La UE respalda estándares ambientales y de derechos humanos en las cadenas de suministro

A partir de 2029, las empresas europeas tendrán que demostrar que toman medidas para proteger el medio ambiente y los derechos humanos en toda su cadena de suministro.

Una nueva legislación sobre la auditoría de la cadena de suministro, la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (DDDSC), ha recibido el respaldo de la mayoría de los gobiernos europeos. Se espera que sea votada por el pleno del Parlamento Europeo tras la aprobación de una versión revisada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de este organismo.

La Directiva forma parte del Pacto Verde de la UE y se suma a otras nuevas normas, como la Directiva de la UE sobre informes de sostenibilidad de las empresas, que exige la presentación de informes de sostenibilidad.

Esto es lo que hay que saber sobre la nueva legislación.

La directiva obligará a las grandes empresas a auditar sus cadenas de suministro para detectar problemas como el trabajo forzado y los daños ambientales.

La diligencia debida será fundamental, ya que las empresas tendrán que demostrar que respetan los derechos humanos y la protección del medio ambiente en toda su cadena de suministro. Esto incluye tanto sus propias operaciones como las de sus proveedores. También tendrán que demostrar qué medidas correctoras están tomando para resolver cualquier problema que surja.

En virtud de la nueva legislación, las empresas deberán elaborar planes de acción preventivos y conseguir que sus socios comerciales directos se comprometan contractualmente a cumplirlos. Una vez establecidos estos acuerdos, las empresas europeas también tendrán que comprobar que sus proveedores cumplen los requisitos establecidos.

La aprobación por mayoría de la Directiva se produjo tras intensos debates en torno a la preocupación de que la legislación supusiera una importante "carga burocrática" para las empresas y situara a las compañías europeas en desventaja competitiva a escala internacional, según Reuters.

Otro obstáculo fue la definición de lo que constituye una gran empresa. Originalmente, la Comisión Europea había definido el umbral de una gran empresa como aquella con un volumen de negocios neto mundial de 150 millones de euros y 500 empleados, pero se ha revisado a un volumen de negocios neto mundial de más de 450 millones de euros (416 millones de dólares) y 1000 empleados. La ley se aplicará gradualmente a lo largo de un año, empezando por las empresas con una facturación de 1500 millones de euros (1400 millones de dólares) y más de 5000 empleados, según Reuters.

Con el tiempo, la ley se aplicará también a las empresas de países fuera de la UE con un volumen de negocios significativo en el bloque.

Aunque la iniciativa ha sido bien acogida por grupos de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, algunos han señalado que el último borrador de la ley deja fuera de su ámbito de aplicación a más de dos tercios de las empresas europeas. Temen que esta erosión le quite impacto a esta legislación seminal.

Sin embargo, la Directiva no solo completará la legislación de la UE sobre el Pacto Verde, sino que también adaptará la legislación europea a los estándares internacionales de diligencia debida en materia de derechos humanos. Entre ellas figuran los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Responsable.

Según los expertos, para las empresas a las que se aplicará la Directiva, es vital determinar estrategias de cumplimiento y aplicación. Según la legislación propuesta, cada Estado miembro de la UE designará una autoridad supervisora para comprobar el cumplimiento de las empresas. Los Estados miembros también cooperarán a través de una Red Europea de Autoridades de Supervisión. Estos organismos podrán iniciar investigaciones e imponer sanciones por incumplimiento, incluidas multas de hasta el 5% del volumen de negocios neto mundial de una empresa.

En la práctica, las empresas tendrán que esbozar claramente sus políticas de diligencia debida y llevar a cabo evaluaciones de riesgos para priorizar los riesgos más significativos para los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro. A continuación, deberán abordar estos riesgos por diversos medios, como la integración de códigos de conducta en los contratos con los proveedores, así como el establecimiento de un mecanismo de reclamación. También tendrán que ofrecer una solución en los casos en que hayan contribuido a un impacto.

El alcance de las obligaciones de las empresas, que ha sido objeto de intensas negociaciones en las últimas semanas, se aclarará en el texto final.

La Directiva, señalan los expertos, no exige específicamente la trazabilidad de la cadena de suministro, pero las empresas tendrán que prepararse con un conocimiento exhaustivo de las prácticas de sus proveedores. También deben establecer vías para la visibilidad de la cadena de suministro y las adquisiciones, establecer políticas de diligencia debida (si no existen ya) y formar a los equipos de adquisiciones y productos, entre otras acciones.