Cómo las políticas comerciales pueden contribuir a crear una economía digital más justa

La economía digital está transformando los medios de vida a un ritmo sin precedentes. Los servicios digitales representan ahora más del 50% de las exportaciones mundiales de servicios y la inversión de las empresas en inteligencia artificial (IA) se ha disparado hasta alcanzar los 252 000 millones de dólares en 2024.

Según un informe de McKinsey de 2016, más de 160 millones de personas en Estados Unidos y Europa se dedican a algún tipo de trabajo independiente, con un crecimiento continuo en los servicios de transporte a través de plataformas, entrega de comida a domicilio, trabajo autónomo en línea, anotación de datos a distancia o microtareas impulsadas por IA.

Los gobiernos tratan de aprovechar este impulso. Países como Kenia, India, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos se están posicionando como polos digitales globales, invirtiendo en estrategias de IA, infraestructura digital y desarrollo de habilidades para competir en esta economía sin fronteras.

Pero bajo la superficie de la innovación y las oportunidades se esconde una brecha cada vez mayor. Si bien las plataformas digitales están generando millones de puestos de trabajo, la calidad de estos empleos con frecuencia es deficiente. Muchos trabajadores se enfrentan a ingresos precarios, carecen de protección social y tienen pocas vías para negociar condiciones justas.

La dimensión comercial es fundamental en este sentido: muchos empleos digitales nacen con una dimensión global, en la que los trabajadores y las plataformas realizan transacciones transfronterizas desde el primer día. A medida que el trabajo digital se convierte en una exportación clave para muchos países en desarrollo, los temas relacionados con la política y los estándares comerciales se vuelven inseparables de los debates sobre empleo y medios de vida.

Muchos empleos digitales quedan fuera del alcance de las protecciones laborales. Los trabajadores digitales se enfrentan a varios desafíos clave, entre ellos la falta de contratos formales, la ausencia de garantías de salario mínimo y medidas limitadas de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Tampoco tienen acceso a beneficios de protección social, como seguro médico o pensión, y a menudo están excluidos de los mecanismos de negociación colectiva que protegen los derechos de los trabajadores en entornos laborales más formales.

En Kenia, por ejemplo, 1,9 millones de personas, entre ellas muchos jóvenes y mujeres, se dedican al trabajo digital atraídos por la promesa de ingresos flexibles. Sin embargo, tienen que navegar por sistemas de pago basados en algoritmos y desactivaciones repentinas de cuentas sin posibilidad de recurso.

Estos desafíos no son exclusivos de Kenia. En India, más de 7,7 millones de trabajadores de la economía gig, empleados en diversas plataformas, se enfrentan a problemas similares, como la volatilidad de los ingresos y la falta de prestaciones laborales. En Filipinas, los trabajadores autónomos en línea reciben salarios más altos por atender a clientes internacionales, pero se enfrentan a obstáculos para acceder a seguro médico y pensiones a nivel local.

La situación se complica aún más por la automatización impulsada por IA. Esta amenaza a los trabajos menos cualificados en sectores como la anotación de datos, el servicio al cliente y la moderación de contenidos – sectores en los que muchos países en desarrollo han fomentado la exportación del trabajo digital.

Es importante reconocer que la economía digital no es un bloque monolítico. Los diferentes modelos de negocio presentan diferentes riesgos y oportunidades para los trabajadores:

Están surgiendo respuestas personalizadas, como el seguro de accidentes de Glovo en Kenia y el microseguro de Britam Connect, que ofrece cobertura médica a los trabajadores temporales por solo 5 KES (0,039 dólares) por desplazamiento. Mientras tanto, estándares éticos como el sistema de calificación de Fairwork presionan a las plataformas para que mejoren las condiciones, pero carecen de fuerza sin una regulación que los avale.

A nivel global, los países tratan de adaptar sus leyes a la rápida transformación del mundo laboral. La mayoría de los trabajadores digitales no encajan perfectamente en las categorías jurídicas existentes de «empleado» o «contratista independiente». Esta zona gris jurídica deja a los trabajadores sin acceso a las protecciones que tradicionalmente se asocian al empleo formal.

Algunos países están tomando medidas para cerrar esta brecha. Singapur introdujo sistemas obligatorios de indemnización por lesiones y de ahorro para pensiones para los trabajadores de plataformas. En el Reino Unido, las directrices no reglamentarias para los empleadores reconocen a la "tercera" categoría de trabajadores (ni "empleados" ni "autónomos"), que probablemente son los que trabajan en empleos menos permanentes o a tiempo completo con una sola organización. A estos trabajadores se les concede un conjunto básico de protecciones laborales que también se extienden a los trabajadores temporales/de plataformas.

Mientras tanto, la Ley Rider de España clasifica a los repartidores de comida a domicilio como empleados. Sin embargo, el exceso de regulación corre el riesgo de erosionar la flexibilidad que atrae a los jóvenes, las mujeres y los cuidadores al trabajo gig. Los marcos legales deben equilibrar la protección con la flexibilidad.

Además, estas reformas siguen estando fragmentadas. El trabajo digital es intrínsecamente transfronterizo. Los autónomos de Nairobi pueden trabajar para clientes en San Francisco, Londres o Bangalore. Sin una armonización de los estándares, existe un riesgo creciente de que se produzca una carrera a la baja, en la que las jurisdicciones debilitan las protecciones para atraer empleo e inversión.

Esta fragmentación es especialmente preocupante para los países en desarrollo que apuestan por las exportaciones de trabajo digital como motor del crecimiento económico.

A pesar de estos desafíos, existe un impulso creciente para establecer normas globales para el trabajo digno en la economía digital, entre los que se incluyen:

Estos esfuerzos indican una comprensión de que la transformación digital debe ir acompañada de protecciones, no solo ganancias.

La naturaleza transfronteriza del trabajo digital significa que no basta con aplicar políticas nacionales. Los acuerdos comerciales y de inversión son herramientas poderosas que pueden ayudar a configurar el futuro del trabajo.

Para Kenia y otros países africanos, acuerdos comerciales como el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), el Acuerdo de Asociación Económica entre Kenia y la UE, así como el recientemente firmado Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Kenia y los Emiratos Árabes Unidos, representan oportunidades para integrar la protección laboral en la economía digital.

Las políticas comerciales y de inversión pueden:

Sin estas medidas, existe el riesgo de que el trabajo digital sea un motor de precariedad laboral en lugar de prosperidad compartida. Al mismo tiempo, es importante reconocer que los países son soberanos a la hora de regular sus mercados laborales. Si bien los acuerdos comerciales pueden fomentar la convergencia, la decisión final sobre la definición y la aplicación de los estándares laborales recae en los gobiernos nacionales.

La economía digital no es inevitablemente inclusiva, sino que debe ser diseñada y gobernada para ello.

La experiencia de Kenia pone de relieve la promesa y los obstáculos de la rápida transformación digital. Sus inversiones proactivas en infraestructura digital y estrategias de inteligencia artificial son admirables, pero las deficiencias en materia de protección laboral son igualmente instructivas para otros países que se encuentran en la misma trayectoria.

Para abordar estos desafíos se requiere un diálogo tripartito inclusivo entre gobiernos, empresas y representantes de los trabajadores. Los debates globales sobre el futuro del trabajo se aceleran, ya sea en la OIT, en las negociaciones comerciales o a través de reformas nacionales. La prioridad debe ser clara: una economía digital que aporte no solo innovación y crecimiento, sino también dignidad, equidad y seguridad a los trabajadores de todo el mundo.

Para un análisis más profundo de la experiencia y las vías políticas de Kenia, consulte el libro blanco Trade and Labour Pathways for Decent Work in Kenya’s Digital Economy (Vías comerciales y laborales para el trabajo decente en la economía digital de Kenia), publicado como parte del Programa de Comercio y Trabajo dirigido conjuntamente por el equipo de Comercio e Inversión del Foro Económico Mundial y la plataforma Thinking Ahead on Societal Change (TASC).