Cómo superar las barreras políticas para el crecimiento del sector energético

De los diez mayores obstáculos para el crecimiento de las empresas en el sector energético, cinco están principalmente influenciados por políticas públicas y la política, según nuestra encuesta reciente a 1289 profesionales sénior de la industria energética. El principal obstáculo para el crecimiento fue el riesgo político, que abarca factores como conflictos y cambios de gobierno.

Los otros cuatro obstáculos influenciados por la política son la escasez de habilidades y el envejecimiento de la fuerza laboral, las barreras de permisos o licencias para nuevos proyectos, los desafíos en la cadena de suministro y la falta de inversión en tecnología e innovación. Las políticas y la política también influyen en gran medida en cuatro de los otros cinco obstáculos para el crecimiento en el sector energético.

Estos resultados muestran la conexión intrínseca entre el sector energético y la toma de decisiones gubernamentales, y por qué las políticas energéticas deben fomentar la confianza de los inversores para ayudar a financiar las energías renovables del futuro.

Entre las formas en que las políticas energéticas y climáticas afectan actualmente el crecimiento del sector energético, las metas poco realistas pueden resultar contraproducentes y dificultar la actividad del sector privado. Esto ocurre a menudo debido a la complejidad inherente en la creación de políticas basadas en objetivos. Estas políticas pueden tener impactos significativos y de amplio alcance en los ámbitos ambiental, social, económico y político. A los responsables de políticas les resulta difícil prever todas las posibles consecuencias no deseadas de su legislación.

Por ejemplo, la ronda de subastas de energía renovable anual del Gobierno del Reino Unido en 2023, la Ronda de Asignación 5 (AR5), no logró atraer ninguna oferta de los desarrolladores de energía eólica marina, ya que no ofrecía un precio máximo unitario suficientemente alto para la electricidad. El precio máximo de £44 por megavatio hora (MWh) ofrecido por el gobierno estaba considerablemente por debajo de los precios mayoristas en ese momento, lo que envió una señal negativa a los inversores y afectó las ambiciones del país de alcanzar el objetivo de emisiones netas cero. Los desarrolladores de energía eólica marina volvieron para la más exitosa AR6, con proyectos adjudicados que totalizan 5GW y con un precio de adjudicación más alto de £54/MWh.

Si bien ninguna política de transición energética es inmune a los efectos de la inestabilidad y la incertidumbre política, una planificación cuidadosa y exhaustiva que tome en cuenta las lecciones del pasado puede ayudar a mitigar estos problemas.

Los riesgos ecológicos y climáticos son problemas sin fronteras que requieren cooperación. La alineación e integración de políticas entre países y regiones es fundamental para planificar exitosamente la transición energética. Sin embargo, la fragmentación geopolítica puede interferir en estos esfuerzos conjuntos para alcanzar los objetivos climáticos.

Para superar este desafío, el desarrollo de políticas debe involucrar a la industria y a las comunidades, y abordar tanto cuestiones nacionales como internacionales. Acuerdos internacionales como el Marco Global de Financiamiento Climático, el Compromiso Global de Metano y el Acuerdo de París son piezas fundamentales en esta maquinaria mundial. Sin embargo, las colaboraciones a menor escala, pero igualmente ambiciosas en alcance, también son cruciales.

La Colaboración Energética del Grupo de Visegrado, que involucra a cuatro países de Europa Central, y el North Sea Wind Power Hub, una asociación de tres empresas energéticas europeas, son excelentes ejemplos de cómo los países pueden colaborar en políticas de energía y emisiones específicas, aprovechando sus fortalezas y ventajas geográficas únicas para avanzar en objetivos comunes.

Otro ejemplo obvio, pero no menos importante, es la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés) de 2022. Esta ley alinea los objetivos de descarbonización con estrategias económicas más amplias, como la resiliencia de las cadenas de suministro, el desarrollo de la manufactura local, la creación de empleo y la protección de la seguridad nacional. Además, prioriza la atracción de capital para asegurar una transición energética justa.

En la región de Asia-Pacífico, el Acuerdo de Economía Verde entre Australia y Singapur establece las bases para la colaboración entre ambos países para impulsar el crecimiento mientras reducen las emisiones al combinar objetivos comerciales, económicos y climáticos.

El tiempo apremia en lo que respecta a los objetivos de calentamiento global. Las emisiones de CO2 deben reducirse a aproximadamente la mitad de los niveles de 2019 para 2030, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero deben disminuir un 43% para 2030 y un 60% para 2035. Sin embargo, las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía aumentaron en 2023.

Los objetivos penden de un hilo, y la tendencia de calentamiento global es clara. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus registraron el junio más cálido hasta la fecha en 2024, marcando el 13º mes consecutivo en el que la temperatura media mundial alcanzó un récord mensual. Esta es una advertencia clara de que se necesita una acción climática más ambiciosa.

No obstante, los recursos financieros que se necesitan para impulsar la transición energética son enormes. La Agencia Internacional de la Energía estima que lograr la neutralidad de carbono en 2050 requerirá 4 billones de dólares anuales en promedio para inversión en activos físicos. McKinsey sugiere que esa cifra estará más cerca de los 9,2 billones de dólares. De cualquier forma, se necesitará financiación innovadora y colaborativa, superando todo lo que la industria financiera haya visto hasta ahora.

Existe una expectativa generalizada de que el capital estará disponible, pero asegurar y asignarlo es un proceso complejo. El éxito o fracaso de la transición energética dependerá de lograr que el dinero, al precio y momento correctos, llegue a los proyectos correctos en los lugares correctos.

Para que eso ocurra, las empresas energéticas que lideran esta transición deben poder operar con confianza y libertad. Políticas como el impuesto sobre beneficios energéticos del Reino Unido corren el riesgo de obstaculizar las decisiones de inversión de las empresas de energía al afectar la claridad a largo plazo que se necesita para financiar las energías renovables del futuro.

En última instancia, los gobiernos y las organizaciones del sector privado deben trabajar en conjunto para garantizar que se construyan políticas energéticas y climáticas dinámicas y flexibles, de manera que aseguren la estabilidad del mercado, la confianza de los inversionistas y un compromiso inquebrantable con la neutralidad de carbono.