Equipar a la fuerza laboral para que se beneficie de las oportunidades del comercio

La abrupta desaceleración económica producto de la pandemia y los confinamientos terminó de confirmar la importancia de la integración a nivel mundial y de contar con una infraestructura más desarrollada en términos digitales. La COVID-19 también puso de manifiesto las debilidades de esta integración mundial en la producción de bienes y la interdependencia transfronteriza.

Estudios recientes confirman que los beneficios de las cadenas de valor mundiales (CVM) siguen siendo superiores a los costos. Pese a esto, hacen falta reformas. Los expertos en comercio advierten que la ausencia de bienes clave durante la pandemia no solo se debió a interrupciones en la producción (oferta), sino también al enorme aumento de la demanda de dichos productos.

De hecho, la evidencia a favor de un mayor nivel de integración mundial y apertura comercial sigue siendo positiva, especialmente para los países en desarrollo, dado que estos se benefician de un aumento en la creación de puestos de trabajo, mayores transferencias de tecnología, inversiones extranjeras directas (IED) y mejoras en la formación de la fuerza laboral.

Cabe señalar que no todas las cadenas de valor mundiales son iguales; en los países menos sofisticados —por ejemplo, países con niveles bajos de integración digital y capital humano— con políticas regulatorias muy restrictivas, la integración a estas cadenas suele ser más superficial y estar focalizada en las materias primas en lugar de la producción de bienes. Esto significa que las CVM menos sofisticadas o los acuerdos de reparto de la producción mundiales pueden tener un impacto menos significativo en la generación de más y mejores puestos de trabajo.

A medida que la crisis se disipa, la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de más y mejores empleos formales se vuelve el foco de atención de las estrategias de recuperación económica en todo el mundo.

Teniendo en cuenta el potencial para que las empresas integradas al mundo crezcan y generen puestos de trabajo, sobre todo cuando estas se especializan en productos sofisticados, los formuladores de políticas quieren saber si un mayor grado de apertura comercial debe formar parte de su estrategia de recuperación.

También se preguntan si una mayor integración a las cadenas de valor mundiales puede servir para saltar etapas o dejar atrás el pobre desempeño del crecimiento inclusivo en los años previos a la pandemia. Este es el caso de Colombia, y de muchos países alrededor del mundo, donde los formuladores de políticas están evaluando un abanico de reformas de mercado como parte de su estrategia de recuperación.

Investigaciones recientes calculan los efectos potenciales de una serie de reformas tendientes a promover una participación más profunda de las empresas colombianas en las cadenas de valor mundiales y de posibles inversiones en infraestructura digital. El informe calcula el impacto sectorial y geográfico de distintas reformas para terminar identificando los posibles ganadores y perdedores de dichas reformas.

Como muchos países en desarrollo, antes de la pandemia Colombia se caracterizaba por su elevado nivel de desigualdad, en donde los hogares más vulnerables —particularmente aquellos trabajadores en el lado equivocado de la brecha digital o con empleos informales— experimentaron un descenso marcado de sus oportunidades laborales y de sus ingresos.

El mundo pospandémico brinda una ventana de oportunidad para que los recién llegados se incorporen a los acuerdos de reparto de la producción mundiales, convirtiéndose en proveedores confiables de insumos y servicios intermedios, así como de componentes clave para productos finales ensamblados en otras partes. Esto es particularmente importante en los países del continente americano, más cercanos geográficamente a los mercados de Estados Unidos y Europa.

No obstante, para que las empresas colombianas estén mejor integradas a los mercados de producción internacionales, el país necesita mejorar los marcos normativos referentes a la infraestructura y ampliar los servicios aduaneros, además de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones, haciendo que estos aranceles sean más homogéneos y las listas más estables.

Los formuladores de políticas colombianos también reconocen la necesidad de reducir el costo de la logística y el transporte de carga mediante una modernización de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, además de eliminar las barreras que enfrenta la prestación de servicios complementarios. También existe una comprensión clara de la importancia de simplificar la IED para estabilizar los flujos netos, reducir los impedimentos no arancelarios que enfrentan las multinacionales y establecer límites a la repatriación de beneficios.

En consonancia con estudios recientes, el caso de Colombia muestra que si bien la combinación de reformas resulta en la creación de puestos de trabajo formales, estas no benefician a los más pobres y vulnerables. Un motivo clave de esto último es que la mayoría de los trabajadores en el fondo de la distribución salarial carece de la capacitación necesaria para acceder a los tipos de trabajo que ofrecen las empresas insertas en los acuerdos de producción mundiales.

La experiencia en todo el mundo indica que, a medida que las modernizaciones derivadas de la incorporación de un país a estos acuerdos mundiales tienen lugar, los salarios suben pero el empleo neto tiende a caer, mientras que los beneficios se concentran en los trabajadores más capacitados. Las mujeres trabajadoras, por ejemplo, ocupan un porcentaje significativo de los puestos de trabajo intensivos en mano de obra en aquellos países con este tipo de industrias, por lo que se benefician, aunque terminan perdiendo a medida que la tecnología se actualiza.

El impacto global sobre el crecimiento económico de desarrollar la infraestructura digital (mediante la creación de empleo) genera un efecto perceptible de reducción de la pobreza. De todas maneras, la desigualdad crece debido a un aumento en la valoración de la formación asociada al desarrollo de la infraestructura digital, a medida que el número de puestos de trabajo abiertos al teletrabajo crece y el aprendizaje a distancia se vuelve cada vez más factible.

Los resultados de este y otros estudios recientes ofrecen una lección muy clara a los países que contemplan una estrategia similar. Respecto a las reformas que buscan profundizar la participación de los acuerdos de producción mundiales y de las inversiones en infraestructura digital con el fin de generar crecimiento inclusivo, es fundamental contar con un conjunto paralelo de reformas e inversiones donde los hogares más pobres puedan acumular el capital humano necesario para acceder a los puestos de trabajo formales de mayor calidad creados por el proceso de reformas.

Una reducción de la desigualdad puede darse mediante una combinación de políticas y reformas que no solo generen más puestos de trabajo a través de una mejor integración a los procesos de producción mundiales, sino que también pongan en marcha estrategias y plataformas que les permitan a un grupo más amplio de personas capacitarse y trabajar remotamente.

Un enfoque tal podría, en principio, generar puestos de trabajo formales para trabajadores en la escala mediana de la distribución de capital humano, dado que recibirán capacitación para operar tecnologías más sofisticadas a la vez que se generan puestos de trabajo para trabajadores en la escala más baja de la distribución de capacidades. Esto último podría ocurrir si las empresas vinculadas a las CVM generan vínculos regresivos al demandar, de los proveedores locales, insumos y servicios intermedios, creando de hecho cadenas de valor domésticas, suministradas por productores intensivos en mano de obra.