Lecciones desde las islas pequeñas: por qué las alianzas equitativas son clave para financiar la transición energética

Muchos países en desarrollo, como los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), tienen sectores energéticos que se enfrentan a un trilema: bajo acceso a la energía; vulnerabilidad ante la inseguridad energética debido a una gran dependencia de las importaciones de petróleo; y barreras sustanciales al desarrollo del sector de las energías renovables, como obstáculos institucionales y normativos. En comparación con los países desarrollados, los países en desarrollo dependen en mayor medida de fuentes externas o extranjeras de tecnología, conocimientos y recursos financieros, incluidas las intervenciones de los donantes para impulsar su transición energética hacia fuentes de energía más limpias.

Los países en desarrollo, como las islas pequeñas, tienen algunos de los objetivos de energía limpia más ambiciosos del mundo. En estas geografías, especialmente en las economías pequeñas y vulnerables como los PEID, la financiación de los donantes y otros recursos externos han desempeñado un papel fundamental a la hora de colmar las lagunas de capacidad (financiera y humana) necesarias para apoyar la transición energética. Además, incluso cuando los gobiernos nacionales de estos países poseen las finanzas para apoyar en gran medida la transición, la financiación de los donantes u otros recursos externos siguen desempeñando un importante papel complementario.

Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, informaciones recogidas de las partes interesadas en la transición energética de Barbados y Mauricio revelaron que cuando los recursos externos para la transición superaban a los internos, el país tenía menos control sobre su proceso de transición en general. Esto se debía a que los agentes externos controlaban la asignación de las áreas de capacidad cruciales necesarias para la transición. Esto, a su vez, tuvo un impacto negativo general en los resultados observados, como la asignación inadecuada de recursos. Sin embargo, la naturaleza exacta de este problema y la mejor manera de abordarlo puede variar según los casos de los países en desarrollo.

En el caso de Barbados, una dependencia especialmente fuerte de los financiadores externos para su transición condujo a una falta de poder o de capacidad para determinar cómo podían asignarse los recursos externos prometidos por los donantes internacionales. También llevó a unos objetivos de los proyectos que, en ocasiones, no se ajustaban a las necesidades del país.

Una necesidad que surgió fue la de aumentar la colaboración entre las distintas partes interesadas. Los fondos de los donantes para la transición energética a menudo se limitaron a ejecutarse a través de organismos gubernamentales, que en las economías vulnerables no suelen ser los mejores ejecutores debido a las limitaciones de capacidad. En consecuencia, algunos proyectos han sufrido retrasos significativos de años, con mínimas oportunidades disponibles para asociaciones público-privadas o colaboraciones conjuntas con organizaciones empresariales.

Otras veces, los fondos prometidos no se utilizaron o se subutilizaron debido a la excesiva complejidad de los marcos y mecanismos de los donantes. Esto nos enseña la importante lección de que, aunque se hayan comprometido y desembolsado fondos, si el proceso no incluye al país receptor en todas las fases, no será eficaz para permitir la adopción de energías renovables a gran escala.

En Mauricio, a pesar de ir por delante de Barbados en cuanto a adopción de energías renovables, también hubo problemas de asignación de recursos, principalmente en lo relativo a la forma de introducir las tecnologías de energías renovables. Las preocupaciones planteadas estaban relacionadas con la coordinación de los recursos autóctonos y la selección de energías renovables por parte del gobierno. Por ejemplo, la insuficiente adaptación al entorno local, que no tenía en cuenta el uso eficaz del suelo, el cambio climático y las catástrofes naturales.

El marco de energías renovables diseñado por los principales actores excluía a las partes interesadas locales, favoreciendo a investigadores y empresas extranjeras. Aunque la transición mauriciana hacia una energía limpia sólo se complementó con recursos externos, éstos también se vieron obstaculizados por un control limitado de los intereses externos y, por tanto, de su asignación.

Al igual que en Barbados, esto conllevaba problemas relacionados con la financiación prometida por los donantes. Los entrevistados destacaron que los factores sociales y económicos no se tenían suficientemente en cuenta en la asignación de fondos realizada por los donante. También que apenas se produjo una transferencia real de tecnología, ya que la mayoría de los fondos iban a parar a grandes contratistas y organizaciones no gubernamentales, o las empresas sociales quedaban excluidas de la recepción de fondos.

Esto pone de manifiesto la lección clave de que, desde una fase temprana, ambas partes deben considerar cómo pueden incorporarse parámetros adicionales a los compromisos financieros que ayuden a garantizar una transición más inclusiva y equitativa. En este sentido, ya se pueden extraer enseñanzas valiosas de los criterios de representación de género que suelen ser ahora habituales en los acuerdos de subvención de los donantes.

Ahora que acabamos de salir de las conversaciones mundiales sobre el clima en la COP28 y nos dirigimos a la próxima reunión anual del Foro Económico Mundial en enero de 2024, la forma en que los países en desarrollo aprovechan estas plataformas para crear asociaciones significativas sigue siendo muy importante.

Garantizar por sí solo el acceso a la financiación no bastará para impulsar de forma significativa la transición energética a gran escala en los países en desarrollo. Más bien, los estudios existentes indican que es más probable que esto ocurra cuando los países construyan asociaciones caracterizadas por la presencia combinada de: acceso diversificado a recursos financieros; presencia de conocimientos e información sobre cómo utilizar eficazmente los recursos disponibles; y la asignación adecuada de los recursos disponibles. Por consiguiente, cuando la capacidad interna de transición es limitada, es importante que los países busquen opciones de recursos y adopten estrategias que creen asociaciones equitativas que les permitan influir lo suficiente en la forma de asignar los recursos (tanto humanos como financieros).

En medio de los altibajos de las negociaciones sobre el clima, como el acuerdo alcanzado en la COP28 sobre el fondo para pérdidas y daños, mientras los países en desarrollo siguen debatiendo para establecer asociaciones con los países desarrollados, hay que plantearse una pregunta crucial: ¿los compromisos adquiridos conducirán a transiciones deseables en las que la gente esté satisfecha con el enfoque adoptado para la transformación social? Es decir, ¿en términos de cantidad (resultados en la adopción de energías renovables a gran escala), así como de calidad (participación inclusiva y equitativa de las partes interesadas)?

Tampoco hay que olvidar las oportunidades de cooperación Sur-Sur. Demostrado aquí con el caso explorado de los PEID, tanto el deseo como el alcance también existen para una mayor cooperación Sur-Sur estratégica y formalizada que complemente los puntos fuertes y las lagunas de capacidad de los respectivos países. Por ejemplo, el aprovechamiento de los canales diplomáticos existentes y el apoyo de la sociedad civil (por ejemplo, organismos académicos y sin ánimo de lucro). Esto podría incluir intercambios complementarios en los que se compartieran conocimientos y experiencia en ámbitos como los marcos políticos, la contratación pública ecológica, la política de productores independientes de energía y los enfoques eficaces de consulta a las partes interesadas para lograr marcos políticos más inclusivos.