Universitarios endeudados: una polémica global

Las tasas universitarias son una preocupación que asalta a los alumnos y sus familias en todo el mundo y, muy especialmente, en Estados Unidos. El debate sobre las dimensiones del problema, el endeudamiento que contribuye a provocar y cómo solucionarlo suele degenerar en indignación y la indignación, en bronca. Echemos el hielo del análisis y los datos.

Los países con las matrículas universitarias más caras del mundo son EE UU, Letonia, Reino Unido, Australia, Corea del Sur y Japón. Según los datos más recientes de la OCDE, correspondientes al curso 2015/16, el coste anual de las matrículas de sus centros privados superó de media los 8.000 dólares. Maticemos: en Letonia y Reino Unido rebasaron los 11.000 dólares y en Estados Unidos los 20.000.

El caso de Letonia merece comentario. Algunas asociaciones de afectados denuncian que los alumnos extranjeros abonan más (a veces, un 30% más) por sus estudios que los nacionales. Tiene poco sentido asumir que un Estado con una renta per cápita que roza los 20.000 dólares pueda permitirse, sin más, múltiples universidades privadas con tasas de 8.000 dólares anuales. Todo parece indicar que son un servicio de lujo para foráneos, algo parecido a las joyerías de los Campos Elíseos. Suecia empezó a imponer tasas para los ciudadanos no comunitarios que quisieran cursar sus doctorados en 2013. En 2014, los matriculados se redujeron en un 20%.

Los países con estudiantes endeudados y los que soportan matrículas prohibitivas suelen coincidir pero no siempre lo hacen. Suecia vuelve a ser un ejemplo interesante también en este sentido. Sus estudiantes acaban sus licenciaturas con una deuda media de más de 21.000 dólares y eso que, curiosamente, sus universidades no les cobran matrícula. ¿Por qué?

El motivo es triple. Primero, piden créditos para pagar todos los gastos que les genere la vida universitaria (alquiler de vivienda, cursos de idiomas, viajes, salidas nocturnas, vehículos, gasolina, etcétera). Segundo, ganan menos después de graduarse que en otros países avanzados (y como tardan más en devolver lo prestado, acaban pagando más). Y tercero, los impuestos se llevan una parte mayor de sus sueldos que en los Estados con menos presión fiscal (es decir, en casi todo el resto del planeta).

Las instituciones universitarias públicas más caras, según la OCDE, se encuentran en Estados Unidos, Chile, Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Los alumnos tienen que poner, como mínimo, 4.000 dólares al año en gastos de matrícula y, si nos referimos a EE UU o Chile, la media ha bordeado hasta hace poco los 8.000 dólares.

Chile es uno de los lugares donde el debate sobre los precios de la universidad está más encendido: los estudiantes se han echado a la calle a protestar por el difícil acceso y el endeudamiento que contribuye a generar la educación superior. Recordemos que los datos más recientes de la OCDE son de 2016. Pues bien, hasta ese año el coste de la matrícula equivalía a la mitad de los ingresos de una familia media y Reino Unido y Estados Unidos eran los únicos países donde las matrículas representaban un porcentaje mayor del PIB. Endeudarse en Chile era casi una obligación.

En 2016, el Gobierno chileno lanzó un programa para dejar a cero el precio de las matrículas en todas las instituciones públicas y en algunas privadas para la mitad de los estudiantes. Este año, se espera que se beneficie hasta el 70%, con lo que quedarían fuera el 30% (que incorpora a toda la clase media alta y alta). Una de las limitaciones de esta reforma chilena es que la gratuidad de una carrera universitaria de cuatro años expira a los cuatro años y punto. Los años de más de los repetidores no están cubiertos, algo que no sólo perjudica a los malos estudiantes, sino también a los que se ven obligados a trabajar y estudiar a la vez porque carecen de recursos suficientes.

Estados Unidos lleva años alentando un debate interesante bajo el fuego de las soflamas ideológicas y políticas. Allí el endeudamiento alcanza proporciones épicas: supera el billón de dólares y representa más del 90% de toda la deuda que acumulan los universitarios en todo el mundo.

Susan Dynarski, de la Brookings Institution, admite que el 21% de los préstamos que se conceden para financiar las licenciaturas nunca se devuelve, lo que lleva a los estudiantes de cabeza a embargos y listas de morosos. Allí, igual que en cualquier país del mundo, les costará más encontrar a alguien que les preste dinero en el futuro. Las entidades financieras no les dejarán endeudarse tan alegremente y les cobrarán más por las hipotecas, porque se fiarán menos de ellos.

Dynarski recuerda que, si las cifras de los licenciados insolventes son alarmantes, también es cierto que casi nadie deja de pagar la financiación de un máster. Los préstamos para másteres representan el 40% de los programas que facilitan las subvenciones federales en la primera potencia mundial. Gracias a la escasa morosidad de este tipo de titulaciones, los impagos totales no son tan elevados como para haber provocado una crisis de deuda. Además, los estudiantes con problemas para pagar másteres o licenciaturas lo normal es que refinancien la deuda o se retrasen en las cuotas, no que den un portazo y se declaren en quiebra.

En Estados Unidos, a pesar de la escalada de las matrículas durante décadas, el olímpico endeudamiento de los estudiantes y del relativo estancamiento de los ingresos de la clase media, la educación superior aumentó su número de alumnos en un 22% entre 1995 y 2016. Una explicación podría ser que, como mínimo entre 1999 y 2013, los estudios superiores siguieron siendo una herramienta eficaz de movilidad social ascendente. Valían lo que costaban. De todos modos, es cierto que el número de alumnos cayó en más de un 6% entre 2010 y 2016 y que los visados de estudiantes extranjeros se han desplomado desde 2015.

Las diferencias entre la primera potencia mundial y Europa son importantes y así lo confirman Rocío Madera (de la Southern Methodist University) y los analistas de Fedea Antonio Cabrales, Maia Güell y Analía Viola. Según ellos, “la principal limitación del sistema vigente en EE UU es que los pagos de los préstamos no se ajustan automáticamente a los ingresos y que el periodo de cancelación de la deuda es rígido a 10 años”. No les da tiempo, en los primeros años de su trayectoria, a devolver lo que les prestaron. Además, siguen los autores, “tampoco hay opción a condonar la deuda en el caso que el estudiante no pueda asumirla”.

Eso no es lo que ocurre en otros países europeos, como Reino Unido, donde, según ellos, “los pagos se adaptan al salario e ingresos del deudor a lo largo de su vida profesional y las deudas se suelen cancelar a los 25-30 años de ser contraídas si no se han pagado antes”. En el caso de los países nórdicos, apuntan, “el sistema de ayudas de becas es muy generoso [no existen las tasas de matrícula] y hay préstamos garantizados por el gobierno”. Para concluir, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Suiza y España carecen de préstamos públicos para los estudiantes.

De todos modos, caer en una división pura y simple entre Estados Unidos y Europa sería un error. ¿Por qué? Porque Reino Unido, Holanda y Estados Unidos (e incluso Canadá, Australia y Holanda) tienen muchas cosas en común bajo la superficie. El precio de sus matrículas es elevado, su gasto público en educación superior sólo lo superan los países nórdicos y la financiación de sus universidades depende del Estado, de las matrículas y de las empresas y fundaciones.

En Japón y Corea del Sur, la mayoría de los estudiantes tiene que pagar altas tasas de matrícula y las ayudas escasean. Según un análisis que publicaron los investigadores de Fedea y Brindusa Anghel, del Banco de España, son dos de los países desarrollados que menos recursos públicos destinan a la educación superior. Dicho esto, advierte el estudio, están produciéndose reformas de calado y algunos estudiantes que sobresalen académicamente, pero que tienen dificultades económicas para financiar sus estudios, “se pueden beneficiar de tasas de admisión y/o de matrícula reducidas o reciben una exención total”.

Si los precios de las matrículas son tan problemáticos, la tentación más obvia es acabar con las tasas al menos en las universidades públicas. En teoría, así se facilitaría el acceso de la población con menos recursos, que encontraría en consecuencia mejores empleos y rompería el círculo vicioso de la pobreza y el riesgo de exclusión.

Lo malo es que la teoría es muy discutible por dos motivos. Para empezar, estudios internacionales como el de Watson Swail y Donald Heller concluyen que ni la reducción o congelación de las tasas ni su abolición tienen por qué aumentar significativamente el acceso a la educación superior. En Alemania, el balance que hacen muchos de la supresión de los costes de matrícula es negativo y nadie descarta que tengan que reimponerse en los próximos dos años.

Además, si desaparecen las tasas para evitar la deuda que contribuyen a generar, hay que replantearse la forma en la que se financia la universidad porque, si no la pagan los estudiantes con la ayuda de la administración, ¿quién, cómo y para qué van a pagarla exactamente? ¿Deben pagarla sólo los impuestos? ¿Están dispuestos los ciudadanos a asumir una presión fiscal mayor? ¿Quién va a convencer a las empresas de que financien la universidad sin ofrecerles a cambio alguna influencia en los programas que van a formar a sus futuros trabajadores? ¿Cómo se va a excitar la filantropía educativa en países como España, donde la tradición filantrópica resulta tan escasa? ¿Cómo convencer a los universitarios de que lo que reciben gratis tiene un coste elevadísimo que deben pagar aprovechándolo? ¿Puede existir un sistema gratuito como el de los países nórdicos sin la cultura de impuestos altos y la responsabilidad individual que le da su sentido?