Algunas fórmulas para escapar de trampas regulatorias anticompetitivas

La consecuencia de las trampas regulatorias anticompetitivas puede ser muy perjudicial para los consumidores, puede desincentivar la inversión y el crecimiento económico, entre otros efectos negativos. ¿Cómo escapar de ellas?

En las economías de mercado existe un interés de los gobiernos de proteger la libre competencia económica. Con ello, los consumidores pueden obtener bienes y servicios de mejor calidad y a precios más bajos, se fomenta la innovación y el crecimiento económico, entre otros efectos positivos asociados tradicionalmente con la libre competencia económica.

Ahora bien, está latente la tentación de los competidores para anular ilegalmente la competencia mediante la infracción de las normas sobre protección de la misma y, por esta razón, en las economías de mercado se hace necesaria la existencia de autoridades de competencia con la función de evitar que este tipo de conductas ocurran (control ex ante) o sancionar a aquellos que vulneran el régimen de libre competencia económica (control ex post).

No debe ser menos reprobable que sea el mismo Estado que, a través de sus propias normas, genere efectos anticompetitivos con las mismas. En efecto, la creación de normas que limiten injustificadamente la cantidad de bienes o servicios que las empresas pueden ofrecer en un mercado, el control de precios en mercados que no lo requieren o, la creación de trámites inútiles que dificultan el ingreso de los competidores, merece también una revisión.

Por ello, cada día más países procuran perfeccionar los estándares de creación de normas con el fin de evitar este y otro tipo de distorsiones innecesarias en los mercados. Este proceso se conoce usualmente como "mejora regulatoria" y busca precisamente disminuir la ocurrencia de esta clase de distorsiones.

Así pues, puede suceder que la creación de normas anticompetitivas en un sector específico de la economía se vuelva tan reiterativo, que muchas veces los gobiernos quedan atrapados en una especie de "trampa regulatoria". Por esta vía, terminan los gobiernos generando caos regulatorios, en los que una norma es reemplazada por otra igual o más anticompetitiva que la anterior. Al final, quienes más resultan perjudicados por este tipo de situaciones son los consumidores, quienes deben sacar de su bolsillo el dinero para adquirir bienes y servicios más costosos por cuenta de normas anticompetitivas propiciadas por el mismo Estado que en teoría debería protegerlos. Veamos pues algunas de las causas que producen estas "trampas regulatorias anticompetitivas".

1. Intervención Inadecuada

Para algunas corrientes del pensamiento económico, el Estado debería intervenir la economía principalmente cuando se presenten "fallas de mercado", las cuales son entendidas como asignaciones ineficientes de recursos en los mercados, como por ejemplo, cuando en los mismos existen problemas de información que dificultan que el comprador de un automóvil pueda conocer el verdadero estado del mismo, toda vez que, el único que tiene pleno acceso a esta información es el vendedor (falla de mercado conocida como "asimetría de información").

En contraste con lo anterior, puede ocurrir en cambio, que los gobiernos interfieran el funcionamiento de los mercados cuando en realidad no existe una "falla de mercado". Cuando no existe una "falla de mercado" y pese a esta circunstancia los gobiernos intervienen con normas inadecuadas, se generan distorsiones en los mercados y se abre paso a lo que se conoce como "falla de gobierno".

Esta forma de injerencia suele ocurrir con alguna frecuencia en países con debilidad institucional o con escasos controles previos a la expedición de normas (control ex ante). Así, cuando los gobiernos no tienen claridad sobre la causa que generó la distorsión de un mercado, suelen expedir una norma igualmente o más anticompetitiva que la anterior hasta el punto que, el desorden en un sector de la economía es de tal magnitud, que se vuelve casi imposible corregir los problemas creados por el mismo Estado.

La consecuencia de estos comportamientos puede ser muy perjudicial para los consumidores, puede desincentivar la inversión y el crecimiento económico, entre otros efectos negativos.

2. Presión Política

Otra causa común por la cual los gobiernos comenten el error de emitir normas anticompetitivas, obedece a la "captura política" de quienes tienen la función de elaborarlas. Las presiones políticas obligan, en muchas ocasiones, a que los gobiernos favorezcan indebida o equivocadamente los intereses de un grupo específico, en detrimento de los intereses generales de los consumidores y de la eficiencia de los mercados.

Estas fuerzas políticas generan también "trampas regulatorias anticompetitivas", porque ante cada intento del regulador por escapar de dichas trampas, los grupos de presión amenazan con huelgas u otros mecanismos de coerción semejantes. El regulador termina por ceder a la presión y expide normas para proteger a ciertos grupos determinados y crea con ello mayores distorsiones en los mercados.

3. Corrupción

Es el caso más extremo y quizás por ello se explica por sí solo. De cualquier forma, la corrupción tiene gran potencial de generar "trampas regulatorias anticompetitivas" y ocurrirá con más o menos frecuencia dependiendo de la fortaleza institucional de cada país y de la efectividad de los mecanismos de control.

Por fortuna, existen ciertas fórmulas, unas más sencillas que otras, para escapar de este tipo de "trampas regulatorias anticompetitivas". A continuación, se mencionan solo algunas:

Intervención regulatoria cuando sea realmente necesaria. Existen muchos motivos legítimos que requieren de la intervención del Estado. Ciertamente, una "falla de mercado" es uno de ellos. Una intervención de esta naturaleza, corrige verdaderas distorsiones y facilita el funcionamiento de los mercados.

Identificación de la verdadera causa de la intervención. En el contexto de lo aquí expuesto, conviene que los gobiernos identifiquen si el motivo por el cual intervienen la economía corresponde a una norma anticompetitiva producida anteriormente por el mismo gobierno. Si se pretende corregir la distorsión anticompetitiva con una nueva norma, se debe procurar que la nueva intervención no sea restrictiva de la libre competencia económica. En muchos casos, remover la norma inicialmente anticompetitiva puede ser suficiente para recomponer el funcionamiento de los mercados.

Acatamiento de recomendaciones técnicas de entidades calificadas. Las entidades que tienen entre sus funciones revisar y estudiar la calidad de las normas estatales, pueden orientar a los reguladores para que no expidan normas anticompetitivas. En consecuencia, es preciso que los reguladores acaten estas recomendaciones pro competitivas en el evento en que las mismas no sean vinculantes o que, en su defecto, estudien a profundidad si existen motivos técnicos para apartarse de dichas recomendaciones.

Argumentos técnicos como protección de las presiones políticas. En países democráticos, con un Estado de Derecho en funcionamiento y una institucionalidad más o menos robusta, una buena forma de afrontar las presiones políticas es con fundamento en razones y criterios técnicos. Los reguladores deben usar esas herramientas para reducir el riesgo de la captura política de los grupos de presión.

Fortalecimiento institucional de las entidades con facultades sancionatorias. Es claro que para combatir la corrupción, se requiere del fortalecimiento de las entidades con facultades sancionatorias para disuadir a los corruptos.

Institucionalización y robustecimiento de entidades con funciones de "mejora regulatoria". Las políticas y normas encaminadas hacia el establecimiento de entidades con funciones de "mejora regulatoria" pueden ayudar enormemente a mejorar la calidad de la actividad regulatoria de los gobiernos.

Fortalecimiento de la autonomía e independencia de las entidades. Mediante diseños institucionales que garanticen autonomía e independencia de las autoridades regulatorias, se puede robustecer la producción de argumentos técnicos que sirvan como barrera a las presiones políticas.

De cualquier forma, es preciso que los gobiernos comprendan que las normas son instrumentos legítimos y poderosos que pueden influir enormemente en el funcionamiento de los mercados. Ante esta realidad, es crucial incorporar institucionalmente fórmulas como las aquí sugeridas y avanzar hacia el establecimiento de mecanismos de "mejora regulatoria" que además incluyan un análisis y control previo desde la óptica de la libre competencia económica.