Por qué las cadenas de suministro globales necesitan gobernanza local para mejorar los derechos humanos

Desde las trabajadoras de la confección en Bangladesh, que cosen durante turnos de 14 horas, hasta los mineros de cobalto en el Congo que excavan con las manos desnudas, las violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro globales persisten a pesar de años de reformas. Muchas multinacionales prometen cadenas de suministro libres de violaciones, pero la mayoría no logra ver más allá de los proveedores de primer nivel. Las personas más afectadas permanecen invisibles y las violaciones no se abordan.

Incluso en las iniciativas corporativas para mejorar los derechos humanos, las personas que mejor entienden las condiciones locales, activistas y grupos comunitarios, rara vez son incluidos en la toma de decisiones. Las asociaciones entre multinacionales y grandes ONG suelen parecer participativas, pero no logran generar cambios reales. Como nos dijo un representante de la sociedad civil: “Nos auditan, pero nunca nos preguntan.”

La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) propuesta inicialmente por la Unión Europea representa un paso importante para responsabilizar a las corporaciones multinacionales por sus impactos en derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, la reciente decisión de la UE de limitar el alcance de la directiva a empresas con más de 5.000 empleados y 1,5 mil millones de euros (1,73 mil millones de dólares) en facturación debilita significativamente su alcance y diluye su ambición original.

Esta directiva restringida es una oportunidad perdida. La verdadera rendición de cuentas requiere medidas más amplias, alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Las normas redactadas en Europa son difíciles de aplicar en cadenas de suministro vastas y opacas. Cuando la supervisión se separa de los lugares donde ocurren las violaciones, el cumplimiento se convierte en una formalidad.

Nuestro estudio, publicado en el Journal of Business Ethics, se basa en 54 entrevistas con organizaciones de la sociedad civil en 20 países, desde Mozambique hasta Vietnam y Brasil. Estos grupos locales tienen el conocimiento más profundo sobre las condiciones laborales y la realidad de las comunidades, pero son los menos involucrados en la creación de soluciones.

Las organizaciones locales de la sociedad civil describen un patrón conocido: las decisiones clave las toman las multinacionales, y los grupos de base sólo son consultados después de que se han tomado. Un activista en Mozambique observó que, en algunos contextos, las empresas parecen tener más influencia que los gobiernos locales. Esto recuerda el desequilibrio que heredan las multinacionales y la responsabilidad que conlleva.

Esta exclusión es poco ética e ineficaz. Los desequilibrios de poder y la desconfianza hacen que incluso las iniciativas bien intencionadas rara vez cambien la vida diaria de los trabajadores. Ampliar las listas de verificación de auditorías sin redistribuir el poder solo refuerza los mismos problemas estructurales. Nuestras entrevistas muestran que el progreso significativo ocurre cuando las organizaciones locales de la sociedad civil son tratadas como socias y se les da poder para ayudar a diseñar sistemas de reclamaciones, verificar el cumplimiento y definir medidas preventivas.

A esto lo llamamos un "modelo de gobernanza basada en lo local": una forma adaptativa y descentralizada de gestionar cadenas de suministro globales que integra la colaboración en el sistema, en lugar de imponerla desde arriba.

Durante décadas, la gobernanza corporativa en las cadenas de suministro globales ha seguido un modelo lineal: la sede establece los estándares, los proveedores los cumplen y los auditores externos verifican. Esta cascada de cumplimiento parece eficiente en el papel, pero rara vez lo es en la práctica. Asume que las reglas fluyen hacia abajo y la información hacia arriba de manera natural, una estructura que a menudo oculta, en lugar de resolver, los abusos.

Nuestra investigación demuestra que la gobernanza se vuelve más efectiva cuando refleja la realidad de las comunidades locales y genera confianza entre las personas que busca proteger. Los sistemas de arriba hacia abajo suelen reproducir las mismas desigualdades que pretenden corregir, mientras que los modelos basados en lo local aprovechan la proximidad, la comprensión cultural y la rendición de cuentas para generar cambios significativos. Organizaciones locales de la sociedad civil, ONG del país de origen, proveedores y empresas co-diseñan sistemas de reparación y prevención que evolucionan con el tiempo. Dialogan, prueban y ajustan.

Un ejemplo de este cambio se observa en el sector automotriz global, donde BMW, Mercedes y ZF trabajaron con actores de la sociedad civil de Alemania y México para desarrollar un mecanismo de quejas en las cadenas de suministro mexicanas. Oliver Winter, jefe de Derechos Humanos de BMW, destacó que la sociedad civil participa porque sus capacidades y conocimientos locales son necesarios para complementar los esfuerzos corporativos. Esta iniciativa muestra cómo las empresas y las organizaciones de la sociedad civil pueden mejorar la accesibilidad y la capacidad de respuesta de los procesos de reclamación.

Aunque los grupos de la sociedad civil han advertido que tales colaboraciones siguen siendo un trabajo en progreso, especialmente en lo que respecta a incluir directamente a los titulares de derechos, como las comunidades indígenas, en la toma de decisiones.

Las empresas que adoptan una gobernanza informada localmente logran condiciones laborales más justas y obtienen tres ventajas clave. Primero, obtienen información más precisa y oportuna sobre los riesgos. En nuestro estudio, las organizaciones locales de la sociedad civil relataron casos en los que los proveedores subcontrataban en secreto la producción a instalaciones no registradas, información que nunca llegaba a la sede de la multinacional. Estas organizaciones son capaces de revelar abusos que las auditorías formales a menudo no detectan.

Segundo, construyen relaciones más sólidas y basadas en la confianza con trabajadores y comunidades. A diferencia de los auditores externos que visitan con poca frecuencia, las organizaciones locales de la sociedad civil están integradas en la vida diaria de los afectados. Su presencia continua ayuda a superar el miedo y la desconfianza, permitiendo que los trabajadores hablen abiertamente y participen en la resolución conjunta de problemas. En nuestro estudio, varias organizaciones de la sociedad civil describieron cómo la cooperación a largo plazo con sindicatos convirtió relaciones tensas con proveedores en diálogos constructivos que llevaron a mejoras graduales en las condiciones laborales.

Tercero, las empresas ganan mayor legitimidad ante reguladores y partes interesadas. Cuando las empresas involucran a organizaciones locales de la sociedad civil y a los titulares de derechos en los procesos de gobernanza, sus esfuerzos en derechos humanos dejan de percibirse como ejercicios de relaciones públicas y se convierten en iniciativas creíbles e inclusivas. El Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad contra Incendios y en los Edificios, por ejemplo, otorgó por primera vez a los sindicatos locales y a los equipos de inspección un rol formal de supervisión. Esto condujo a mejoras medibles en la seguridad laboral e inspiró acuerdos vinculantes similares en otros sectores. Sin embargo, su posterior transición a un organismo de supervisión nacional ha generado preocupación sobre si tales mecanismos pueden mantener su independencia y efectividad una vez que los intereses corporativos y políticos vuelven a influir.

Al conectar la política con la práctica, las organizaciones locales de la sociedad civil actúan como intermediarios sociales, traduciendo compromisos abstractos en mejoras concretas y vividas.

Incluye a grupos de base, sindicatos y titulares de derechos en el diseño y monitoreo de la diligencia debida. Su proximidad y comprensión cultural hacen que sus aportes sean más precisos y creíbles.

Comprometerse de manera constante y compartir información abiertamente para generar confianza y reducir los desequilibrios de poder.

Financiar y capacitar a los socios locales, asegurando que puedan actuar sin temor a represalias. Muchas organizaciones de la sociedad civil carecen de recursos y son excluidas de las decisiones iniciales, a pesar de su rol crucial.

Reemplazar listas de verificación rígidas por sistemas ágiles que aprendan del feedback continuo y local. Cuando la información de quienes están más cerca de los riesgos alimenta las decisiones, la supervisión se vuelve más receptiva y protectora.

Reconocer a los proveedores que identifican y abordan problemas en lugar de ocultarlos. El progreso real depende de la apertura, no de puntajes perfectos en auditorías.

La gobernanza basada en lo local conecta la ambición global con el conocimiento local. Reconoce que el progreso depende no solo de las reglas, sino también de las relaciones, y que los conflictos, cuando se manejan de manera abierta, pueden fortalecer la colaboración. Cuando las empresas abren ese espacio, la diligencia debida deja de ser solo un requisito legal: se convierte en una práctica de confianza y en la manera más confiable de proteger la dignidad, los derechos y los medios de vida de las personas que hacen posible el negocio global.