¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?

América Latina, aunque todavía es joven en términos comparativos, está envejeciendo con rapidez. Nuestro estudio concluye que el envejecimiento de la población supone un reto para la sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones y de salud en la región.

Las autoridades tendrán que asegurar unas prestaciones adecuadas para el porcentaje creciente de personas mayores, en especial su aceptabilidad social, mediante el apoyo al empleo formal y la reforma gradual de los sistemas de pensiones y de salud.

Los países latinoamericanos son todavía más jóvenes que la mayoría de las economías avanzadas, pero se prevé que el envejecimiento de la población se acelere. La mujer latinoamericana tiene actualmente, como promedio, poco más de dos hijos. ¡Tres veces menos que en 1950! Incluso en Guatemala y Bolivia, los dos países de la región con las tasas de fecundidad más altas, el número de hijos por mujer ha comenzado a caer con rapidez. Al mismo tiempo, las personas viven más años.

El aumento del nivel de vida y la mejora del acceso a una atención sanitaria de calidad han incrementado la esperanza de vida de los latinoamericanos hasta cerca de los 75 años. Los chilenos y los costarricenses tienen una esperanza de vida de más de 80 años, ligeramente superior a la de los residentes en Estados Unidos.

La combinación de menos hijos y adultos de más edad está poniendo fin al dividendo demográfico que América Latina ha disfrutado desde la década de 1970; esto es, el período en el que la población entre los 15 y los 64 años de edad crece de forma más rápida que la población menor de 15 y mayor de 64 años. Su final implica que son menos las personas activas para mantener el creciente número de dependientes.

Los países con las poblaciones más jóvenes, como Paraguay, Bolivia y Guatemala, podrían disfrutar todavía del dividendo hasta 2045, pero a Uruguay, Brasil y Colombia solo les quedan un par de años más de dividendo, y en Chile y Costa Rica ya se ha terminado.

Gracias a sus poblaciones más jóvenes, los gobiernos latinoamericanos todavía gastan comparativamente poco en pensiones: en promedio, menos de un 4% del PIB, frente a aproximadamente 9% en los países de ingreso alto y las economías emergentes de Europa. Pero, a medida que la población envejece, se proyecta que el gasto en pensiones públicas de la región aumente de manera pronunciada y se cierre la diferencia con los países avanzados.

Específicamente se proyecta que los países que cuentan con sistemas de pensiones de reparto con prestaciones definidas, en los que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales y el gobierno garantiza un cierto nivel de prestaciones por jubilación, experimenten un aumento mayor en su partida para las pensiones, a medida que la población envejece. En unos cuantos países de la región, la generosa combinación de altas prestaciones y contribuciones insuficientes de los trabajadores podría resultar en un déficit de financiamiento insostenible que se añadiría a los niveles de deuda pública si no se realizan reformas.

Por otro lado, los países en transición hacia un sistema de pensiones por capitalización de cotizaciones definidas, en el que cada trabajador reserva ahorros durante su vida laboral para la pensión y las prestaciones por jubilación dependen de las contribuciones acumuladas y el rendimiento financiero de las mismas, experimentarán un aumento menor (o incluso negativo) del gasto público en pensiones, así como un déficit de financiamiento bajo o nulo. Sin embargo, un aumento menor del gasto público en pensiones suele estar asociado a prestaciones bajas o a una reducida cobertura de las personas mayores por parte del sistema de pensiones.

Por ejemplo, en la República Dominicana, México, Bolivia, Chile y El Salvador, los pensionistas reciben prestaciones muy por debajo del promedio de otros países.

En la República Dominicana y El Salvador, que tienen distintas combinaciones de prestaciones contributivas y no contributivas, menos del 20% de las personas mayores reciben una pensión.

Los bajos niveles de cobertura y de las prestaciones podrían ser percibidos como inadecuados y volverse insostenibles desde el punto de vista social; en última instancia, podrían generar unas obligaciones presupuestarias más altas en el caso de que el gobierno, debido a la presión política, deba ampliar la cobertura o aumentar las prestaciones por jubilación. Así pues, existe una importantedisyuntiva entresostenibilidad financiera y sostenibilidad social cuando se trata del futuro gasto en pensiones.

La reducida cobertura y las prestaciones insuficientes son, en gran medida, resultado del alto nivel de informalidad y de la baja participación de las mujeres en los mercados laborales de América Latina, aparte de las altas comisiones y el bajo rendimiento financiero que en todo el mundo están reduciendo las prestaciones.

Asimismo, agravan la desigualdad de ingreso y entre los sexos, ya que los trabajadores con bajo ingreso tienen menos probabilidades de recibir una pensión, o bien más probabilidades de que sea insuficiente. Más aún, las mujeres suelen tener una menor cobertura y prestaciones más bajas que los hombres debido a: i) una participación más baja en el mercado laboral, ii) menos años de trabajo remunerado debido a la maternidad, ii) unos salarios más bajos, iv) edades de jubilación más tempranas y v) una mayor esperanza de vida, lo que resulta en una mayor pobreza entre las mujeres durante la vejez.

El gasto de los gobiernos en salud en América Latina es mucho mayor que hace dos décadas, ya que muchos países han adoptado medidas para aumentar la cobertura y reducir las desigualdades.

Actualmente, el gasto público en salud de la región se sitúa, en promedio, en 4,4% del PIB, lo que es relativamente alto dado el perfil demográfico actual de la región. Para una persona promedio, los costos médicos aumentan con la edad, lo que significa que, a medida que la proporción de la población por encima de los 60 años crece, el gasto en salud per cápita también subirá. Además, los costos de la salud tienen la tendencia natural de aumentar con el tiempo debido a las mejoras tecnológicas, que tienen como resultado unos servicios mejores, aunque más costosos, para los pacientes.

Nuestras proyecciones muestran que, dado este punto de partida, así como el ritmo de crecimiento previsto del envejecimiento de la población, el gasto público en salud como porcentaje del PIB en América Latina podría alcanzar los niveles de los países avanzados en 2100. De hecho, en ausencia de reformas, se proyecta que América Latina experimente el mayor incremento del gasto sanitario de todas las regiones a largo plazo.

Esta prognosis a largo plazo podría parecer abrumadora. Sin embargo, lo alentador es que mediante la promoción de la participación de las mujeres y las personas mayores en la fuerza laboral, el fomento de la formalización y las reformas graduales de los sistemas de pensiones y de salud se puede contribuir a moderar el impacto del envejecimiento sobre las cuentas públicas y, al mismo tiempo, mantener un acceso equitativo a los servicios de salud y a unas prestaciones por jubilación adecuadas.

En cuanto a los sistemas de pensiones, elevar la edad de jubilación y las tasas de contribución, en especial en países donde son comparativamente bajas, y reducir las prestaciones en aquellos con derechos a prestaciones por jubilación excesivamente altas, contribuirá a establecer mecanismos de protección y a pagar el aumento futuro del gasto en pensiones asociado con el envejecimiento. Estas reformas deben diseñarse con precaución para evitar desalentar el empleo formal. Para gestionar el aumento del gasto en salud y, al mismo tiempo, mantener los resultados en materia de salud, los países deberían adoptar reformas que fomenten la eficiencia y que, al mismo tiempo, amplíen el acceso a servicios básicos de salud donde la cobertura sea baja.