Esta innovadora herramienta financiera podría reducir la violencia en su ciudad

Todos los años, aproximadamente medio millón de personas son asesinadas dentro y fuera de las zonas en guerra en todo el mundo. Decenas de millones más quedan afectadas psíquica y físicamente como resultado de un delito. Otras nueve millones de personas están encerradas en prisiones. El dolor y sufrimiento que resultan de tanta violencia son incalculables.

Es posible calcular el costo económico y la pérdida de productividad asociados a la violencia. Las estimaciones más recientes sugieren que la carga económica asociada solo con el homicidio alcanzó los 1,7 billones de dólares en 2015. Si se incluyen todas las demás formas de violencia, el costo supera los 13 billones.

Costos económicos de la violencia: tendencias regionales (2007-2015)

La buena noticia es que las reducciones bruscas en la violencia letal y la reincidencia son reales. A pesar del modesto aumento del número de homicidios en los últimos dos años, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos experimentaron un dramático declive, hasta del 40%, de la violencia homicida en las últimas dos décadas. Algunas de las ciudades con más homicidios de América Latina también experimentaron una reducción importante de los homicidios.

A pesar de la reciente aparición de los compromisos mundiales para prevenir y reducir la violencia, todavía hay una brecha notable entre las buenas intenciones y los compromisos financieros. Los gobiernos, muchos de ellos endeudados, no pueden reunir los recursos adecuados. Para empeorar las cosas, las empresas privadas son reacias a donar a temas delicados, y los grupos sin fines de lucro rara vez son capaces de ampliar su trabajo o lograr una inversión sostenible.

Considere el caso de Chicago. La violencia le cuesta a la ciudad alrededor de 2 mil millones de dólares al año. Mientras tanto, el déficit del estado ha aumentado a 8 mil millones de dólares lo que significa que ha tenido que reducir drásticamente los gastos. Incluso las organizaciones de prevención de la violencia como CureViolence se han visto muy afectadas. Y esto a pesar de que cada gasto de un dólar allí logró alrededor de 18 USD de ahorro en los costos de la violencia, incluyendo dos dólares de gastos del gobierno

Siempre habrá peticiones de más gasto público tanto en Chicago como en cualquier otra ciudad para ponerle fin a este problema. Debido a los costos excesivamente altos de la violencia, tal vez sea el momento de pedir menos y en cambio ayudar a las autoridades públicas a reducir sus costos. Una manera de reducir los costos del gobierno es a través de "acuerdos de pago por resultados", incluyendo los bonos de impacto social. La idea es elegante y simple.

Un bono de impacto social es esencialmente un contrato con el sector público para pagar por mejores resultados sociales a un costo potencialmente reducido. El sector privado, no el contribuyente, representa el capital y los proveedores de servicios son pagados con fondos invertidos. Dichos bonos no ofrecen necesariamente una tasa de rendimiento fija. En cambio, la compensación depende de la obtención de resultados mutuamente acordados. Si se cumplen los objetivos específicos, se paga a los proveedores y se recompensa a los inversores con ganancias. De lo contrario, el gobierno no está obligado a pagar por dichos servicios.

Inversiones de impacto social para la seguridad urbana

Existe un entusiasmo creciente por los bonos de impacto social. Ya hay 60 bonos de impacto social en marcha en 15 países, recaudando más de 216 millones en inversiones. La mayoría se centra en sectores de servicios insuficientes como la salud infantil y materna, el desarrollo de la primera infancia y el empleo de los jóvenes. Al menos 20 de estos bonos, unos 50 millones de dólares, están dirigidos a la reforma de la justicia penal, la prevención de la violencia doméstica y la prevención de la reincidencia.

En la última década se han puesto en marcha varios bonos de impacto social diseñados para mejorar la seguridad pública. En el Reino Unido, la iniciativa más conocida comenzó en 2010 y tenía el objetivo de reducir la reincidencia en las prisiones. Mientras tanto, en Estados Unidos, los Departamentos de Justicia y Trabajo han asignado más de 20 millones de dólares en bonos de impacto social desde 2012. La mayoría están diseñados para reducir la reincidencia y promover la capacitación. En ambos casos, los gobiernos, proveedores de servicios, los bancos, las empresas de capital de riesgo y los grupos filantrópicos trabajaron juntos.

Entre 2010 y 2015, el primer bono de impacto social del mundo se lanzó para apoyar un programa para reducir la reincidencia en la prisión de Peterborough en Reino Unido. Varios proveedores de servicios ofrecieron 12 meses de apoyo a aproximadamente 2000 hombres adultos para reducir la prevalencia de la reincidencia. Los resultados fueron sorprendentemente positivos.

En un plazo de cuatro años, evaluaciones independientes revelaron una disminución de la reincidencia del 8,4 %, por debajo del objetivo del 10 %, pero por encima del piso de 7,5 % del Ministerio de Justicia. A pesar de no alcanzar todos sus objetivos, la iniciativa fue considerada un éxito. El bono de impacto fue apoyado por el Fondo de la Lotería Nacional y 17 fundaciones de caridad. Esto se terminó en 2015, sin embargo, al comienzo de un nuevo programa nacional con diferentes objetivos.

Mientras tanto, se han lanzado varios nuevos bonos de impacto social en el Reino Unido. Por ejemplo, en 2015, el Fondo de la Lotería Nacional apoyó el primer bono de impacto social con el objetivo de reducir la violencia de las pandillas En un trabajo en asociación con Catch22, una ONG local, la iniciativa estableció objetivos claros para reducir la participación en las pandillas, los crímenes a puñaladas y las investigaciones o convicciones policiales de alrededor de 1000 jóvenes de alto riesgo.

Asimismo, en 2015 la oficina del alcalde de Londres comenzó a analizar un bono de impacto social para apoyar el programa para abandonar las pandillas y restablecerse llamado Pan-London Gang Exit and Resettlement. El objetivo es brindar oportunidades de salida y capacitación a los pandilleros. El bono de impacto social está siendo entregado en todos los distritos de Londres. Todavía es muy pronto para determinar su éxito.

La experiencia de los Estados Unidos con los bonos de impacto social también está creciendo rápidamente. Por ejemplo, en 2015 el gobierno de Massachusetts se asoció con Goldman Sachs, Third Sector Capital, la Fundación Boston y otros socios para lanzar la iniciativa Pay for Success (pago por resultados). Se espera que el proveedor de servicios Roca reduzca la reincidencia en un 10 % y mejore los resultados de empleo en un período de siete años en tres ciudades: Boston, Chelsea y Springfield. La cohorte inicial incluye a 929 hombres jóvenes en riesgo centrándose en el cambio de comportamiento, preparación para el trabajo y la educación, y habilidades para la vida. El gobierno está dispuesto a hacer pagos por 27 millones de dólares en función de los resultados si los objetivos se cumplen, la inversión más grande hasta la fecha.

Vale la pena subrayar que Massachusetts solo hará los pagos si los programas de Roca generan resultados positivos. Los pagos por los resultados serán emitidos en el segundo y séptimo años basados ​​en las métricas duras acordadas de antemano: disminución de la encarcelación, aumento de la preparación para el empleo e incremento del empleo.

En general, se espera que el proyecto reduzca el presupuesto del gobierno de Massachusetts en un monto equivalente al costo de la prestación de servicios. Los pagos serán proporcionados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (que otorgó una subvención de 11,7 millones de dólares). Si el proyecto logra resultados iniciales, el Departamento de Trabajo extenderá el proyecto a 1320 delincuentes en un plazo de nueve años.

Algunos intermediarios y proveedores de servicios están comenzando a trabajar para lanzar bonos de impacto social similares en las principales ciudades de los Estados Unidos, comenzando con Chicago. También se están aplicando bonos de impacto social en los países en desarrollo, incluyendo Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Mozambique, Territorios Palestinos Ocupados y Sudáfrica.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo también ha comenzado a sentar las bases para los bonos de impacto social en América Latina, centrándose en la seguridad ciudadana y prevención de la violencia Varios proveedores de servicios e intermediarios recientemente comenzaron a trabajar en el desarrollo de bonos de impacto social para reducir los homicidios en varias ciudades latinoamericanas.

Récord de inversión en impacto social

Aunque es prematuro decirlo, hay evidencia de que los bonos de impacto social pueden tener resultados positivos. Como mínimo, ofrecen un medio nuevo e interesante de canalizar el capital privado hacia sectores privados de recursos para fortalecer la infraestructura de servicios sociales. Hay estudios que demuestran que generan impactos positivos al mismo tiempo que reducen la carga del gasto estatal La intención nunca es reemplazar al sector público, sino más bien hacer un mejor uso de los fondos privados para el bien público.

Aun así, está claro que no todos los sectores son adecuados para la inversión de impacto social. Lo que es más, los inversores deben confiar en la capacidad institucional, la disponibilidad de los datos y la validez del contrato antes de comprometerse. Y aunque los bonos de impacto social podrían ofrecer un enfoque novedoso para financiar la reducción de la violencia, también tienen sus críticos.

En primer lugar, no están libres de problemas y son difíciles de implementar (y hacer cumplir si los objetivos no se cumplen, ya que los contratos tienden a ser muy complicados). Algunos gobiernos se enfrentan a retos para establecer y hacer cumplir esos contratos, ya que no pueden asumir responsabilidades en sus presupuestos operativos sin tener fondos o garantías de contrapartida.

También existe la preocupación de que los bonos de impacto social se restrinjan a intervenciones a pequeña escala y que todavía no hayan proporcionado grandes ahorros a los gobiernos ni ganancias para los inversores. Por esa razón, algunos inversores todavía se cuidan de invertir en intervenciones apoyadas con bonos sin un historial de seguimiento blindado por parte de los proveedores de servicios.

Todavía quedan preguntas importantes sobre la capacidad de escalabilidad de los bonos de impacto social, pero es probable que estemos en pocos años en un proceso de maduración de un mercado de varias décadas. También hay señales de que algunos jugadores importantes están entrando en el espacio. Goldman Sachs Asset Management ha adquirido recientemente Imprint Capital, una empresa de asesoría de inversión de impacto. Leapfrong Investments tiene más de 1000 millones de dólares en compromisos de capital en la inversión de impacto (aunque la mayor parte se centra en los servicios de salud y financieros en África y Asia). Y la Sociedad Wharton recientemente publicó un informe que sugiere que más de tres fondos de impacto de capital privado podrían lograr rendimientos específicos y resultados alineados con las misiones.

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Las recientemente creadas Metas de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) pronostican la eliminación de todas las formas de violencia para 2030. También exigen docenas de otros objetivos, todos los cuales requerirán financiamiento. Pero las SDG costarán billones de dólares: una tarea desafiante dado el actual tumulto financiero y la incertidumbre mundiales. Los presupuestos gubernamentales ya están limitados por la deuda y el déficit.

La única forma de superar la brecha de la prevención de la violencia y la reducción de la financiación es llegar a soluciones innovadoras. No se puede confiar en los gobiernos para cubrir todos los costos. Está surgiendo un nuevo movimiento que no se limita a hablar de los costos extraordinarios de la violencia para los contribuyentes, sino que también está buscando las herramientas financieras para hacer algo al respecto.

Este artículo fue co-escrito por Alistair Gee, directora de operaciones del Institute for Economics and Peace.