Cómo las ciudades centradas en las personas abordan la pobreza multidimensional en América Latina

América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Aproximadamente el 82% de su población reside en las zonas urbanas, muy por encima del promedio mundial del 55%. Si bien las ciudades se han convertido en potentes motores del crecimiento económico y el progreso social, la rápida urbanización también ha traído consigo un aumento de la desigualdad. Aunque la región logró una reducción significativa de la pobreza monetaria, que se situó en el 26% en 2022, la naturaleza de la pobreza ha cambiado y se ha vuelto predominantemente urbana. La proporción de personas que viven en la pobreza en las zonas urbanas aumentó del 66% en 2000 al 73% en 2022, reflejando una profunda transformación en la geografía de la privación.

La pobreza urbana ya no se define únicamente por la insuficiencia de ingresos. Más bien, se caracteriza por una combinación de desventajas que se superponen. El concepto de pobreza multidimensional capta esta realidad, reconociendo que los hogares pueden obtener ingresos y, sin embargo, carecer de acceso a una vivienda adecuada, a la educación, a la atención médica y a los servicios esenciales. Investigaciones recientes de la CEPAL y el PNUD muestran que más del 15% de la población urbana de América Latina vive en situación de pobreza multidimensional. Aunque esta tasa sigue siendo inferior a la de las zonas rurales, el número absoluto de personas afectadas es considerable debido a la alta concentración urbana de la región. Esto incluye a familias que viven en barrios informales sin agua potable ni saneamiento, comunidades con altas tasas de malnutrición y oportunidades educativas y económicas limitadas.

La magnitud del desafío se pone aún más de relieve en estimaciones recientes que muestran que solo tres países de la región – Brasil, Venezuela y México – concentran el 59% de todas las personas que viven en la pobreza extrema en América Latina. Esta concentración, que afecta a más de 52 millones de personas que viven con menos de 3,65 dólares al día, subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes, focalizadas e integradas.

La rápida expansión urbana, combinada con los efectos crecientes del cambio climático, ha creado condiciones que agravan aún más la pobreza. Muchas ciudades han crecido más rápido de lo que sus gobiernos pueden planificar o regular, lo que ha dado lugar a un desarrollo informal generalizado en zonas expuestas a riesgos ambientales. Los barrios ubicados en los cerros, valles aluviales y zonas periurbanas a menudo carecen de la infraestructura necesaria para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los choques relacionados con el clima tienden a afectar más a los más pobres, ya que son más propensos a vivir en alojamientos vulnerables y carecen de recursos para recuperarse. Sin medidas correctivas urgentes, la región corre el riesgo de perder décadas de progreso social. Algunas estimaciones indican que los choques climáticos podrían aumentar el número de personas que viven en la pobreza extrema hasta en un 300% para 2030.

El cambio climático también intensifica las desigualdades preexistentes. A medida que las poblaciones rurales se ven desplazadas por sequías, tormentas o la degradación de la tierra, muchas personas emigran a las zonas urbanas y se instalan en barrios informales ya sobrecargados. Esto aumenta la presión sobre los servicios públicos, exacerba la exclusión y alimenta un ciclo de pobreza. Las mujeres de las zonas urbanas se ven especialmente afectadas. Uno de cada cuatro hogares urbanos de la región está encabezado por una mujer, la proporción más alta del mundo. Estos hogares a menudo se enfrentan a retos adicionales, como el empleo informal, las responsabilidades de cuidado y el acceso limitado a la protección social. Además, tras los desastres relacionados con el clima, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo debido a las barreras a la movilidad, el menor acceso a recursos y la falta de refugios seguros.

A pesar de la complejidad del desafío, las ciudades de la región son también espacios de innovación. Numerosos ejemplos demuestran que es posible reducir la pobreza multidimensional y, al mismo tiempo, fortalecer la resiliencia urbana. La estrategia de urbanización social de Medellín (Colombia) ha contribuido a transformar algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad. La inversión en infraestructuras inclusivas, como el transporte público, las bibliotecas, los espacios verdes y los centros culturales, ha reforzado la cohesión de la comunidad y ha contribuido a reducir significativamente la violencia. Del mismo modo, las soluciones de movilidad sostenible en ciudades como Curitiba, Bogotá y Ciudad de México han ampliado el acceso a las oportunidades económicas, reducido los tiempos de desplazamiento y mejorado la calidad del aire, lo que beneficia especialmente a las personas con bajos ingresos.

Se están adoptando cada vez más soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los riesgos climáticos. Iniciativas como plantar árboles, crear bosques urbanos y restaurar humedales en ciudades como Lima y Bogotá contribuyen a regular la temperatura, prevenir inundaciones y crear espacios públicos que mejoran el bienestar. En Quito (Ecuador), la creación de laboratorios urbanos ha involucrado a comunidades, universidades y autoridades locales en el diseño conjunto de mejoras urbanas. Estos modelos participativos han demostrado ser eficaces para ofrecer soluciones de bajo costo y alto impacto, al tiempo que fomentan un mayor sentido de pertenencia y agencia entre los residentes.

Estos esfuerzos demuestran que la colaboración entre los actores locales, respaldada por el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas, puede impulsar un cambio significativo. La resiliencia urbana y la inclusión social no dependen únicamente de inversiones a gran escala, sino también de innovación, adaptabilidad y voluntad de situar a las personas en el centro de las decisiones políticas.

Abordar la compleja relación entre la pobreza urbana, la desigualdad y la vulnerabilidad climática requiere respuestas integradas y a largo plazo. Las ciudades deben ser planificadas y gestionadas con un enfoque centrado en la equidad, la sostenibilidad ambiental y la reducción de riesgos. Esto incluye garantizar que el uso del suelo esté regulado para evitar zonas de alto riesgo, a la vez que se proporcionan infraestructuras, viviendas y servicios esenciales adecuados en zonas seguras, accesibles y propicias para el desarrollo humano.

Las inversiones en infraestructura inclusiva son particularmente importantes. Sistemas de transporte asequibles y sostenibles, viviendas energéticamente eficientes, redes de agua y saneamiento resilientes y espacios públicos que promuevan la seguridad y la interacción social pueden tener efectos transformadores. Al mismo tiempo, se necesitan sistemas sólidos de protección social urbana para ayudar a las comunidades a hacer frente a las crisis. Medidas como los sistemas de alerta temprana, la formación en preparación para desastres y las estrategias de adaptación dirigidas por la comunidad han demostrado ser fundamentales para reducir la vulnerabilidad.

Para financiar estas transformaciones se requieren mecanismos innovadores, como la mejora de la recaudación de ingresos locales, incentivos para la inversión verde y el acceso a instrumentos de financiación combinada. En la medida de lo posible, las políticas urbanas deben alinearse con los objetivos sociales y ambientales para evitar enfoques fragmentados o aislados. También debe darse prioridad a la planificación con perspectiva de género, la toma de decisiones basada en datos y los procesos de gobernanza inclusivos.

Por último, es esencial reconocer el papel del comportamiento humano y la concientización colectiva. El cambio transformador no vendrá solo de la infraestructura. Cuando las comunidades adoptan comportamientos más sostenibles, fortalecen la cohesión social y participan activamente en la configuración de sus entornos urbanos, ayudan a construir ciudades más resilientes y justas.

La naturaleza multidimensional de la pobreza urbana exige un debate que vaya más allá de las métricas. Se trata de la dignidad, las oportunidades y el derecho a prosperar en entornos que favorezcan la salud, la seguridad y el bienestar. A medida que los procesos de urbanización siguen remodelando la región, se abre una ventana de oportunidad para reimaginar nuestras ciudades como motores de un desarrollo inclusivo y con bajas emisiones de carbono. Llevar este debate a plataformas más amplias, fomentar la colaboración entre regiones y disciplinas y situar a las personas en el centro de la transformación urbana son pasos esenciales para garantizar que nadie se quede atrás. Situar a las personas en el centro de esta transformación no es solo un imperativo moral, sino también un camino hacia un futuro urbano más equitativo, sostenible y próspero.