Protección social digital: Cómo fomentar la resiliencia y la equidad en las comunidades

En todo el mundo se han adoptado tecnologías digitales para mejorar la eficiencia de diversos servicios de protección social para los grupos y hogares marginados.

Por ejemplo, la digitalización de las transacciones a través de sistemas de información de gestión (SIG) puede mejorar la contabilidad y la transparencia y aplicar estrictamente los procedimientos administrativos. Los registros sociales creados mediante distintos métodos de enumeración pueden dirigir mejor las prestaciones y atender a quienes cumplan los criterios predefinidos.

A través de la autenticación biométrica, se pretende reducir las fugas de recursos públicos en la distribución de prestaciones sociales, mientras que la infraestructura pública digital modulariza componentes (por ejemplo, autenticación, transferencias bancarias) para estandarizar y evitar duplicidades.

Si bien estos esfuerzos ahorran fondos públicos, se han documentado exclusiones generalizadas por problemas en su implementación. Estos incluyen fallos tecnológicos, desajustes biométricos, problemas de conectividad o errores en la entrada de datos y fraudes derivados de la brecha de alfabetización digital entre ciudadanos y agentes.

Además, es difícil diagnosticar y solucionar los errores que ocurren en las complejas vías digitales que se extienden por muchos organismos, lo que provoca disrupción del servicio.

Años de activismo por parte de la sociedad civil han llevado a la creación de centros de servicios offline e infraestructuras de última milla para apoyar la prestación digital de servicios de protección social. Sin embargo, estas intervenciones están más orientadas a los servicios que a la comunidad, eliminando la agencia que las comunidades tenían anteriormente para reclamar sus derechos.

La interposición de un recurso contra una denegación de prestaciones, que antes se tramitaba localmente, depende ahora de un operador informático distante, que no rinde cuentas al público. Las quejas que podrían resolverse mediante debates locales ahora deben esperar una revisión parlamentaria.

Así pues, la digitalización parece haber cambiado la naturaleza del compromiso ciudadano-Estado, que ha pasado de lo local a lo remoto, de los foros públicos a las pantallas electrónicas. Esto ha ampliado la brecha entre los ciudadanos y el Estado, debilitando la democracia de base.

Sin embargo, en el mundo actual, en el que se entrecruzan retos relacionados al medio ambiente, los medios de subsistencia y la justicia social, lo que más se necesita es lo contrario: comunidades más fuertes y colectivizadas con una comprensión compartida de estas crisis para alinearse en una acción local coordinada. Esto es cada vez más importante dada la necesidad crucial de garantizar protección social para los pobres – que son quienes probablemente se enfrentarán con más dureza a los impactos del cambio climático.

¿Qué herramientas y tecnologías digitales pueden acelerar la protección social para que las comunidades puedan construir resiliencia y prosperidad?

A continuación se presentan ejemplos que abordan programas de protección social orientados a la resiliencia climática y el apoyo a los ingresos, señalando la infraestructura de información necesaria para alcanzar sus objetivos con eficacia.

A pesar de la existencia de programas de protección social para la resiliencia climática, la sostenibilidad y la integridad de muchos sistemas ecológicos están en peligro debido a la desconexión entre las prioridades a corto y largo plazo y entre el bien individual y el bien común.

Por ejemplo, el lento abandono de los fertilizantes químicos, que provocan la degradación del suelo, el creciente uso de aguas subterráneas para el riego, que provoca el agotamiento de los acuíferos y el estrés hídrico, y la degradación de los ecosistemas forestales, debida a la tala y a la recolección ilimitada de productos forestales, están motivados por imperativos de movilidad económica individual y beneficios a corto plazo a costa del bien común.

Un buen punto de partida para que las comunidades se reúnan y creen planes de acción para utilizar los recursos de protección social es llegar a un entendimiento compartido de los retos que afectan a su entorno local, cómo se desarrollaron estos retos y cómo pueden utilizar sus conocimientos tradicionales para abordarlos.

Las tecnologías digitales, como plataformas de datos y herramientas de vigilancia ambiental, pueden proporcionar a las comunidades un mejor acceso a la información sobre la que deben deliberar.

Por ejemplo, plataformas como CoRE stack pueden permitir a las comunidades utilizar diversos sensores para vigilar de cerca sus ecosistemas locales, generando datos detallados y en tiempo real para respaldar una toma de decisiones informada y reforzar su capacidad para gestionar los recursos locales.

Aunque muchos programas de protección social deberían beneficiar proporcionalmente a los grupos marginados, las desigualdades persisten y se perpetúan. Esto se debe a que los grupos y hogares marginados suelen estar subrepresentados o no se les tiene en cuenta en múltiples niveles – social, político y económico –, lo que les impide influir en las políticas públicas, plantear recursos o participar plenamente en los procesos que afectan a sus vidas.

La opresión histórica agrava esta situación y, por lo tanto, es posible que no dispongan de los recursos necesarios para hacer un seguimiento de las demandas pasadas, que pueden simplemente perderse debido a la inacción administrativa, o peor aún, la discriminación.

¿Qué tipo de digitalización puede ayudar en este caso? Muchos países, entre ellos la India, cuentan con una rica arquitectura de descentralización de la gobernanza concebida específicamente en función de la demanda para lograr la equidad en los procedimientos. Sin embargo, el funcionamiento cotidiano de la gobernanza local no suele ser transparente y dificulta la detección de lagunas en los procedimientos.

Por supuesto, la digitalización por sí sola no basta para solucionar este problema, pero puede servir como primer paso para aportar transparencia y poner a disposición de las comunidades información para exigir una rendición de cuentas. Eso tendrá que aumentarse con una infraestructura social que pueda aprovechar esta información. La historia nos enseña que esa movilización se produce y puede mejorar la justicia distributiva cuando los ciudadanos disponen de información adecuada.

Para que estos programas sean más eficaces, es importante contar con un sistema que ayude a los ciudadanos a entender sus derechos y oriéntelos sobre cómo acceder a las ayudas y sobre cómo exigir responsabilidades a las autoridades locales.

Muchos no tienen conocimiento de las oportunidades para reforzar la resiliencia de sus comunidades frente a los retos climáticos ni de cómo aprovechar al máximo la ayuda financiera que reciban. Con información y orientación claras, las comunidades pueden tomar mejores decisiones y defender sus derechos.

Por ejemplo, pasar de los cultivos a las plantaciones de árboles frutales en zonas propensas a la sequía puede ser útil. Sin embargo, estas plantaciones prosperarían en beneficio de las comunidades si estas tuvieran conocimiento de los programas de protección social y acceso a asesoramiento para gestionar las plantaciones - recortar las copas, combatir las infestaciones, etc.

Garantizar el acceso al flujo de efectivo y que no haya retrasos entre las actividades (plantar arbolitos, colocar vallas, acceder a fertilizantes, acceder al agua, etc) también es fundamental. Eso require que el sistema funcione como un reloj. Una infraestructura de información digital que permita hacer aportaciones, plantear quejas y hacer un seguimiento transparente de los avances puede mejorar la eficacia de los programas de protección social.

Plataformas de voz como Mobile Vaani han permitido a las comunidades rurales acceder a esos conocimientos, aprender unos de otros y utilizar los medios de comunicación para fortalecer la rendición de cuentas. El simple envío de alertas por SMS informando a las comunidades sobre cuánto y cuándo se han distribuido los recursos en sus pueblos ha mejorado la satisfacción ciudadana.

El uso de tecnologías digitales en la protección social puede llevar a resultados más democráticos si se conciben para empoderar a las comunidades para que defiendan sus derechos. Ese objetivo va más allá de mejorar la eficiencia de la prestación de servicios por parte de las agencias.

Lo que se necesita hoy es un enfoque centrado en la comunidad, que ayude a los ciudadanos a construir una comprensión compartida de los retos locales, trabajar juntos hacia objetivos comunes, promover la equidad y reforzar la rendición de cuentas a nivel local. La creación de herramientas digitales centradas en reforzar las comunidades daría lugar a un sistema muy diferente y más empoderador que el actual.