La preocupación por la privacidad tiene gran importancia sobre los gobiernos en su respuesta a las criptomonedas

La semana pasada, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet L. Yellen, pronunció un discurso sobre la criptopolítica. Amplio y perspicaz, se centró en parte en las monedas digitales de los bancos centrales y los riesgos de privacidad que conllevan. Las observaciones de la Secretaria Yellen son oportunas.

Mientras los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a las implicaciones del crecimiento explosivo de las criptomonedas, muchos siguen explorando -con creciente urgencia- el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) con la esperanza de revitalizar y ampliar el acceso a la infraestructura de pagos, facilitar los pagos transfronterizos y mantener el control de la moneda local. Sin embargo, las persistentes preocupaciones sobre las CBDC, entre las que destacan las relativas a la privacidad, siguen desconcertando tanto a los responsables políticos como a los banqueros centrales.

El rápido crecimiento del mercado de las criptomonedas -valorado hoy en día en aproximadamente 1,75 billones de dólares-, los intentos del sector privado de desarrollar criptomonedas y los esfuerzos gubernamentales en todo el mundo para lanzar sistemas de moneda digital, han ayudado a impulsar a los gobiernos a actuar. En un esfuerzo por controlar la narrativa, mantener la autoridad y hacer frente a los posibles impactos de la adopción generalizada de criptodivisas, muchos siguen considerando el desarrollo y la implementación de CBDC.

La CBDC es una moneda digital respaldada y emitida por un banco central. En la actualidad hay 87 países, que constituyen más del 90% del PIB mundial, que exploran activamente el concepto. Estos proyectos abarcan desde la fase de investigación hasta su puesta en práctica. Su amplitud pone de manifiesto el gran interés mundial por objetivos como el fortalecimiento de los sistemas financieros y el control de la moneda soberana.

El Foro Económico Mundial ha publicado una serie de documentos en los que se examinan, en parte, las ventajas y los riesgos de los CBDC. Los CBDC pueden beneficiar a los consumidores al permitir pagos y transacciones transfronterizas más rápidos y baratos, facilitar el comercio y el desembolso de la ayuda, promover la inclusión financiera y reforzar la integración económica mundial.

Los beneficios potenciales han generado una oleada de actividad, con 14 países que ya están pilotando los CBDC. De hecho, aunque gran parte del frenesí de los medios de comunicación en torno a la reciente Orden Ejecutiva del Presidente Biden para Garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales estaba relacionado con la criptomoneda, la OE también contenía un importante llamado a la acción en relación con los CBDC que alentaba la cooperación intragubernamental, así como la colaboración internacional en la creación de un posible CBDC de Estados Unidos. Más recientemente, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló que "[...] un CBDC podría convertirse en una forma de dinero de confianza comparable al efectivo físico".

Así como los CBDC pueden ofrecer ventajas para los bancos centrales, los gobiernos y los particulares de todo el mundo, también plantean riesgos significativos que el sector público debe abordar antes de desplegarlos a gran escala. El riesgo de desintermediación del sector bancario, retos de la ciberseguridad, costos de implementación para los bancos centrales y las implicaciones para el sistema financiero internacional son sólo algunas de las preocupaciones expresadas por los expertos. La actividad reciente en EE.UU. llama la atención sobre la que quizá sea la mayor preocupación sobre la adopción de CBDC: la privacidad de los usuarios.

La semana pasada, representantes estadounidenses presentaron la "ley de moneda electrónica y hardware seguro", que aboga por el desarrollo de un dólar digital en manos de los individuos en tarjetas inteligentes y dispositivos personales. A diferencia de muchas propuestas de CBDC, la ley ECASH no aprovecharía un libro de contabilidad descentralizado para facilitar las transacciones. Sus defensores argumentan que esta falta de registro imitaría la naturaleza de preservación de la privacidad del dinero físico, ciñendo la privacidad del usuario en un mundo de creciente rastreo digital.

La preocupación por la privacidad de los usuarios presente en la ley ECASH tuvo su eco en otro proyecto de ley presentado la semana pasada por los representantes estadounidenses Grasslet, Cruz y Braun, dirigido a impedir que la Reserva Federal, tal y como decía un comunicado de prensa adjunto "[...]desarrolle un CBDC directo al consumidor que pueda ser utilizado como herramienta de vigilancia financiera por el gobierno federal". Este sentimiento parece ser compartido por la Secretaria Yellen quien, en su reciente discurso, señaló que la protección de la privacidad debe incorporarse en los enfoques estadounidenses del CBDC.

La preocupación por la privacidad de los usuarios en el despliegue de los CBDC no es exclusiva de los Estados Unidos. Los reguladores de la Unión Europea (UE) también se enfrentan al potencial de vigilancia de estos sistemas. En una reciente publicación, los reguladores de la UE sostienen que cualquier propuesta de euro digital debe tener en cuenta las implicaciones del CBDC para la privacidad.

Quizá ningún proyecto de CBDC haya suscitado más preocupación por la privacidad de los usuarios que el yuan digital de China. Los expertos sostienen que el yuan digital podría dar al gobierno un acceso significativo a los datos de los ciudadanos, lo que permitiría una mayor vigilancia estatal. De hecho, los representantes de Estados Unidos han mencionado repetidamente el ejemplo chino en su debate sobre la estrategia criptográfica de Estados Unidos, criticando a menudo su potencial de restringir las libertades civiles.

A medida que los gobiernos sigan respondiendo a la creciente prevalencia de las criptomonedas, es probable que el CBDC siga siendo una parte importante del debate y, con él, de las preocupaciones sobre la privacidad. Es esencial que los responsables políticos, los reguladores y los banqueros centrales trabajen con expertos del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico para desarrollar estrategias basadas en la evidencia y con visión a futuro para obtener los beneficios y mitigar los riesgos de estos sistemas.