Europa cada vez tiene sus tierras (y su agricultura) en menos manos

Nuevas compañías y capitales financieros ajenos al sector agro están controlando cada vez más territorios en el Viejo Continente. Acaparamiento, falta de transparencia, especulación, PAC y expulsión de jóvenes agricultores son algunos de los fenómenos asociados. La escasez de datos dificulta el análisis, aunque diferentes organismos están intentando alzar la voz.

El aumento del precio de los alimentos desde la crisis mundial de 2007-2008 ha traído consigo dos conceptos, o dos realidades –la (in)seguridad alimentaria y la (in)seguridad energética-, que están cambiando la gestión de las tierras, además del control y la competencia por la mismas. Así lo explica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en un informe de 2011: “La creciente competencia por la tierra y el agua se ha puesto especialmente de manifiesto cuando entidades de inversión públicas y privadas han comenzado a adquirir extensiones agrícolas en los países en desarrollo”.

Aunque en un principio esta situación se dio fundamentalmente en los Estados con legislaciones más o menos laxas, en Europa se está produciendo una sostenida y opaca transformación en la propiedad de los terrenos en los últimos años. De pequeños a grandes agricultores; de compañías estatales a inversores extranjeros; de agricultura y ganadería a otros usos alejados de lo agro. Un cambio de manos que implica, además, una reducción de las mismas. El análisis es complejo, porque no existe una razón única (y menos en Europa, donde la Política Agraria Común también juega un papel clave), aunque las consecuencias sí son compartidas: se pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria (por la reducción de tierras de cultivos, subida de precios y especulación) y se desmembra el tejido rural.

“Hay una variedad de razones para la concentración de tierras en la UE. Por ejemplo, debido a la creciente demanda de alimentos y piensos, a las materias primas renovables para el combustible, a las industrias química y textil, la compra de tierras es una de las opciones de inversión más seguras y rentables para inversores de todo el mundo”, relata a esglobal la eurodiputada del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) Mara Noichl. Sobre las razones también se pronuncia Fernando Fernández, coautor del estudio ‘Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento’: “Ha habido un cambio en el uso de la tierra en los últimos 20 años, mientras que el sistema agroalimentario está cada vez más concentrado y las grandes industrias están haciendo presión sobre los agricultores porque la tierra se ha convertido en una inversión rentable. Ahora se destina a la especulación, a los usos energéticos, a infraestructuras, turismo…”.

Este caso demuestra que el valor de la tierra se está desligando de su uso agrario: “Tanto en Europa como en el resto del mundo, el suelo agrícola se ha vuelto un objeto de especulación financiera y el valor de este se ha desplazado del que es su uso original. Capitales financieros especulan con la tierra para ganar rentas con su alquiler, con su valor medioambiental (al cobrar ayudas destinadas a reducir la emisión de dióxido de carbono o mediante la producción de energía renovable), y a través de la explotación de los recursos naturales del terreno (agua y biodiversidad)”, recoge el estudio de ‘Acaparamiento de tierras en Europa’, del Transnational Institute (TNI), el más amplio que existe al respecto.

Una opaca realidad

Estos recientes cambios en la propiedad de la tierra en Europa están deficitariamente documentados. En 2013, el G-8 propuso la Iniciativa Global sobre Transparencia de Tierras, que no ha tenido ningún recorrido más allá del anuncio.

“No todas las operaciones de compraventa se registran y las transacciones de superficies entre personas jurídicas no suelen ser suficientemente transparentes, por ejemplo, en el caso de las adquisiciones realizadas por empresas filiales y asociadas”, reconoce el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en un dictamen fechado en julio de 2015. Este organismo no duda en tachar el asunto de “problema” y habla incluso “de la grave amenaza”.

La seguridad alimentaria es la principal: que haya menos tierras dedicadas al cultivo de alimentos y a la ganadería pone en juego la alimentación, tanto por escasez como por subida de precios. Tampoco hay que olvidar los riesgos para las explotaciones agrícolas familiares, la reducción de los empleos y el abandono de las zonas rurales, así como los posibles efectos en el medio ambiente. Además, como recuerda el CESE, la tierra “no es una mercancía cualquiera que puede fabricarse en grandes cantidades, es un recurso limitado, por lo que no deberían aplicársele las habituales reglas del mercado”. Ya lo dijo el humorista norteamericano Mark Twain en el siglo XIX, “compren tierra, pues no se fabrica más”.

El mismo documento apunta que mientras que las superficies agrarias se reducen en Europa, las grandes empresas poseen cada vez más terrenos de cultivo: “El 1% de las explotaciones agrícolas controla el 20% de las tierras de cultivo de la UE y el 3% controla el 50%. Por el contrario, el 80% de las explotaciones controla sólo el 14,5% de las tierras de labor”.

La publicación de Transnational Institute, citada incluso por el CESE, ofrece un análisis de varios países. Confirma, por ejemplo, la reducción de propietarios en Alemania: de un total de 1.246.000 fincas entre 1966 y 1967 se pasó a apenas 299.100 en 2010. Además, muchas tierras de la zona oriental que quedaron en manos de una compañía pública tras la caída del Muro de Berlín han pasado a manos privadas, tras un cambio de política que favorecía la venta en lugar del arrendamiento, que provocó además una elevación de los precios (se doblaron entre 2007 y 2009) en la región de Uckermark.

El caso francés por su parte es una clara muestra del cambio de uso: más de 60.000 hectáreas de terreno agrícola son reorientadas cada año para construir carreteras, supermercados, expansión urbana o turística. En la zona mediterránea del país, menos del 20% de las tierras son ya de uso agrícola, debido a la recalificación de estos terrenos como urbanos, que eleva su precio en función de lo que se puede construir en él y deja fuera de la competencia a los agricultores. Mientras que en el caso de Irlanda muestra el alza de precios por el boom económico de inicios de siglo: en ocho años se multiplicó por cinco, siendo el país más caro de Europa, y provocó una clara concentración de tierras.

Para el caso de Italia, el informe se centra principalmente en el municipio de Narbolia (Cerdeña), en donde la construcción de invernaderos solares, en manos de compañías con capital chino que recibieron subsidios públicos, multiplicó el precio de la hectárea por tres provocando grandes protestas campesinas.

“En tres años, las pequeñas explotaciones han perdido un 17% del control de su tierra, un tamaño mayor que Suiza”, añade Fernández, especialista en políticas agrarias y desarrollo rural. “Han desaparecido tres millones de pequeñas explotaciones en Europa, el 80% de ellas más pequeñas de cinco hectáreas, mientras que las grandes han subido en 30.000 explotaciones”, apunta por otro lado la experta en política ambiental y agraria de Europa Concha Salguero.

Que el tema ha comenzado a preocupar a las instituciones europeas lo demuestra el hecho de que el Parlamento Europeo haya encargado un estudio al TNI, publicado en mayo de 2015 y titulado Extent of farmland grabbing in the EU, en el que se confirma la situación, si bien matizando que se presenta en menor escala que en otras zonas del globo. En esta investigación se citan datos de Land Matrix, un observatorio global e independiente de monitoreo de tierras que, por ejemplo, registró grandes transacciones (concretamente, 166.359 hectáreas, a fecha de marzo de 2015) con capital extranjero en la Unión Europea.

Los nuevos dueños van desde bancos a fondos de inversión y de pensiones, pasando por diferentes actores financieros, algo que considera “motivo de preocupación”. La Comisión Europea no se ha pronunciado al respecto, al menos por ahora, aunque el asunto es cada vez más objeto de debates. Ya la pasada primavera, la Universidad Politécnica de Valencia acogió el Foro Mundial sobre Acceso a la Tierra (FMAT 2016), en el que se abordó esta cuestión. Entre las 20 propuestas finales se instaba a “facilitar el acceso a la tierra y a los recursos naturales a los jóvenes, para que puedan vivir de ellos dignamente, y a promover un diálogo entre generaciones con el fin de conciliar la transmisión de saberes locales y la autonomía de los jóvenes”.

Y es que, además de la inseguridad alimentaria citada, una de las consecuencias más directas del nuevo panorama es la expulsión de pequeños agricultores y ganaderos, así como la creación de barreras para la entrada en el sector primario de adolescentes, lo que sin duda ahondaría en el abandono de cultivos y el desmembramiento de sociedades rurales. Así, recientes estadísticas de la Comisión Europea apuntan que más del 60% de los jóvenes agricultores consideran que la disponibilidad de terrenos es el principal desafío al que se enfrentan.

Precisamente, el próximo mes de febrero, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo abordará el proyecto ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra?, presentado por Maria Noichl. La eurodiputada recuerda que “el suelo es un recurso cada vez más escaso que no puede aumentarse, por lo que no puede ser considerado una mercancía normal. Sufre una amenaza por partida doble: por un lado, la pérdida de superficie agrícola debida al sellado, la urbanización y los proyectos de infraestructura y, por otro, la concentración de tierras en manos de grandes explotaciones agrícolas e inversores ajenos”. Propone que “los Estados miembros otorguen prioridad a los agricultores en la compra de tierras agrícolas”, que definan políticas para frenar “el aumento de los precios de las tierras de cultivo y de las rentas” y que se establezcan “controles más estrictos en los contratos de arrendamiento, un requisito para reportar irregularidades, y la posibilidad de sanciones, ya que el alquiler es a menudo el primer paso para comprar”.

Pero no todas las personas implicadas apuntan en esta dirección. El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria Asaja, Ignacio López, no se muestra partidario “de aplicar medidas que penalicen la inversión, la modernización de nuestra agricultura o que pongan en peligro el dimensionamiento de la explotación como garantía de rentabilidad y generación de empleo, y algunas de las propuestas de Noichl parecen ir en este sentido, que consideramos peligroso e incluso contraproducente”.

En el análisis de Noichl entra un factor que hace diferente el caso de Europa: la Política Agraria Común (PAC). El dictamen del Consejo Económico y Social Europeo también apunta a la PAC: “Una razón de la concentración de tierras en Europa es el pago único por superficie en el marco del primer pilar de la PAC, ya que proporciona a los grandes productores una mayor capacidad económica y, por consiguiente, ventajas y más capital para seguir adquiriendo tierras (…) La concentración de tierras agrícolas conduce a una concentración de las ayudas de la PAC (…). El acaparamiento de tierras y la concentración de la propiedad conducen a la expulsión de los agricultores que habían utilizado los terrenos hasta entonces, lo que da lugar a una pérdida de puestos de trabajo y a una reducción de las posibilidades de ganarse la vida en las zonas rurales”.

Y es que, la última reforma de esta importante política comunitaria otorga una renta a la tierra al margen de la producción; explicado de manera simplificada, prima al territorio en lugar de al producto, por lo que hay “una serie de factores que hacen que la tierra incremente su valor patrimonial, y con ello, la visión mercantilista sobre ella”, recoge el citado informe Acaparamiento de tierras en Europa, de TNI.

“Hay gente que tiene declarados pastos y ni siquiera hace falta que los pastoree, pues mientras lo tengas declarado con un sistema mecánico puedes cobrar la PAC, aunque no tengas ganado. Hay grandes corporaciones y empresas que tienen mucho terreno declarado y, como se paga por superficie, cobran la PAC. Hay grandes injusticias. La PAC se ha convertido en una política financiera, con muchos grupos de interés detrás de las subvenciones. Si escarbas en las empresas, al final está detrás el sector financiero”, lamenta Concha Salguero. Desde Asaja matizan, sin embargo, que, “a pesar de que el pago está ligado a la hectárea, el sistema garantiza que los derechos para recibir dichos pagos sólo recaerán en los agricultores activos que reciban una parte de sus ingresos del mercado y ejerzan una actividad agraria”.

Hasta el año 2010 no se publicó la lista de las personas o entidades beneficiarias de la PAC, y lo hizo con mucha oposición. Los datos muestran quiénes se llevan buena parte del pastel, no siempre agricultores: en España cobran estas ayudas 910.000 perceptores, siendo profesionales cotizantes a la Seguridad Social Agraria únicamente 350.000 personas. Y mientras la ayuda media es de 5.328 euros, hay grandes terratenientes y empresas (como Azucarera Ebro y los vinos y zumos J. García Carrión) que perciben millones de euros, como denuncia la ONG VSF Justicia Alimentaria Global.

Creada en 1962, la PAC es una de las políticas más importantes de la UE, en parte porque se lleva cerca del 40% del presupuesto comunitario. Nació con el objetivo de mantener la renta de los agricultores y para evitar el fantasma de la falta de recursos que vivió el Viejo Continente tras la Segunda Guerra Mundial (es decir, para garantizar la seguridad alimentaria), así como para apoyar a las estructuras agrarias y al entorno rural, aunque en menor medida. Pero las sucesivas reformas han ido cambiando su ser. En la última, de 2013 y vigente hasta 2020, “se ha intentado un giro hacia una PAC más sostenible. Pero la narrativa va por un lado y la práctica va por otro”, apunta Salguero.

En 2017 está prevista una revisión intermedia de la PAC; habrá que ver hasta dónde llega. De momento, Noichl propone en su proyecto de informe una limitación obligatoria de los pagos directos a 150.000 euros, tal como se establece en el Reglamento nº 1307/2013. Y afirma: “Las subvenciones de la Política Agrícola Común atraen a inversores no agrícolas. Los pagos directos por superficie provocan que las grandes explotaciones reciban un apoyo desproporcionado” de dinero público.

La revisión por tanto se presume importante, no sólo por el destino de los fondos, sino por el uso de la tierra; como dice el Comité Económico y Social Europeo “deberían analizarse los riesgos que la concentración de tierras entraña para la seguridad alimentaria, el empleo, el medio ambiente, la calidad del suelo y el desarrollo rural”.