¿Cómo podemos proteger a los pobres del mundo del coronavirus y sus efectos económicos?

Es urgente que los líderes del G20 vuelvan a reunirse para acordar una respuesta mundial mayor y mejor coordinada ante la crisis de la COVID-19. Aunque en muchos sitios se están reduciendo los confinamientos, la cantidad de nuevos casos de COVID-19 en el mundo alcanzó recientemente su máximo nivel hasta el momento, mientras los devastadores costos económicos de la pandemia continúan acumulándose a medida que surgen nuevos epicentros en los países emergentes y en vías de desarrollo.

Es un momento crítico, porque los países más pobres en África, Asia y Latinoamérica enfrentan emergencias económicas y de salud pública que requieren acción inmediata. Un diverso grupo de economías con ingresos medios también necesita ayuda. Juntos, esos países representan casi el 70 % de la población del planeta y aproximadamente un tercio del PIB mundial.

Su necesidades serán cada vez mayores en los próximos meses y años. La Organización Mundial del Trabajo prevé que la cantidad de horas trabajadas en el segundo trimestre de 2020 será un 10,5 % menor a los niveles previos a la crisis. Esto equivale a la pérdida de más de 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Y, por primera vez en este siglo, la pobreza está aumentando en el mundo.

De hecho, una recesión mundial podría revertir hasta tres décadas de mejoras en los niveles de vida y, según una estimación, empujar hacia la pobreza a entre 420 y 580 millones de personas en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos, por otra parte, advirtió que probablemente la COVID-19 duplique la cantidad de personas en condición de hambre aguda, que podría llegar a 265 millones.

La pandemia también provocó la mayor emergencia educativa de nuestras vidas: 1700 millones de niños —más del 90% del total en el mundo— no pudieron ir a sus escuelas debido a los confinamientos. En los países pobres, es posible que muchos nunca regresen a ellas. Millones de niños que no reciben la comida en las escuelas están pasando hambre y los gobiernos, por sus dificultades financieras, están reduciendo la asistencia educativa.

Está emergencia económica y social mundial no terminará hasta que no superemos la emergencia sanitaria mundial. Para ello, hay que superarla en todos los países.

Nos alegran los compromisos alcanzados en una cumbre virtual especial el 4 de mayo, que llegan a los 8 mil millones de USD, para desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos para la COVID-19. Instamos a los gobiernos y otros donantes a efectivizar esas contribuciones inmediatamente. De todas formas, todavía queda mucho por hacer.

La coordinación mundial es especialmente importante para desarrollar, producir masivamente y distribuir de manera equitativa cualquier eventual vacuna. Debido que esa vacuna deberá estar disponible en forma universal y gratuita, instamos a todos los miembros del G20 a que apoyen la reposición del financiamiento para Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, en una conferencia en línea para comprometer fondos el 4 de junio.

De manera similar, hay que aumentar la capacidad para realizar los análisis de detección de la COVID-19, e implementarlos a una escala mucho mayor. Por otra parte, una colaboración transfronteriza más estrecha es fundamental para incrementar el aprovisionamiento mundial de equipos médicos esenciales. Los países en vías de desarrollo también necesitan ayuda para mejorar sus capacidades y sistemas de salud, y sus redes de seguridad social. Además, los países del G20 debieran apoyar el llamado de las Naciones Unidas para proteger a los refugiados, las personas desplazadas y otras que necesitan ayuda humanitaria.

Reflejando el deterioro económico y fiscal sin precedentes de muchas economías emergentes y en vías de desarrollo, más de 100 países solicitaron ayuda al Fondo Monetario Internacional. Es probable que otros se sumen a ese pedido. Pero aunque el FMI afirmó que estos países necesitan 2,5 billones de USD para superar la crisis, solo se asignó una fracción de ese monto.

Así, aunque nos alegran las buenas intenciones en el corazón del plan de acción del G20 para la COVID-19, los líderes del mundo deben ir más lejos.

En primer lugar, hay que ampliar el alivio de la deuda para los 76 países de la Asociación Internacional de Fomento e incluir la participación de los acreedores bilaterales y privados hasta fines de 2021. Además, los acreedores multilaterales deben demostrar que están proporcionando nuevo financiamiento neto; de lo contrario, deben ofrecer alivio para la deuda. Y, debido a que nos estamos quedando sin tiempo para que los acreedores privados garantizan voluntariamente el alivio de la deuda, se debe considerar un nuevo enfoque vinculante.

Mientras tanto, es posible que una docena o más de economías de mercados emergentes enfrenten problemas por el pago de los servicios de la deuda en los próximos meses. El FMI debe prepararse ahora para lograr acuerdos entre las partes.

En segundo lugar, el G20 debe acordar que los 2,5 billones de USD necesarios para la asistencia sean entregados. Para esto el FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo tendrán que aumentar sus límites para los préstamos y subsidios, y que los bancos multilaterales de desarrollo aumenten su cartera de préstamos pendientes durante los próximos 18 meses, para pasar de 500 mil millones a entre 650 mil millones y 700 mil millones de USD. Estas instituciones deben captar más recursos y permitir un uso más amplio de su capital para actuar adecuadamente.

Todo esto lleva a que sea imprescindible una nueva emisión de derechos especiales de giro (el activo de reserva mundial del FMI) y la transferencia de las asignaciones, tanto nuevas como existentes sin utilizar, a los países que necesitan ayuda desesperadamente. Una nueva emisión de DEG liberaría 600 mil millones de USD inmediatamente y más de 1 billón de USD para 2022. El G20 debiera lograr el apoyo político para esta medida y llevar adelante el trabajo técnico necesario para implementarla en cuanto se logre un acuerdo.

En la primera etapa de la crisis de la COVID-19 se puso énfasis en brindar liquidez, proteger el empleo y en las inversiones de emergencia para la salud. Ahora que los responsables de las políticas intentan que el mundo regrese a sus niveles de crecimiento previos a la crisis, una mayor coordinación fiscal y monetaria es fundamental.

Los gobiernos deben entonces considerar el establecimiento de una meta de crecimiento mundial junto con metas nacionales de inflación. Las inversiones orientadas al medio ambiente deben ser parte del estímulo: los gobiernos deben favorecer proyectos de infraestructura que mejoren el desarrollo sostenible y ayuden de esa manera a combatir el cambio climático.

Para obtener ingresos vitales para los gobiernos nacionales, los líderes mundiales deben acordar una estrategia coordinada para recuperar el dinero perdido a manos de los paraísos fiscales. Los países debieran intercambiar automáticamente información fiscal, levantar el velo de secreto que rodea a los beneficiarios y fideicomisos, y sancionar a aquellos países que se rehúsen a implementar las normas acordadas.

La COVID-19 es un llamado a que el mundo despierte para construir un multilateralismo nuevo y más eficaz, equipado para atender a los desafíos del siglo XXI. Hay que reforzar y rediseñar parcialmente la salud mundial y la arquitectura financiera para mejorar nuestra preparación y capacidad para combatir futuras crisis de manera rápida y a escala. Una mayor acción del G20 para evitar que se profundice la recesión generada por la pandemia y mitigar su impacto sobre la gente más pobre del mundo sería un avance hacia esta meta. Instamos a sus líderes a adoptar ya mismo las medidas necesarias.