Cómo lo hace Costa Rica

En un momento en que el autoritarismo y el protofascismo están en alza en tantas partes del mundo, es alentador ver un país cuyos ciudadanos siguen profundamente comprometidos con los principios democráticos. Un pueblo que ahora mismo está intentando redefinir su política para el siglo XXI.

Hace años que el liderazgo progresista de Costa Rica (un país con menos de cinco millones de habitantes) llama la atención en todo el mundo. En 1948, tras una corta guerra civil, el presidente José Figueres Ferrer abolió el ejército. Desde entonces, Costa Rica se convirtió en un centro para el estudio de la resolución y la prevención de conflictos, y es sede de la Universidad para la Paz, una institución creada por Naciones Unidas. Con su rica biodiversidad, Costa Rica también hizo una demostración de liderazgo ambiental previsor, al promover la reforestación, convertir un tercio del país en reservas naturales protegidas y generar casi toda la electricidad que consume a partir de energía hídrica no contaminante.

Los costarricenses no muestran señales de querer abandonar esta tradición progresista. En la última elección presidencial, con gran participación de votantes, Carlos Alvarado Quesada obtuvo la victoria con más del 60% de los votos, contra un rival que con la prohibición del matrimonio homosexual hubiera revertido el antiguo compromiso del país con los derechos humanos.

Costa Rica se sumó a un pequeño grupo de países en la denominada Alianza del Bienestar, que trabaja en la implementación de ideas (planteadas por la Comisión Internacional sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social) para la creación de indicadores de bienestar mejorados. Los miembros de la Alianza, conscientes de las falencias del PIB, que la Comisión ha destacado, propugnan una política pública que impulse el bienestar de los ciudadanos en el sentido más amplio, mediante la promoción de la democracia, la sustentabilidad y el crecimiento inclusivo.

Una parte importante de esta búsqueda ha sido ampliar el campo de acción de las cooperativas y empresas sociales del país, que ya es grande, puesto que incluyen de uno u otro modo a un quinto de la población. Estas instituciones representan una alternativa viable a extremos del capitalismo que han dado lugar a prácticas éticamente reprobables, como el crédito predatorio, la manipulación de los mercados financieros, el abuso de datos personales por empresas tecnológicas, el ocultamiento de emisiones de la industria automotriz, etcétera. Las instituciones alternativas se basan en promover la confianza y la cooperación, y en la convicción de que promover el bienestar de sus miembros también aumenta la productividad.

Igual que los ciudadanos de otros pocos países, los costarricenses han demostrado que la desigualdad es una elección, y que las políticas públicas pueden garantizar más igualdad económica y de oportunidades que el mercado librado a sí mismo. Pese a las limitaciones de recursos, los costarricences pueden alardear de la calidad de sus sistemas de educación y atención de la salud, públicos y gratuitos. La expectativa de vida en Costa Rica ya supera a la de Estados Unidos, y va en aumento, mientras los estadounidenses, que eligieron no tomar las medidas necesarias para mejorar el bienestar del ciudadano de a pie, se mueren más jóvenes.

Pero a pesar de todos sus éxitos, Costa Rica enfrenta dos problemas críticos: la persistencia de un déficit fiscal estructural y la parálisis del sistema político. El aspecto económico de la solución del déficit fiscal es sencillo: o se estimula el crecimiento, o se aumentan los impuestos, o se baja el gasto. Pero el aspecto político no lo es: cualquier gobernante elegiría la solución del crecimiento, pero no hay una fórmula mágica para lograrlo, y las otras dos opciones no las quiere nadie.

En estas circunstancias, la elección de la mayoría de los gobiernos es recortar gastos; por ejemplo, en infraestructura, ya que el costo de hacerlo permanecerá oculto por décadas. Pero eso sería un error particularmente grave para Costa Rica, ya que sus infraestructuras no han acompañado el crecimiento económico, y su mejora puede ser importante para promoverlo. Es verdad que la eficiencia del Estado siempre se puede aumentar, pero tras años de retirada, poco puede esperarse de una mayor racionalización. Todo indica que la mejor salida sería aumentar los impuestos.

Para que el sistema impositivo sea compatible con una estrategia económica general que busque maximizar el bienestar de todos los ciudadanos, hay que seguir tres principios centrales: gravar lo malo (por ejemplo, la contaminación) en vez de lo bueno (por ejemplo, el trabajo); diseñar los impuestos de modo de causar la menor distorsión posible en la economía; y que la estructura de alícuotas sea progresiva, de modo que las personas más ricas paguen una proporción mayor de sus ingresos.

Costa Rica ya es un país muy ecológico, así que un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono no recaudará tanto como en otros lugares; pero como el país genera casi toda la electricidad a partir de fuentes limpias, la adopción del auto eléctrico puede generar más reducción de emisiones. Dicho impuesto puede ayudar a que Costa Rica se convierta en el primer país donde predominen los autos eléctricos, y acercarla así al objetivo de lograr una economía sin emisión neta de dióxido de carbono.

Puesto que el problema de la desigualdad persiste (aunque ni por asomo es tan grave como en otros lugares de América Latina), es esencial la aplicación de impuestos más progresivos y abarcadores a los ingresos, las plusvalías y las propiedades. Los ricos obtienen de las plusvalías una proporción exagerada de sus ingresos, de modo que aplicarles alícuotas inferiores a las de otras fuentes de ingreso agrava la desigualdad y provoca distorsiones. Los economistas disienten en muchos temas, pero algo en lo que coincidirán es que si se gravan los ingresos o las plusvalías derivados de la tierra en Costa Rica, la tierra no se va a ir a otra parte. Esa es una de las razones por las que el gran economista decimonónico Henry George sostuvo que los mejores impuestos son los impuestos a la tierra.

Los mayores desafíos son políticos: un sistema presidencialista como el de Costa Rica funciona bien en un contexto de bipartidismo con reglas que aseguren la representación de la minoría. Pero puede caer rápidamente en la parálisis política cuando el electorado está más fragmentado. Y en un mundo de cambio acelerado, esa parálisis puede ser costosa, al llevar, por ejemplo, a un crecimiento irresoluble del déficit y de la deuda.

Con sus apenas 38 años, Alvarado está tratando de crear un nuevo modelo presidencial para Costa Rica, sin cambiar la constitución, mediante la designación de ministros venidos de diferentes partidos. Ojalá el espíritu colaborativo alentado por el movimiento cooperativo, tan integrado a la cultura costarricense, lo haga funcionar. De ser así, Costa Rica, pese a su reducido tamaño, será un faro de esperanza para el futuro, que muestre que es posible otro mundo, uno en el que los valores de la Ilustración (la razón, el discurso racional, la ciencia y la libertad) florezcan en beneficio de todos.