Existe una cura para la epidemia de homicidios en América Latina, y no requiere más policías o cárceles

San Salvador se enfrenta a una epidemia de asesinatos. La ciudad es la capital mundial de los homicidios por segundo año consecutivo. La tasa de homicidios llegó a 136,7 por cada 100 000 residentes en 2016, al menos 17 veces el promedio mundial. A pesar de registrar una disminución en la cantidad de homicidios comparada con el año anterior, la capital de El Salvador sigue superando a la capital venezolana, Caracas, y a San Pedro Sula en Honduras, ocupando el primer lugar en el mundo.

Los salvadoreños, venezolanos y hondureños no son los únicos latinoamericanos preocupados por los índices de asesinatos. A pesar de las recientes mejoras en la seguridad pública, los colombianos siguen sufriendo por tener algunos de los números absolutos de asesinatos más altos en el planeta. Brasil tiene la mayor cantidad de homicidios en el planeta, casi 60 000 asesinatos al año. Y al menos un tercio de los centroamericanos y sudamericanos conocen a alguien que ha muerto de un disparo en los últimos 12 meses.

En toda América Latina, la muerte acecha a los jóvenes. Cada 15 minutos un joven latinoamericano, por lo general pobre, muere asesinado. América Latina ha sido durante mucho tiempo la parte del mundo con más homicidios, y ha sufrido alrededor de 2,5 millones de asesinatos desde el año 2000. Al menos el 75 % de estos casos se cometieron con armas de fuego, muy por encima del promedio mundial. Paradójicamente, la violencia se ha agravado a pesar de los grandes logros en la reducción de la pobreza, la educación, la salud y el nivel de vida en general.

Los homicidios en América Latina aumentan en un momento en que los asesinatos disminuyen prácticamente en todo el resto del mundo. En la actualidad, el índice regional de homicidios se sitúa en torno a 22 por cada 100 000 habitantes: aumentará a 35 por cada 100 000 para el año 2030 si no se interrumpe esta tendencia. No hay ninguna otra región que incluso se acerque a estas cifras.

Mientras que la mayoría de los latinoamericanos están preocupados por el aumento de la delincuencia, siete países se destacan: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Juntos, generan una cuarta parte de todos los asesinatos intencionales por año en el mundo. La cifra es impresionante, 44 de los 50 países, y 23 de las 25 ciudades con más homicidios del mundo se encuentran en América Latina.

Parte del motivo por el que los índices de delincuencia en América Latina siguen siendo tan altos es que los homicidios muy pocas veces se resuelven o terminan con una condena. En América del Norte y Europa, aproximadamente el 80 % de los homicidios se resuelven. Sin embargo, en muchos países de América Latina, el porcentaje cae a aproximadamente el 20 %. En Brasil, Colombia, Honduras y Venezuela, menos del 10 % de los asesinatos resultan en una condena.

Como resultado, la fe de la gente en el sistema policial y la justicia penal se ha deteriorado. En América Latina, la vida no vale nada porque el costo por cometer un asesinato es increíblemente bajo. A medida que la gente pierde la fe en la aplicación de la ley y en los tribunales, se vuelven más propensos a hacer justicia por mano propia.

La buena noticia es que los homicidios violentos no son inevitables. Existen ejemplos en toda la región de países y ciudades que están logrando revertir esta tendencia. Grandes ciudades como Bogotá, San Pablo y Río de Janeiro han visto disminuir las tasas de homicidios en un 70 % o más en la última década.

Los líderes municipales, en especial los más informados, se han puesto al frente de esta revolución. Los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín combinaron una planificación visionaria y metas claras con programas de vigilancia policial y de bienestar en puntos álgidos de los vecindarios con altos niveles de desorganización social y jóvenes en riesgo.

La disminución de la cantidad de asesinatos no solo es posible, es fundamental. El costo de los crímenes violentos en las economías latinoamericanas es enorme, llegando al 3,5 % del PIB, o hasta 261 000 millones de dólares al año. Esto representa aproximadamente 300 dólares por persona.

Las consecuencias del gasto improductivo en seguridad pública y la pérdida de productividad asociadas con las muertes prematuras están haciendo retroceder a las economías que habían obtenido ganancias reales desde los oscuros años de liderazgo autocrático entre 1960 y 1980. Los altos índices de asesinatos también están socavando el capital y la cohesión social: gran parte de la población tolera los homicidios de manera inaceptable.

En pocas palabras, las inversiones en seguridad pública en América Latina son ineficientes y, a menudo, se concentran en las áreas equivocadas.

¿Cómo han intentado los gobiernos latinoamericanos enfrentarse a este problema hasta ahora? La mayoría ha invertido cada vez más dinero en las fuerzas policiales, el poder judicial y las cárceles. Según un estudio reciente, los gobiernos de América Latina gastan entre 55 y 70 mil millones de dólares en la seguridad pública. Eso es, en promedio, un tercio de la cantidad que se gasta en salud y educación en toda la región.

Esta estrategia es extremadamente cara. Tomemos el ejemplo de las cárceles. Los costos de las cárceles están aumentando debido a la cada vez mayor cantidad de prisioneros en toda la región. La población penitenciaria aumentó de 101,2 presos por 100 000 en 1995 a 218,5 por 100 000 en 2012, un incremento del 116 %.

En el mismo período, los gastos en cárceles aumentaron de 4300 millones de dólares en 2010 a 7800 millones en 2014. Mientras tanto, los costos de la encarcelación también aumentaron de aproximadamente 5,8 mil millones de dólares en 2010 a más de 8,4 mil millones en 2014, un incremento del 45 %. En conjunto, significa una pérdida promedio de 13,8 mil millones de dólares al año para la región, o un 0,39 % del PIB.

Esta estrategia no solo es costosa, también existe dolorosamente poca evidencia de que funcione. Si bien el gasto en salud y educación se correlaciona de manera positiva con el mejoramiento de los resultados de bienestar y alfabetización en la mayoría de los países latinoamericanos, todavía no se han logrado avances similares en materia de seguridad pública.

¿Qué significa todo esto? Por un lado, significa que aumentar la cantidad de policías y cárceles para enfrentar el problema no funciona. El status quo es inaceptable y se requieren soluciones audaces y urgentes.

¿Qué pasaría si los gobiernos y las sociedades latinoamericanas se comprometieran a reducir en un 50 % la cantidad de homicidios en la próxima década? Esto significa una disminución anual de solo el 7,5 %, claramente un objetivo dentro del ámbito de lo posible. Los ahorros serían considerables, comenzando con aproximadamente 365 000 vidas que de otra manera se perderían. Las ganancias materiales también serían sustanciales.

Reducir los crímenes a la mitad es precisamente el objetivo de una nueva campaña que están lanzando más de 20 organizaciones en toda América Latina. Lograr este objetivo requerirá que los gobiernos latinoamericanos inviertan en algunas estrategias de sentido común.

Como mínimo, los gobiernos, las empresas y los grupos de la sociedad civil deben adoptar estrategias basadas en evidencias e intervenciones basadas en datos, que se concentren en las personas y los lugares críticos. Después de todo, la delincuencia violenta suele ser "pegajosa" y tiende a concentrarse en vecindarios muy específicos, entre las personas más pobres, menos educadas y más jóvenes, y a ciertas horas del día.

Los esfuerzos de prevención y reducción también deben estar guiados por objetivos claros que establezcan la reducción de los asesinatos como un objetivo explícito, no solo como un atisbo de esperanza. Aunque requieren valor político, las recompensas son considerables.

Si se quiere verdaderamente reducir los índices de homicidios, se necesita un esfuerzo concertado para reparar las malas relaciones entre la policía y la comunidad en los entornos más afectados por la violencia. Los barrios que muestran las tasas más altas de homicidios también son, por lo general, los que registran la menor confianza en la policía.

La vigilancia policial orientada al problema muestra un registro de seguimiento positivo, en especial cuando se trata de reducir los asesinatos relacionados con bandas criminales y homicidios intencionales. Las mejoras en la investigación y el enjuiciamiento de los homicidios también son fundamentales para restaurar la ley y el orden.

Por último, los gobiernos latinoamericanos deben duplicar las medidas de prevención. La edad y el nivel educativo son factores clave de la vulnerabilidad tanto a perpetrar como a ser víctima de asesinato. El acceso a, y el mantenimiento de, ingresos sostenidos es también un elemento disuasorio importante para participar en actividades delictivas.

En Medellín, un 1 % de aumento en los ingresos permanentes generó una disminución de los homicidios en un 0,4 %. La inversión en el desarrollo positivo en la primera infancia, las capacidades de los padres, el empleo de los jóvenes (especialmente para los delincuentes jóvenes), los programas tutoriales y la capacitación en habilidades para la vida son económicos y logran múltiples impactos positivos.

Conocemos la cura y es hora de que los latinoamericanos utilicen la medicina.

Visite el sitio web de la campaña para la reducción de homicidios para obtener más información sobre cómo participar. La campaña Instinto de Vida pide a los gobiernos, empresas y sociedades civiles que reduzcan el homicidio en un 50 % en 10 años. Más de 20 organizaciones de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela se han sumado, junto con la CAF, OEA, JID y OSF.