La adaptación está ganando protagonismo en la agenda climática. La COP30 debe tomarse en serio su financiamiento

Todos los ojos están ahora puestos en la Amazonía, mientras la conferencia global sobre cambio climático COP30 comienza en Belém, Brasil. Gran parte de la atención se centrará en los compromisos de los países para reducir sus emisiones de carbono y mitigar los efectos de la crisis climática, así como para frenar el calentamiento global.

Sin embargo, el mundo enfrenta impactos del cambio climático que se intensifican, algunos de los cuales nunca desaparecerán, incluso si redujéramos drásticamente nuestras emisiones hoy. La cuestión de cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad es tan crucial como reducir las emisiones, especialmente para los países que ya se ven profundamente afectados por inundaciones, olas de calor e incendios forestales de creciente frecuencia e intensidad.

Históricamente ignorada y con escasos recursos, la adaptación ha ganado un impulso significativo recientemente, incluyendo en la Conferencia Climática de Bonn de junio y en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. De manera crucial, la Presidencia de la COP de este año también ha dejado claro que considera la adaptación una prioridad, y que el financiamiento para la adaptación debe formar parte del paquete de la COP30.

A pesar de todo esto, actualmente no hay ningún espacio en la agenda donde podamos esperar una respuesta a la pregunta crucial: ¿Cómo se financiarán exactamente los esfuerzos de adaptación al clima?

Se espera que los países acuerden un conjunto de indicadores para hacer seguimiento del progreso hacia el Objetivo Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés), establecido como parte del Acuerdo de París. Estos indicadores están diseñados para ayudar a los países a monitorear métricas clave de resiliencia climática, como el acceso al agua, la implementación de sistemas de alerta temprana, la mortalidad causada por olas de calor extremas, entre muchas otras.

Finalizar este marco permitirá identificar dónde hacen falta con mayor urgencia las inversiones en adaptación, qué sectores reciben más financiamiento y qué grupos específicos —incluyendo mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas— enfrentan mayores riesgos.

No es perfecto, por supuesto; el reporte sobre indicadores específicos seguirá siendo voluntario y dependerá en gran medida de la capacidad financiera y técnica de cada país para el monitoreo. Sin embargo, representa un hito importante, ya que marca un cambio de las negociaciones a la implementación.

El elefante en la habitación, sin embargo, sigue siendo la cuestión del financiamiento. Aunque el marco de indicadores del GGA permitirá rastrear de manera efectiva los flujos globales de financiamiento para la adaptación, debe ir acompañado de un nuevo compromiso financiero para la adaptación. A pesar de todo el progreso logrado en la evaluación de necesidades, sin claridad sobre los recursos financieros, la COP30 no podrá iniciar una nueva fase de implementación de la adaptación que el mundo necesita con urgencia.

El financiamiento es, previsiblemente, un tema conflictivo en cada COP. Los fracasos reiterados de los países desarrollados para movilizar los 100.000 millones de dólares anuales prometidos para financiamiento climático, acordados en Copenhague en 2009, han erosionado la confianza de los países en desarrollo en el proceso.

La última noticia positiva sobre financiamiento para la adaptación surgió de la COP26, cuando los países desarrollados se comprometieron a duplicar su aporte de fondos para la adaptación climática. Ese acuerdo —el Pacto Climático de Glasgow— expira este año, por lo que no hay tiempo que perder en establecer un nuevo compromiso, más ambicioso. Los países menos desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés) están pidiendo triplicar el financiamiento para la adaptación; acordar esto en la COP30 enviaría una señal clara de que los países desarrollados se toman en serio la necesidad creciente de adaptación y buscan cerrar la brecha financiera que continúa ampliándose.

Con presupuestos de ayuda en retroceso y países desarrollados enfrentando presiones internas competidoras, el sector privado es visto cada vez más como una posible solución para cerrar la brecha de financiamiento climático.

Sin embargo, nuevas investigaciones de la Zurich Climate Resilience Alliance revelan claramente las limitaciones de la inversión privada en adaptación. Si bien existen oportunidades para ampliar el rol del sector privado —en particular en proyectos agrícolas y de infraestructura hídrica, y especialmente en países de ingresos medios— su potencial general sigue siendo limitado. Por ejemplo, la protección costera contra inundaciones representa el mayor costo de adaptación a nivel global, pero ofrece oportunidades mínimas de retorno financiero, lo que deja al financiamiento público como la única vía viable para cubrirlo. Mientras tanto, en los países menos adelantados, se estima que el financiamiento privado cubre solo alrededor del 5 % de las necesidades de adaptación.

Aunque debe fomentarse el financiamiento privado para la adaptación cuando pueda ser eficaz, no reemplaza la escala ni la fiabilidad del financiamiento público, indispensable para cerrar la brecha anual de 300.000 millones de dólares en adaptación. El financiamiento público internacional debe aumentar de manera drástica y brindarse como donaciones o préstamos altamente concesionales para evitar generar o agravar crisis de deuda. Enfoques audaces, como reorientar subsidios perjudiciales a los combustibles fósiles, pueden abrir la puerta al cambio transformador necesario para proteger a quienes están más expuestos a impactos climáticos que se intensifican rápidamente.

A medida que crece el impulso en torno a la adaptación, este es el momento de reconocerla por lo que realmente es: una línea de vida esencial para las comunidades amenazadas por desastres relacionados con el clima, capaz de proteger vidas y medios de subsistencia, ahora y en el futuro.

Numerosos estudios señalan los beneficios económicos y sociales de invertir en adaptación, y muestran cómo estas inversiones reducen de manera significativa las pérdidas futuras. Pero más allá de la prudencia financiera, la adaptación también es una cuestión de responsabilidad histórica; como dejó claro este año un fallo de la Corte Internacional de Justicia, muchos países asumieron compromisos para apoyar a los más vulnerables al clima a medida que enfrentan riesgos crecientes. Ya es hora de cumplirlos.

El ritmo lento de las negociaciones climáticas es una frustración recurrente en cada COP, y los resultados suelen quedarse cortos frente a la magnitud de la crisis climática. En la COP30, el mundo tiene la oportunidad de pasar de los compromisos a la acción. Pero esto solo será posible si el financiamiento para la adaptación es adecuado, previsible, equitativo y accesible, y si llega a quienes más lo necesitan.