Cómo los centros de datos desafían el modelo regulatorio de la electricidad

La demanda de los centros de datos y de las instalaciones de manufactura avanzada ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sector energético de Estados Unidos. Esto ocurre en un momento en que los precios minoristas de la electricidad están aumentando para ayudar a cubrir las inversiones de las compañías eléctricas en nueva generación e infraestructura de red, así como los costos de gestionar una red envejecida y los nuevos riesgos climáticos.

Está surgiendo un consenso político en Estados Unidos en torno a que los centros de datos y otros grandes consumidores deberían pagar por la infraestructura construida para abastecerlos, en lugar de que esos costos recaigan sobre los demás usuarios. Sin embargo, esto será difícil de lograr bajo los marcos regulatorios actuales, y plantea desafíos importantes para los operadores de redes de distribución y el modelo de mercado eléctrico desregulado, que es popular tanto en Estados Unidos como en los países de la OCDE.

Los operadores de redes de distribución suelen invertir en sus redes en función de la demanda colectiva de todos los usuarios. Luego diseñan tarifas y fijan precios para distintos grupos de clientes —como los residenciales o los grandes consumidores industriales— según el costo promedio de atender a un cliente de ese grupo. La nueva prioridad es recuperar los costos directamente de los grandes consumidores individuales, en función del costo marginal de abastecerlos. Esto representa un cambio radical en el acuerdo regulatorio tradicional.

Los operadores de redes de distribución en Estados Unidos han estado desarrollando nuevas tarifas para implementar este enfoque. Estas tarifas exigen que los grandes consumidores firmen contratos a largo plazo con condiciones de facturación estrictas, haciéndolos directamente responsables del costo de la infraestructura construida para atenderlos. Pero, como ha reconocido ante su ente regulador Dominion Energy —el operador de red que abastece a la mayor cantidad de centros de datos del país—, estas tarifas no eliminan el riesgo de que el cliente de gran consumo se retire, dejando a los operadores con activos varados. En ese caso, serían los demás usuarios o los accionistas de los operadores quienes tendrían que asumir los costos restantes.

Estos desafíos se agravan para las empresas integradas verticalmente, responsables no solo de la distribución, sino también de la generación y transmisión de electricidad. Para ellas, este nuevo contexto implica un perfil de riesgo crediticio totalmente distinto, donde una pequeña fracción de los clientes podría ser responsable de la mayoría de los costos de sus activos.

La transmisión eléctrica es uno de los tipos de infraestructura más costosos, pero también esenciales para abastecer a grandes consumidores. Sin embargo, es también la más difícil de limitar en cuanto a la asignación de costos a estos clientes.

La transmisión eléctrica suele desarrollarse a nivel regional, con los costos distribuidos ampliamente entre diferentes regiones y clases de clientes. Esto se basa en la idea largamente aceptada de que todos los usuarios en la proximidad de la transmisión se benefician de ella, tanto por una mayor confiabilidad de la red como por precios más bajos. Sin embargo, las grandes cargas pueden poner en duda esta suposición, al requerir inversiones en transmisión que estén específicamente diseñadas para sus proyectos particulares, en lugar de para el desarrollo económico más amplio.

Restringir los costos de transmisión a los grandes consumidores que los generan y se benefician de manera desproporcionada requeriría un tratamiento regulatorio novedoso, incluyendo nuevas metodologías de planificación y asignación de costos.

La desregulación del mercado eléctrico ha sido adoptada, en mayor o menor medida, por casi todas las economías avanzadas. En este modelo, la generación de electricidad se separa de la transmisión y la distribución, y los generadores compiten enfrentando precios de mercado tanto a corto como a largo plazo. Aunque se considera un enfoque moderno, este modelo presenta desafíos a la hora de incorporar grandes cargas de consumo.

En un mercado regulado, las empresas integradas verticalmente pueden diferenciar precios entre distintos tipos de clientes. Por ejemplo, pueden mantener constantes las tarifas residenciales y comerciales pequeñas, mientras que cobran a los grandes consumidores en función de los costos que generan. Esto no es posible en los mercados desregulados, donde todos los usuarios están expuestos a precios comunes de electricidad y, en algunos casos, de capacidad de generación.

Existe una tensión fundamental en los mercados desregulados entre garantizar la confiabilidad de la red y el imperativo político de proteger a los demás usuarios de los costos asociados a los grandes consumidores (ver Figura 1). Los operadores de redes de distribución solo consideran la capacidad de transmisión y distribución al evaluar la solicitud de conexión a la red de un centro de datos u otra carga de gran tamaño. Corresponde a la “mano invisible” del mercado garantizar que se construya suficiente capacidad de generación para abastecer esa carga una vez conectada; de lo contrario, se corre el riesgo de apagones. Esta generación solo se construye si los precios de la electricidad y de capacidad son lo suficientemente altos como para incentivar la inversión, lo que implica aumentos de precios para todos los usuarios.

En los mercados más desregulados de Estados Unidos, como Texas y la interconexión PJM, los precios a futuro están muy por debajo de lo necesario para incentivar la construcción de nuevas instalaciones de generación. Por lo tanto, es imposible acomodar el crecimiento de los centros de datos dedicados a IA y al mismo tiempo mantener la estabilidad de la red sin que suban los precios para todos los usuarios.

Dado que la electricidad es notoriamente difícil de almacenar, los mercados eléctricos son más locales que otros mercados de materias primas. Esto significa que los políticos locales están expuestos a las consecuencias de una red poco confiable y de aumentos de precios, y es previsible que actúen para evitarlo. Ya se han visto señales tempranas de esto en los estados de Pensilvania y Texas, donde se ha manifestado una pérdida de confianza en los mercados desregulados debido a estos factores. A medida que aumenten las demandas de infraestructura y los impactos sobre los precios en otros estados y países de la OCDE, cabe esperar intervenciones similares. Es posible que los políticos se vean obligados a elegir entre ganar la carrera de la IA y proteger las facturas de los usuarios.