Listas de espera que matan

Una leve cojera marca el caminar de Amanda Hormazábal, de 66 años. Hace y deshace en su cocina, en el barrio de Lo Espejo, uno de los más pobres de la zona metropolitana de Chile. Sale a comprar, limpia, prepara comida, y cuida a sus nietos sin permitir que su rodilla interrumpa el ritmo de la actividad. Se acostumbró tanto a vivir con ese dolor permanente que ahora ya tiene que sentirlo muy agudo para detenerse. Convive con él.

Lo hace desde aquel día de 2016, cuando despertó con la rodilla hinchada como un tomate y no podía colocar el pie al suelo. La atendió un traumatólogo en el Hospital del Trabajador, un centro privado de Santiago. El diagnóstico fue claro: una artrosis estaba carcomiéndole el cartílago de la rodilla. La única opción era implantarse una prótesis por 10 millones de pesos chilenos, unos 13.500 euros. Su pensión no llega para pagar eso, así que siguió con analgésicos.

Así aguantó hasta el año pasado, cuando acudió al hospital público Barros Luco: “El doctor me advirtió que se estaban atendiendo a los pacientes que estaban en la lista desde 2014”. Aun así, su comprobante indicaba que su operación se realizaría en diciembre de 2018. No ha tenido más noticias de su proceso y, sólo por casualidad, supo que la lista a la que fue inscrita en su día ya no existe porque el doctor que la atendió dejó de trabajar en el hospital. Hoy desconoce cuál es su nueva lista de espera y tampoco tiene seguimiento alguno de su enfermedad.

A cuatro manzanas de la casa de Amanda vive Elisabeth Rojas (65). Fue diagnosticada en 2014 de artrosis en la rodilla y más tarde también en la cadera. Tras varios intentos frustrados, el año pasado logró conseguir una visita al Hospital Barros Luco: sería la primera y la última. Desde entonces, no ha tenido ningún otro control ni contacto con su especialista y no tiene ni idea de cuánto tendrá que esperar para sus prótesis. Mientras, se alivia a base de paracetamol que le entregan gratis en el consultorio y un antiinflamatorio que le cuesta cada mes casi la mitad de los 120 euros que recibe de pensión. Por eso, aunque se retuerza de dolor y formalmente está jubilada, no abandona su trabajo como auxiliar de limpieza en un colegio.

Casi dos millones de personas están en las listas de espera de la salud pública en Chile, según datos del Ministerio de Salud. Más del 80% necesita una consulta con un especialista y el resto, una cirugía. El promedio de espera es de 13 meses, mientras en la lista por intervención quirúrgica, el promedio es de un año y cuatro meses. En España, el máximo es de medio año.

Según los últimos datos oficiales, una de cada siete personas que fallecieron durante el 2017 esperaba una atención en el sistema público de salud. 14.695 pacientes murieron en esa situación, entre ellos 118 personas menores de 14 años. El ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció que abrirá una investigación para esclarecer los casos.

No es la primera investigación. En 2016, durante el gobierno de Michelle Bachelet, 16 personas murieron aguardando una atención médica tras ser excluidas de los registros del Hospital Regional de Rancagua. Un informe de Contraloría reveló, a principios de año, que esta práctica se repitió en otras ocasiones en la red de salud pública.

Los casos llegaron hasta la Cámara de Diputados, donde se creó una comisión investigadora sobre la llamada “reducción artificial de las listas de espera”. Las situaciones que se indagan van desde pacientes que no fueron atendidos por el especialista que esperaban, sino por médicos generales; hasta pagos adicionales a servicios no realizados; irregularidades económicas o la desaparición de 30.000 pacientes de las listas de los hospitales públicos del país.

“Fueron eliminados con la excusa de que ya habían sido atendidos en esas consultas irregulares o que no respondieron al teléfono cuando iban a ser convocados. A partir de los informes del propio Ministerio de Salud, nos dimos cuenta de que murieron sin ni siquiera ser convocadas, ni recibir la atención que estaban esperando”, explica la presidenta de la comisión investigadora y diputada Karol Cariola. “Es una vulneración profunda del derecho a recibir una atención de salud digna, adecuada y a tiempo”, añade.

Un reportaje emitido por la televisión pública (TVN) en julio, aseguró que la eliminación de los 30.000 pacientes generó en los directivos médicos bonificaciones por casi dos millones de pesos (unos 2.700 euros). El caso está hoy en manos de la Fiscalía, que investiga los delitos de falsificación, fraude fiscal, malversación de caudales públicos y de homicidio.

“Si se llegara a establecer que ha habido irregularidades, [los implicados] tienen que ser sancionados porque no se puede permitir que instituciones tan sólidas como la salud de un país sean comprometidas”, responde al otro lado del teléfono la ex subsecretaria de Redes Asistenciales (2013-2017), Gisela Alarcón, al ser preguntada por el caso.

En Chile, el promedio de camas hospitalarias es de 2,2 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media de los países de la OCDE es de 4,8 camas por 1.000 habitantes. En proporción de médicos, el país suramericano dispone de 1,9 por cada 1.000 habitantes mientras que en la OCDE el promedio es de 3,4 por 1.000 habitantes.

Con más de 30 años de experiencia en el sistema de salud público chileno, Óscar Arteaga, desmenuza los orígenes del escenario actual. El médico, que además dirigió (2011-2017) la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, cuenta que el problema de financiamiento en salud empezó con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). “En los 10 primeros años de democracia, el aporte creció un 200%, pero fue insuficiente”, explica. "En la década de los ochenta el país destinaba en salud un 0,89% del PIB, mientras que hoy se llega al 4%, aún sin llegar al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o al 8% promedio de la OCDE.

Más allá de la falta de financiamiento, existen un déficit de especialistas y problemas de gestión que el académico atribuye a los ciclos políticos de los directivos de salud y altos cargos de hospitales: “Ocupan el cargo cuatro años, mientras está el gobierno de turno, y con cada cambio llega una nueva etapa de aprendizaje que dura más de un año y medio”, cuenta. “Eso dificulta hacer una reforma sustantiva de la gestión”, concluye.

Según él, cuando el panorama es desalentador no se derivan los pacientes, pero cuando se asignan recursos para mejorar, “la gente confía, los médicos empiezan a derivar y las listas de espera aumentan”.

Precisamente, la reducción de las listas de espera fue uno de los primeros desafíos que quiso abordar Emilio Santelices, el ministro de Salud de la administración de Sebastián Piñera, cuando ocupó su cargo en marzo. Lo hizo con una propuesta para atender a pacientes (consultas, pruebas y operaciones) en hospitales públicos los sábados y domingos, para disminuir –dijo– las listas un 25% en tres meses.

Además, el ministro anunció la creación de un registro de espera con tiempos máximos de 18 meses y según criterios de riesgo que permitan resolver, en primer lugar, los problemas de los enfermos más graves. Otra iniciativa será el nuevo registro unificado, que permitirá a los pacientes hacer el seguimiento de su espera y que estaría operativo en septiembre.

Sin embargo, ni Amanda ni Elisabeth tienen mucha confianza en las promesas de los políticos. “El Estado me tiene que entregar el derecho a mi salud, tiene que hacerse cargo de esto”, dice enojada Amanda mientras, mientras señala varias veces su comprobante de inscripción a la lista”.

Amanda habla de “la conformidad del tonto” porque cree que lo único que le queda es aceptar la situación y, mientras no llega su momento, tratar de aliviar el dolor como pueda. Su vecina, lo piensa igual: “¿Qué puedo hacer? De repente, lo único que me repito es que hay gente que lo necesita más, y que está peor que yo”.