Por qué la justicia climática debe comenzar con salarios dignos

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) en Brasil y la Cumbre Social Mundial de Doha concluyeron el año pasado con un firme llamado: alinear la ambición climática con la justicia social.

En las declaraciones políticas de ambos encuentros, los líderes reafirmaron que la descarbonización debe ser inclusiva y que el desarrollo sostenible exige restaurar la confianza en las instituciones y los mercados. Sin embargo, evaluaciones recientes indican que la brecha entre las metas climáticas y la realidad socioeconómica es cada vez más profunda.

Un análisis de la World Benchmarking Alliance (WBA) sobre la transparencia climática de más de 1000 de las empresas más influyentes —en 28 sectores y 76 jurisdicciones— muestra que la mayoría ya reporta objetivos operativos de emisiones a corto plazo, los cuales representan cerca de una quinta parte de las emisiones globales de energía. Esto demuestra cómo el compromiso climático ya abarca a toda la economía real.

No obstante, en otra evaluación de la WBA a 2000 empresas líderes, los resultados son alarmantes: menos del 3% puede demostrar que los trabajadores en sus operaciones y cadenas de suministro ganan un salario digno.

Este desequilibrio revela una tensión estructural en el corazón de la transición verde, justo cuando el alza en el costo de vida golpea tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes.

Aunque los gobiernos y las empresas mencionan la "transición justa" y el "crecimiento inclusivo" en sus discursos, las estructuras salariales y las prácticas de compra suelen seguir ancladas en la minimización de costos. Las estrategias climáticas tienden a superponerse a modelos de negocio que aún dependen de la reducción de costos laborales, la externalización de riesgos sociales y el traslado de la carga de ajuste hacia los trabajadores y los pequeños productores.

El resultado es una economía política de descarbonización sumamente frágil.

Estamos rediseñando los sistemas energéticos, modernizando industrias y transformando las cadenas de suministro. Sin embargo, cuando estos cambios coinciden con salarios estancados, contratos precarios o el alza en los gastos del hogar, la política climática empieza a percibirse como algo extractivo en lugar de una oportunidad.

Por ejemplo, cuando se cierra una planta de carbón sin planes claros para generar nuevos empleos, apoyos económicos o recalificación laboral; o cuando el giro hacia los vehículos eléctricos elimina puestos en la manufactura automotriz tradicional, los trabajadores enfrentan una pérdida inmediata de ingresos. Sumado al aumento del costo de vida, esto puede convertir la transición en un choque económico inesperado para las comunidades afectadas.

Gran parte del rechazo contra los impuestos al carbono, las reformas energéticas o las políticas industriales suele presentarse como una cuestión cultural o ideológica. Pero a menudo es material: cuando la seguridad económica se erosiona, la ambición climática pierde su licencia social.

El principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" ha sido el norte de las negociaciones climáticas internacionales. Este reconoce que los países con mayores emisiones históricas y más recursos financieros deben llevar la delantera.

Ahora que la acción climática forma parte de las cadenas de valor, este mismo principio debe aplicarse a los salarios y al costo de vida.

Hoy, la responsabilidad de implementar esto recae también en empresas cuyos ingresos superan el PIB de muchos países, y cuyas políticas de compra definen los sueldos y condiciones laborales a nivel global. Si los Estados tienen una responsabilidad diferenciada por sus emisiones, las empresas deben tenerla por las consecuencias económicas de la transición verde.

El Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro (específicamente la Acción 55c) exige reforzar la rendición de cuentas corporativa y alinear al sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible.

En la práctica, esto significa establecer expectativas globales más claras sobre cómo planean las empresas su transición, su responsabilidad en la cadena de suministro y la debida diligencia en derechos humanos. Bajo el liderazgo del Pacto Global, la ONU está trazando una hoja de ruta para aclarar el rol empresarial en marcos como el Acuerdo de París.

Esto refleja una realidad innegable: la ambición climática no puede depender solo de promesas gubernamentales mientras no se toquen los incentivos del mercado que perpetúan la desigualdad.

Pese a los discursos, la mayoría de los planes de transición siguen centrados exclusivamente en el carbono: las empresas modelan al detalle las metas de emisiones, pero casi nunca las trayectorias salariales. Proyectan inversiones millonarias en energías renovables, pero no la estabilidad económica que los trabajadores necesitan para sobrevivir al cambio industrial.

El concepto de “transición justa” aparece en todos los informes de sostenibilidad, pero los salarios dignos, la negociación colectiva y la seguridad de los ingresos se siguen tratando como temas secundarios o voluntarios.

Por ejemplo, la WBA ha revelado que menos de una de cada diez empresas influyentes evalúa sistemáticamente los riesgos de derechos humanos en su cadena de suministro. Muchas ni siquiera rastrean el origen de sus productos ni gestionan esos riesgos, aunque admitan su impacto en el clima y la naturaleza.

Descarbonizar la economía a gran escala exige movilizar a la fuerza laboral y apostar por el reciclaje profesional y la reasignación sectorial. Ejemplos de éxito son los acuerdos tripartitos para el cierre de minas de carbón en España —que protegen los ingresos mientras los trabajadores se capacitan— y la Academia Offshore de Dinamarca, que ayuda a empleados del sector petrolero a migrar a la energía eólica marina. También existen iniciativas de "acero verde" que vinculan la producción con hidrógeno a garantías de empleo y formación.

Lograr este cambio requiere el respaldo de la sociedad. Se requerirá el consentimiento público para la política industrial, la expansión de la infraestructura y el cambio de comportamiento; un respaldo que debe asegurarse mediante el diálogo social formal, la consulta comunitaria y mandatos gubernamentales claros.

Ese consentimiento depende de que los beneficios y los costos de una transición verde se repartan de manera justa. Sin seguridad económica, el riesgo de la transición se convierte en un riesgo sistémico.

Las investigaciones más recientes refuerzan este vínculo. Las empresas que se abastecen en regiones con alto riesgo climático suelen beneficiarse de los salarios bajos, pero a medida que el riesgo aumenta, trasladan su demanda a otros lugares.

Esto deprime aún más los sueldos locales y amplifica la desigualdad. Datos de Estados Unidos muestran que las olas de calor reducen el crecimiento salarial y el empleo en las zonas afectadas, un fenómeno que empuja a las empresas a trasladar sus operaciones hacia regiones con mayor seguridad climática.

A nivel mundial, el estrés climático reduce la productividad y aumenta la volatilidad de los ingresos, especialmente en los sectores más expuestos. Cuando las empresas mueven su capital y producción sin proteger los salarios ni los medios de subsistencia, los trabajadores de estas regiones son los primeros en pagar el precio. Con el tiempo, las empresas heredan las consecuencias: mayor inestabilidad, alta rotación de personal y brechas regionales más profundas.

Una transición verde basada en el trabajo precario no solo es injusta; es económicamente frágil.

Los participantes en las cumbres de Brasil y Doha pidieron un nuevo contrato social para un mundo en calentamiento. Pero cumplir esa ambición exige alinear los indicadores climáticos con los de desigualdad, y la planificación de la transición con los estándares laborales. Los salarios dignos, las compras responsables y la voz de los trabajadores no son "extras" sociales; son la infraestructura central de la transición.

La siguiente fase del liderazgo climático debe evaluar si la descarbonización realmente garantiza la seguridad económica de las personas cuyas vidas está transformando.