Pobreza rural en América Latina

Cada día 27 millones de latinoamericanos y caribeños se levantan sin tener nada para comer. Esta situación de pobreza extrema afecta al 5,5% de la población de esta región, en su mayoría concentrada en áreas rurales. Es una cantidad inmensa, aunque este dato entraña una clara mejora si lo comparamos con los 58 millones registrados por la FAO entre 1990 y 1992. En aquella época, el 14,7% de los latinoamericanos sufría desnutrición.

América Latina y Caribe han alcanzado uno de los Objetivos del Milenio marcados por la ONU en el 2000: reducir a la mitad el número de personas desnutridas para 2015. “La pobreza rural en América Latina es muy grande porque una parte todavía relevante de la población vive en el campo. Sin embargo, es menor que en África y en Asia. Pero esto no debe servir de consuelo. Las comparaciones no deberían ser utilizadas para amenizar el cuadro trágico de la pobreza”, advierte Antônio Márcio Buainain, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil.

En la actualidad, el 98% de los 795 millones de personas desnutridas está concentrado en países en vía de desarrollo. El 75% vive en zonas rurales de Asia y de África. Estas personas dependen de la agricultura para su sustento básico y no tienen otras fuentes de ingreso. Por eso, son muy vulnerables a las crisis. En cambio, en América Latina la pobreza es percibida mayoritariamente como un problema urbano, ya que el 70% de la población vive en ciudades. No obstante, la pobreza afecta a un alto porcentaje de personas en las áreas rurales. Es decir, un 30% de la población de este continente está expuesta a la pobreza rural.

Los buenos resultados alcanzados en el continente están ahora en riesgo por el cambio de ciclo económico. Una inversión de tendencia se viene registrando en los últimos años, cuando la pobreza ha alcanzando a 175 millones de personas. Entre los países con mayores niveles de pobreza rural destacan Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay, según la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL). Analizando los datos por regiones y no por países, se deduce que los más pobres del continente latinoamericano viven en remotas comunidades andinas de Bolivia, Perú y Ecuador.

“Brasil tiene una posición bastante mejor porque su población rural, que en 2010 era de 16 millones, se está reduciendo. Hoy es un país urbano, a diferencia de sus vecinos que son prevalentemente rurales. Además, la pobreza en Brasil ha caído en los últimos 25 años, algo que se ha intensificado en la década pasada. También cuenta con un sistema de protección único en la región, que mitiga la pobreza y protege a los más pobres de las fluctuaciones de los mercados”, explica Buainain. Con la destitución de Dilma Rousseff, el país acaba de cerrar un ciclo 14 años de reformas sociales que le permitieron salir en 2014 del Mapa Mundial del Hambre de la FAO.

Este panorama contrasta con el de América Central, donde 18 millones de personas viven en áreas rurales. El 69% son pobres y tienen escaso acceso a los bienes y servicios básicos, según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). “En las zonas rurales se mantiene una alta tasa de inequidad y pobreza”, subraya Wilfredo Díaz, economista de Icefi. Para este especialista, las personas que viven en el campo tienen “pocas oportunidades laborales” por el estigma de que el área rural está “atada al sector agrícola y la ganadería”.

Son varias las causas que pueden explicar el fenómeno de la pobreza rural: un sistema desigual de distribución de las tierras; un acceso inadecuado a la información y la ausencia de reformas agrarias significativas. También cabe citar otros factores como la inestabilidad política o los conflictos civiles; la discriminación sistémica basada en género, raza, origen étnico o religión; la alta concentración de la propiedad agrícola; la corrupción y las familias numerosas.

“Hoy sin duda la causa principal en Brasil es el déficit de educación. En regiones de grande concentraciones de tierra, como Mato Grosso, se observa que la relación entre latifundio y pobreza no es tan inmediata como se imagina y como muchos colegas afirman, a pesar de que las evidencias muestran lo contrario. Las áreas de minifundio en la zona semiárida de Brasil tienen grandes concentraciones de pobreza”, señala Buainain.

Datos de la FAO muestran que la pobreza rural afecta más a las mujeres y sobre todo a los pueblos indígenas, debido a la discriminación que padecen. Por esta razón, los niveles de extrema pobreza entre la población indígenas de Latinoamérica son significativamente mayores que en el resto de la población. El portal Rural Poverty estima que hay 350 millones de indígenas en el mundo, que representan el 5% de la población global. Sin embargo, este colectivo acumula el 15% de la pobreza mundial.

En el caso de Guatemala, donde hay 9,4 millones de personas que viven en la pobreza, este fenómeno es más evidente. El índice de pobreza creció un 4,2% entre 2006 y 2015. En el caso de la población indígena el incremento fue del 10,3%. “En este país los departamentos con mayor incidencia de pobreza son lo que tienen una mayor cantidad de población indígena”, asegura Jorge Santos, subdirector de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

Los mapuches en Chile y 15 grupos étnicos en Argentina también padecen índices de pobreza superiores a la media, así como los indios de Brasil, tradicionalmente discriminados. El Gobierno de Evo Morales, en Bolivia, se ha destacado por impulsar políticas a favor de la población indígena. Sin embargo, las sospechas de corrupción y malversación han ensombrecidos los esfuerzos gubernamentales para ayudar a este sector de la población. El pasado 2 de agosto, el presidente boliviano anunció la puesta en marcha de un nuevo fondo para financiar proyectos de desarrollo indígena, para reemplazar a otra entidad similar que había sido denunciada por fraudes millonarios. Habrá que ver si su sucesor mantendrá estas políticas de discriminación positiva.

Medidas para luchar contra la pobreza rural

En Bolivia, el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) del Banco Mundial tiene desde 2005 el objetivo de mejorar el acceso de los pequeños productores rurales a los mercados a través de un modelo de alianzas productivas con el comprador. La idea principal es garantizar la sostenibilidad en diversos sectores. Hoy este país andino es el que más alianzas rurales tiene en América Latina: un total de 800 redes productivas y más de 30.000 familias beneficiarias.

Recientemente, Colombia ha diseñado un plan para luchar contra la pobreza en el campo, que incluye la construcción de viviendas rurales, escuelas agrícolas y acceso a créditos. Otra estrategia es regular la propiedad de la tierra. En este país hay cuatro millones de predios rurales, pero solo el 21% tiene título de propiedad. En la mayoría de los casos (59%) la relación de posesión está basada en la buena fe.

México creó en 2013 el Sistema Nacional contra el Hambre, que introduce la tarjeta Sin Hambre, dotada de un presupuesto anual de 322 millones de dólares (unos 288 millones de euros). Gracias a ella, familias con pocos recursos pueden comprar alimentos y artículos de primera necesidad a precios más accesible. En 2015, unos 580.000 mexicanos se beneficiaron de esta ayuda estatal. La Cruzada Nacional contra el Hambre lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto ha beneficiado hasta la fecha a 4,5 millones de personas.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2012 indica que en México hay 302.000 menores de cinco años que presentan bajo peso y 171.000 con enflaquecimiento extremo. Por el contrario, el 70% de la población padece sobrepeso u obesidad. Lo más novedoso es que este último dato afecta cada vez a más comunidades indígenas. “El consumo de bebidas azucaradas embotelladas es especialmente grave en las regiones indígenas, donde las compañías de refrescos alientan el consumo de sus productos mediante la utilización de prácticas monopólicas”, indica un informe de la FAO.

En Brasil las principales medidas se centran en apoyar a los productores familiares con inversiones que les permitan adquirir bienes, herramientas o instalaciones. Estas medidas, según los expertos, pueden contribuir a mejorar la productividad, la calidad de los productos cultivados y el acceso a mercados. “Estas inversiones suelen ser parcialmente financiadas por la familia, de forma que no se trate de una transferencia pura y que la propia familia se responsabilice del mantenimiento y el buen uso de esta inversión. Otras medidas de apoyo son la oferta de créditos por parte de las entidades financieras a muy bajo tipo de interés, para financiar el capital circulante de la economía familiar”, cuenta María Presmanes, consultora del Centro de Inversiones de la FAO en África y América Latina.

La ONU reconoce el programa de apoyo a la agricultura familiar de Brasil como uno de los más destacados en la lucha contra la pobreza rural. “Muchas de las familias de agricultores se benefician de la asistencia técnica especializada y venden una parte de su producción a través de los mercados institucionales a un precio establecido, a menudo por encima del precio de venta en el mercado, lo que les garantiza una renta anual”, señala Presmanes, que conoce de cerca este programa. Además, los agricultores brasileños reciben crédito a bajo coste a través del Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar (PRONAF) y de sus múltiples variantes.

El Gobierno liderado por Michel Temer está barajando la posibilidad de suspender la ayuda técnica a los agricultores familiares. “Si estas políticas se ven afectadas, lógicamente la situación de los agricultores familiares será más frágil. Las familias rurales que no consiguen renta suficiente tienden a emigrar a las áreas metropolitanas de las grandes ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, donde muchas veces se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión aún mayores”, asegura esta consultora de la FAO. El economista Buainain tiene una opinión diferente. “Es preciso tener claro que la agricultura familiar no puede desarrollarse reteniendo a todo mundo en el campo. El éxito y la sustentabilidad de la agricultura familiar pasan por la migración y la innovación tecnológica”, asegura.

A pesar de los altibajos de los ciclos económicos de la región y de los cambios políticos, que están cerrando ciclos de izquierdas en países como Brasil y Argentina, es innegable que América Latina y Caribe están a la vanguardia de la lucha mundial contra el hambre. “Es la región que mayores avances ha hecho en los últimos 20 años”, destaca María Presmanes. Gracias a políticas públicas exitosas implementadas por los gobiernos de esta región, el hambre ha caído del 14,7% en 1990-1993 al 7,9% en 2010-2013. La desnutrición infantil también se ha reducido a la mitad en este periodo.

“Aún queda mucho por hacer. Hay que poner un énfasis especial en las mujeres y en los pueblos indígenas, codo a codo con los gobiernos, la sociedad civil y la cooperación internacional, empoderando a los actores sociales y a las comunidades locales para que sean protagonistas de su propio desarrollo”, explica Presmanes, para quien el reconocimiento de la mujer como parte fundamental de la economía familiar es un factor clave para la salida de la pobreza. “También es necesario dotar a los agricultores de tecnologías de manejo que les permitan hacer frente a los cambios climáticos cada vez más frecuentes, limitando las pérdidas. De ahí la necesidad de mantener la asistencia técnica especializada para este colectivo”, concluye.

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