cumplir esta promesa depende del fortalecimiento de la gobernanza en toda la cadena de valor de los minerales. Para ello es fundamental tomar medidas decisivas contra la corrupción. No bastará con seguir como hasta ahora. Un grupo de expertos en lucha contra la corrupción, convocado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, la OCDE y la EITI, insta a gobiernos, empresas, inversores, organizaciones internacionales y otros a aplicar medidas para prevenir la corrupción en las cadenas de suministro de minerales en transición energética.

Esto incluye intensificar los esfuerzos para identificar y mitigar los riesgos de corrupción, reforzar las salvaguardias medioambientales y sociales y promover la transparencia en los contratos, el pago de impuestos, el comercio de materias primas y la propiedad de las empresas.

Las herramientas para hacerlo existen. Casi sesenta países, por ejemplo, aplican la Norma EITI, un mecanismo de información que refuerza la transparencia y el diálogo entre las múltiples partes interesadas a lo largo de la cadena de valor de los minerales.

El sector de los minerales puede apoyar el desarrollo sostenible y una transición energética justa, pero sólo si el sector privado, los gobiernos y otras partes interesadas están dispuestos a tomarse en serio la corrupción. La acción colectiva es necesaria ahora para garantizar que la lucha contra el cambio climático se gestione de una manera abierta, inclusiva y responsable que funcione para las personas y el planeta.