¿Por qué hay 264 millones de niños que no van al colegio?

Siria ha pasado de rozar una tasa del 100% de escolarización antes del conflicto a contar con 2,8 millones de niños fuera de las aulas. En Yemen, ya son dos millones. Sudán del Sur tiene la tasa más alta de abandono escolar en educación primaria con un 72% de la infancia fuera del sistema escolar. Y lo mismo sucede en Chad, Nigeria, Afganistán y muchos otros países asolados por conflictos u otros tipos de emergencia. Los menores de 18 años de todo el mundo sin escolarizar son 264 millones, según datos de Unicef. De ellos, 75 millones viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis. Sin embargo, desde 2010, menos del 2% de los fondos humanitarios se ha destinado a la educación.

La edición de este año de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebra del 23 al 29 de abril en 120 países, reivindica la importancia de que los menores acudan a la escuela incluso en las crisis y pide un incremento del presupuesto de ayuda humanitaria destinado a este fin hasta el 4%.

Uno de cada cuatro niños que no van a la escuela vive en un país asolado por conflicto y las niñas sumidas en estos contextos se enfrentan a una probabilidad 2,5 mayor de quedarse fuera del colegio en comparación con los varones. “Hay que prestar mayor atención a la educación desde el primer momento en el que se produce una emergencia”, sostiene Blanca Carazo, responsable de Programas para Unicef. “Cuando un niño deja de asistir a la escuela, se pone a riesgos a corto plazo como ser víctima de trata, explotación laboral, matrimonios precoces, reclutamiento en los combates. A largo plazo, está perdiendo una oportunidad para el futuro”, añade

Volver a las aulas, además, contribuye a crear una rutina que puede ayudar a superar los traumas, agrega Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política y Comunicación de Plan International. “El profesorado se convierte en un aliado clave para la protección ya que puede identificar casos más graves y derivarlos, al mismo tiempo que en las escuelas se atienden otras necesidades básicas como la alimentación, el higiene y el saneamiento”.

“Si la educación ya vive un momento difícil en general, cuando se produce un desastre natural, un conflicto como el de Siria o una crisis de tracto lento el riesgo es aún mayor para la infancia”, explica Alberto Casado, responsable de campañas de Ayuda en Acción. “Y si garantizar el derecho a la educación entre la población desplazada en asentamientos es complicado, hacerlo entre los que se encuentran en movimiento es prácticamente imposible”.

En 2016, los desplazamientos forzosos marcaron un nuevo récord con 65,6 millones de personas —la mitad de los cuales, menores— que abandonaron sus hogares, principalmente a causa de graves conflictos, pero también por otros motivos como el cambio climático, la situación económica de sus países de origen o por persecución política y religiosa.

Tan solo la mitad de la infancia refugiada o en situaciones de desplazamiento interno va a la escuela primaria y apenas un 25% de los menores asiste al primer ciclo de educación secundaria. Este porcentaje baja al 1% en el caso de los estudios universitarios, según datos de Unicef.

El conflicto en Siria, que ha cumplido recientemente siete años y que en 2017 se cobró la vida de 910 niños y niñas, solo es la cara más visible de este problema. Un 43% de la llamada generación perdida no está escolarizada. Desde el principio de la guerra, más de 300 escuelas han sido blancos de ataques, mientras que se han perdido más de 180.000 docentes, que han muerto o han huido. Los que se han quedado, además de lidiar con la escasez de infraestructuras y la falta de seguridad, no siempre pueden prestar una enseñanza de calidad, al estar hacinados en clases abarrotadas con alumnos de distintas edades.

La situación no mejora entre los niños que llegan a Europa, donde sus necesidades educativas básicas chocan con barreras legales. Por ejemplo, apenas 10 países miembros de la Unión Europea reconocen el derecho de los menores indocumentados a los estudios, mientras que cinco les excluyen de manera explícita. Una vez dentro del sistema escolar del lugar de acogida, obstáculos culturales o de idioma frenan su integración, al mismo tiempo que a menudo tienen que lidiar con xenofobia y estigmatización.

Pese a las dificultades, la educación se mantiene arriba entre las preocupacionesde las familias desplazadas, pero no siempre recibe la atención adecuada en el marco de la ayuda humanitaria y se destinan fondos escasos y de corta duración. De media, menos del 2,7% de los llamamientos humanitarios globales se destina a la educación.

“Tradicionalmente, la educación se encuentra en un limbo entre ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo y no se considera como algo que salva vidas. Esta visión es muy limitada y poco a poco se está superando, porque las crisis son cada vez más complejas”, asegura Valeria Méndez de Vigo, responsable de Estudios e Incidencia de Entreculturas.

España también está llamada a contribuir a solucionar estos problemas. La actual Semana de Acción Mundial por la Educación exige al Gobierno que se respeten los compromisos marcados por la Agenda 2030, en particular por el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4(garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad).

Para Miriam Toran, responsable de Campañas en Educo, es necesario que se introduzcan asignaturas curriculares para que los alumnos españoles aprendan a conocer los obstáculos que impiden el acceso universal a la escuela y que la educación se convierta en herramienta para la construcción de la paz.

“Tenemos que ser conscientes de lo que pasa en otros lugares del mundo y, como lugar de acogida, tenemos que fomentar los valores de la cooperación y la solidaridad entre los estudiantes”, insiste Cristina Álvarez. La coordinadora de la plataforma española de la Campaña Mundial por la Educación lamenta que su país haya incumplido el compromiso para la acogida de personas refugiadas (solo recibió el 11,4% del total fijado en 2015 al cumplirse el plazo el año pasado) y pide que para 2020 se destine el 0,4% de la renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo, en particular a educación.

Valeria Méndez de Vigo, responsable de Estudios e Incidencia de Entreculturas, sabe que es difícil que se alcance tal nivel de ayuda en solo dos años. España está lejos todavía de esa cifra tras años de recortes de la ayuda oficial al desarrollo, especialmente en la partida para educación básica, que se desplomó en un 90% entre 2008 y 2015. “No hay datos disgregados sobre lo que España destina a la educación en emergencia, pero, si la Ayuda Oficial al Desarrollo ya de por sí es muy baja, el presupuesto para la enseñanza se estima ínfimo”.

El pasado mes de febrero, España se comprometió a destinar 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros) en el período 2018-2020 a la Alianza Mundial por la Educación, ocho años después de haber interrumpido sus contribuciones debido a los estragos de la crisis económica. Para Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política y Comunicación de Plan International, se trata de toda una declaración de intenciones. “España vuelve a ser donante líder del fondo, pero aún falta que esta voluntad se traduzca en una partida clara de los Presupuestos Generales del Estado”.