4 puntos de tensión clave en tiempos de 'capitalismo con esteroides'

Con el avance del siglo XXI, nos hemos adentrado con más profundidad en la Cuarta Revolución Industrial: una época impulsada por la tecnología que parte de la revolución digital y combina múltiples tecnologías, lo que conduce a cambios de paradigma en todos los ámbitos. Se trata de una era que evoluciona a un ritmo exponencial en lugar de lineal, en la que el ritmo vertiginoso de los cambios afecta no solo a nuestra forma de hacer las cosas, sino también a nuestra identidad como individuos y como sociedad.

Las "Big Tech" y algunas otras grandes empresas tecnológicas se encuentran entre los principales motores de este cambio, dado su alcance global, su cuota de mercado y su enorme influencia. Según la famosa frase de Lawrence Lessig, estas empresas utilizan el principio del "código como ley" para influir, dirigir y dictar el comportamiento de las sociedades digitales. Hacen un seguimiento encubierto de cada movimiento que realizan los usuarios, acumulando imperios indebidos de datos personales. Se entregan a prácticas anticompetitivas en un intento por aplastar a sus rivales. En su prisa por llegar al mercado, a veces sacrifican medidas de seguridad que podrían haber hecho que sus productos fueran más seguros. Prestan poca atención al costo climático de sus tecnologías. Y crean dependencias en los usuarios de una manera que casi siempre los convierte en nuestro primer recurso de apoyo.

Aunque llamamos la atención sobre estas tendencias y las criticamos, no nos oponemos a los negocios, al mercado ni al capitalismo. Nos oponemos a la idea de capitalismo con esteroides que representan los excesos de las Big Tech. Creemos que la innovación es admirable, pero no a costa de la privacidad, la seguridad y la ética. También creemos que los mercados siempre serán el canal central para ofrecer innovación y beneficios a escala. Por lo tanto, sugerimos que se proporcione a los mercados una base regulatoria básica para que las nuevas tecnologías no sean predatorias, exclusivas o insensibles a los contextos locales.

Además, aunque reflexionamos sobre ciertos mecanismos que están ayudando a contrarrestar algunas de las incursiones de las Big Tech —por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que está imponiendo un enfoque más transparente y responsable sobre la gobernanza de datos, y la infraestructura pública digital de la India, que está nivelando el campo de juego nacional para las empresas y la innovación—, no somos defensores de un enfoque de "Big Gov" o "gobierno grande". En su lugar, creemos en marcos de múltiples partes interesadas matizados y ágiles, y en regulaciones moderadas que empoderen tanto a las empresas como a los ciudadanos.

Cuatro "defectos de diseño" fundamentales subyacen al panorama geotécnico actual, y gran parte de los problemas en las sociedades digitales contemporáneas pueden atribuirse a ellos.

En primer lugar, la economía política de la tecnología—en la que los valores de ciertos centros de producción se imponen sobre los lugares de consumo—ya no es sostenible. Se están imponiendo las ideologías de Silicon Valley para forzar la adaptación de los mercados locales con una cultura totalmente diferente. Facebook, Twitter y YouTube nacieron y se desarrollaron en un entorno en el que la libertad de expresión goza de una fuerte protección en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. En su mayor parte, el gobierno de Estados Unidos no puede restringir lo que los individuos dicen en línea, y la prensa también puede publicar información y opiniones sin temor a ser controlada o sancionada.

Pero cuando una plataforma que codifica estas creencias se trasplanta a otra geografía con una comprensión diferente sobre lo que es permitido decir, el choque de personas y valores puede ser inmediato y visceral. Aunque la mayoría de las culturas reconocen el derecho a la libertad de expresión, también establecen condiciones límite que deben cumplirse. Al crear espacios cuya propia arquitectura permite ignorar estas condiciones, las redes sociales transnacionales han institucionalizado el derecho a ofender. A un nivel más amplio, a medida que más naciones aumentan sus capacidades tecnológicas, desean ser reconocidas como innovadoras y productoras por derecho propio, y no simplemente como mercados para tecnologías desarrolladas en otros lugares.

En segundo lugar, el concepto de ciudadanía es producto de la pertenencia a una nación, de estar gobernado por un determinado régimen y de contar con un marco, como una constitución, que define la naturaleza y el alcance de la gobernanza. Pero hoy en día este contrato entre los ciudadanos y el Estado está cada vez más mediado por actores privados. Los proveedores de servicios en nube como Microsoft, Amazon y Google, los gigantes minoristas en línea y las empresas de redes sociales proporcionan una infraestructura crítica en los espacios económicos y políticos. Lo preocupante, sin embargo, es que, aunque estas empresas deberían rendir cuentas al país en el que operan, las fronteras parecen significar poco para ellas, ya que actúan con impunidad y sin tener en cuenta las leyes locales.

En 2023, por ejemplo, el gobierno indio reprendió a Twitter por violar repetidamente las leyes nacionales y negarse a cumplir con las solicitudes de eliminar contenido nocivo. En 2024, WhatsApp y su empresa matriz Meta emitieron un ultimátum a India, amenazando retirarse del país si el gobierno siguiera exigiendo a las empresas de redes sociales que rompieran el cifrado de extremo a extremo para colaborar con las autoridades policiales. A medida que los actores privados compiten por proporcionar servicios públicos en beneficio propio, socavan la posición de los gobiernos y los ciudadanos.

En tercer lugar, la dicotomía entre los centros de innovación y de regulación influye en el desarrollo y la distribución de las tecnologías. Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal centro mundial de innovación digital. En el ámbito de la IA, por ejemplo, solo en 2023, las instituciones estadounidenses produjeron 61 modelos importantes de IA, muy por delante de los 21 de la Unión Europea y los 15 de China. Hasta 2024, el país lideraba la investigación y la tecnología de IA, con el 60% de los mejores investigadores de IA del mundo y una financiación privada de 249 000 millones de dólares.

Europa, por otro lado, destaca como centro de regulación tecnológica. No por casualidad, la primera ley integral de IA del mundo y su régimen de protección de datos más estricto, el GDPR, se originaron en la UE; tampoco es casualidad que el Consejo de Europa adoptara el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es garantizar que el desarrollo de la IA respete los derechos humanos. Estas tendencias permiten a Silicon Valley y Bruselas impulsar la agenda global en materia de innovación y regulación, y hacen que los desarrolladores de tecnología estén especialmente ansiosos por cortejarlos. También significa que los principios tecnológicos que se consideran "universales", "responsables" o "confiables" provienen de un subconjunto de élite del Norte Global y están a su servicio, mientras que las necesidades de las economías emergentes y los países en desarrollo se consideran marginales en el mejor de los casos.

En cuarto lugar, existe una "asimetría de capacidades" entre las geografías que afecta a su respuesta a la tecnología y determina las trayectorias de adopción tecnológica. En algunos lugares, la evolución digital es una parte orgánica de la evolución social, pero en otros representa un salto hacia un producto o servicio avanzado sin ningún precedente concreto. A pesar del entusiasmo que suscita este salto, el proceso también crea obstáculos institucionales. En 2016, Tailandia prohibió temporalmente los servicios de transporte en motocicleta, como Uber y Grab, debido a la falta de marcos legales para regularlos. Del mismo modo, en junio de 2021, el gobierno nigeriano suspendió Twitter, alegando una capacidad limitada para regular las redes sociales después de que la plataforma bloqueara un tuit del presidente Muhammudu Buhari. El cierre duró siete meses y provocó disrupción en el discurso político y el compromiso cívico. El caso reflejó un dilema clásico: ¿cómo puede una nación con pocas capacidades tecnológicas gestionar las plataformas de redes sociales y, al mismo tiempo, defender la libertad de expresión?

Como demuestran estos cuatro desafíos, el "poder de la geografía" (power of place) sigue determinando todos los aspectos de la producción y el uso de la tecnología, incluso hoy en día. La relación no es fácil. Motivados por el deseo de autonomía, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos a menudo se encuentran inmersos en una contienda a tres, en la que la mayor víctima está resultando ser el soñado igualitarismo del ciberespacio.

La democracia y la tecnología están más entrelazadas que nunca, pero se han sembrado las semillas de la desconfianza hacia las Big Tech y empresas similares. Su concentración de poder ha empezado a parecerse a los grandes monopolios industriales de épocas pasadas, pero demasiado grandes, dominantes, complejos y rápidos para que los gobiernos apliquen muchas de las soluciones convencionales que se utilizaban antes contra comportamientos anticompetitivos.

La innovación está superando con creces los cambios normativos, y las sociedades en la nube y otras comunidades se enfrentan a cambios digitales, verdades disrumpidas, tensiones culturales y una creciente incertidumbre. Sin embargo, poco a poco está empezando a surgir un "techlash" – un rechazo a las Big Tech. Después del pico viene el colapso, y a medida que el primer cuarto de siglo llega a su fin, debemos hacer una pausa para preguntarnos: ¿Cómo reiniciamos el presente para asegurarnos de que el futuro no repita los errores del pasado?

Extracto de GeoTechnoGraphy: Mapping Power and Identity in the Digital Age (Nueva Delhi: Penguin Viking, 2025) de Samir Saran y Anirban Sarma