¿Qué esperar de las infraestructuras públicas digitales en 2024?

2023 ha sido crucial para el desarrollo digital mundial. Uno de los indicios de esta nueva evolución ha sido el cambio en el lenguaje en torno a lo digital. Por primera vez, los países llegaron a un consenso sobre la definición de infraestructura pública digital (DPI, por su sigla en inglés).

Términos como "transparencia", "basado en derechos" y "ecosistemas" se articularon aún más en los debates, marcando un significativo alejamiento de la jerga a menudo dirigida por la tecnología.

Según la definición de la Declaración de los Líderes del G20 de Nueva Delhi, la DPI "es un conjunto de sistemas digitales compartidos, seguros e interoperables, construidos sobre tecnologías abiertas, para ofrecer un acceso equitativo a servicios públicos y/o privados a escala social".

Denominados la infraestructura de la era digital, estos sistemas se comparan a menudo con la infraestructura física. Con su naturaleza abierta, la DPI pretende alejarse del enfoque compartimentado de la innovación digital o del enfoque de "el ganador se lo lleva todo" que ha impulsado la digitalización durante las dos últimas décadas.

Gran parte de 2022-2023 ha consistido en definir y alcanzar un consenso sobre lo que constituye una infraestructura pública digital. Sus principios fundamentales se han esbozado en foros políticos de alto nivel, como el G20 y la Asamblea General de la ONU.

A medida que la comunidad mundial avanza hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las DPI seguirán presentando importantes oportunidades para los agentes especialmente en los ecosistemas locales.

En 2024, prevemos un cambio de los compromisos puramente de financiación a un apoyo más amplio a la transformación digital por parte de las organizaciones mundiales de desarrollo, especialmente para los países del Sur Global.

Ya estamos observando organizaciones internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entidades filantrópicas, como la Fundación Gates, así como institutos de investigación, como Carnegie India y Digital Impact Alliance, estableciendo equipos especializados y/o programas centrados en infraestructuras públicas digitales.

En este contexto, predecimos tres tendencias clave para las DPI en 2024:

En 2024, los países pasarán de explorar y comprender las DPI a planificar activamente su transformación digital considerando a las DPI como aceleradoras. Este cambio destacará la necesidad de desarrollar una estrategia digital nacional holística, con la DPI en el centro, para garantizar una integración digital efectiva.

Los países necesitarán ayuda para evaluar su infraestructura digital actual e identificar los elementos adicionales que puedan ser necesarios. Las reformas en torno a la gobernanza y las instituciones serán esenciales para garantizar una coordinación eficaz y la inclusión a través de un enfoque que abarque a toda la sociedad.

Ya observamos cómo algunos países, por ejemplo la India, Estonia y Singapur, revolucionan la forma en que las personas interactúan con la tecnología y los servicios a través de estrategias digitales nacionales.

Sin embargo, la mera reproducción de estos modelos de éxito en un país no garantiza resultados similares en otros. Por tanto, cada país debe evaluar sus propias necesidades, capacidades tecnológicas y estructuras sociales para desarrollar un proyecto de DPI que sitúe a las personas como beneficiarias finales.

En 2024, prevemos un aumento de la actividad de los agentes internacionales de desarrollo en relación con la elaboración de estrategias digitales nacionales de DPI.

A medida que nos adentramos en 2024, la cuestión fundamental para las infraestructuras públicas digitales no es sólo su diseño y adopción, sino también su impacto real.

Prevemos que 2024 será el año en que varias iniciativas de DPI se centrarán en evaluar más rigurosamente su impacto: se establecerán métricas de seguimiento, como los índices de adopción por parte de los usuarios, las mejoras de eficiencia en la prestación de servicios, el alcance de las protecciones y guardarraíles, así como el impacto económico para que gobiernos y organizaciones internacionales de desarrollo calibren el éxito de las iniciativas.

Además, los agentes se centrarán en evaluaciones y benchmarks de referencia que ayuden a identificar retos específicos y áreas en las que las DPI podrían no estar dando los resultados esperados. Aunque principios como la apertura, la interoperabilidad y la interferencia equilibrada del Estado han hecho de las DPI un planteamiento atractivo, si no se tienen muy en cuenta también podrían crear problemas potenciales.

Cuestiones como la monopolización y el riesgo de exclusión podrían convertir estos puntos fuertes en puntos débiles si no se abordan adecuadamente. A medida que el despliegue de las DPI se extienda por todo el mundo mediante iniciativas como la Campaña 50 en 5, será necesario evaluar periódicamente los avances en su adopción.

En la comunidad DPI ha habido algunos intentos de medir y cuantificar su impacto, pero es necesaria una evaluación más exhaustiva.

Esto incluye un seguimiento más meticuloso de los proyectos de transformación digital, la identificación y cuantificación de los aspectos únicos de la DPI a diferencia de la implementación digital convencional, y la articulación de la implicación de las DPI para las personas y la consecución de los ODS.

Sobre la base del trabajo realizado en 2023, prevemos que 2024 será un año de procesos políticos más consultivos para las infraestructuras públicas digitales. Cuestiones relativas al despliegue, la inclusión y los daños ocuparán un lugar central en los diálogos globales.

Por ejemplo, la ONU está coordinando el desarrollo de un marco universal de salvaguardias para la industria de la información y la comunicación que abordará principios, métodos y prácticas a través de conversaciones entre múltiples partes interesadas y expertos.

Este proceso global, que concluirá en la Cumbre del Futuro en septiembre, incluye investigación, grupos de trabajo, consultas, pilotaje del marco en cinco países e integración con el Pacto Mundial Digital.

Dado que Brasil, líder en la adopción de infraestructuras públicas digitales, preside el G20 de este año, esperamos que un amplio espectro de partes interesadas, incluidos organismos gubernamentales, grupos de reflexión y expertos de África, Sudamérica y otras regiones, ofrezcan sus puntos de vista e impulsen el discurso sobre las DPI.

Por último, la sociedad civil también está preparada para desempeñar un papel más importante en la definición y defensa de la transformación digital inclusiva. La inclusión de diversas voces es crucial para orientar sobre cuestiones complejas relacionadas con el despliegue de las DPI.

Esto implica aclarar qué significan realmente las DPI para las regiones con baja conectividad, así como qué salvaguardias adicionales debe adoptar la comunidad internacional cuando las DPI caigan en manos de agentes maliciosos.

La transformación digital también conlleva ciertos riesgos, como la centralización de los datos, el potencial de vigilancia y la monopolización de los sistemas. En consecuencia, será necesario un gran esfuerzo para reforzar el compromiso de la comunidad internacional con la buena gobernanza y la transparencia, especialmente en países con escasa capacidad estatal.

Luego del consenso del G20 sobre DPI en la India, el camino que queda por recorrer es a la vez desafiante y apasionante. Las DPI tienen el potencial no solo de remodelar las economías, sino también las sociedades para que sean más equitativas.

Este viaje representa algo más que un avance tecnológico: es un movimiento hacia un mundo más inclusivo y conectado.

Aunque prevemos estas tres grandes tendencias para las DPI, creemos que seguirá siendo un campo de innovación, ideación e inversión continuas. Esta tríada conformará la naturaleza multifacética del crecimiento y la influencia de la infraestructura pública digital.