Es fundamental reestructurar la deuda privada argentina

La pandemia de la COVID-19 empujó a la humanidad hacia la peor recesión mundial de la era moderna. La presión sobre la finanzas públicas se tornó enorme, especialmente en los países en vías de desarrollo que ya estaban fuertemente endeudados.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda pública en esta situación extraordinaria. Como primer paso, los países del G20 aceptaron una moratoria para la deuda bilateral oficial de las 76 economías más pobres del mundo.

Este momento plantea la prueba máxima para la arquitectura financiera internacional. La «sostenibilidad» es un término actualmente omnipresente en la inversión y las finanzas mundiales, por buenos motivos. Los principios que encarna —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU— promueven la construcción de un mundo mejor. Esos principios son extremadamente relevantes en el caso de la deuda soberana de los países en vías de desarrollo en apuros.

Con esta emergencia mundial como telón de fondo, Argentina dio comienzo a su proceso de reestructuración de la deuda pública en forma constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos locales. Desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores extranjeros apostaron al comprar deuda con cupones elevados, pero solo compatible con tasas de crecimiento extremadamente altas, que no se materializaron. En febrero, antes de que la crisis de la COVID-19 fuera grave, el FMI llegó a la conclusión de que la deuda pública argentina es «insostenible». Hay consenso en que la deuda es prohibitiva, ya que se duplicó la incidencia del pago de intereses sobre los ingresos fiscales. Para ser francos, el costo del refinanciamiento se tornó excesivamente alto.

Para una renegociación hace falta el compromiso de todas las partes. Argentina presentó a sus acreedores privados una oferta responsable, que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un recorte menor del capital y otro significativo de los intereses. La propuesta está en línea con el análisis técnico del FMI, que indica que será necesaria una quita sustancial de la deuda por parte de los acreedores privados de Argentina para que la probabilidad de recuperar la sostenibilidad de la deuda sea elevada.

La quita de la deuda es la única forma de combatir la pandemia y encaminar a la economía hacia la sostenibilidad. Antes de la crisis, el Banco Mundial estimó que la pobreza urbana en Argentina era del 35,5 % y la pobreza infantil, del 52,3 %. La ONU considera que el impacto del shock sobre el país es uno de los peores en la región. El FMI, proyecta una contracción del PBI del 5,7 % para 2020.

Se está pidiendo a los acreedores que reduzcan su flujo de ingresos, pero seguirán recibiendo tasas de interés razonables en el futuro. Argentina ha ratificado su voluntad para pagar los servicios de la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir sus compromisos financieros con el tiempo.

La diferencia en la consideración del capital y los intereses fue diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda mientras el país lucha contra la COVID-19 y trabaja para restablecer el crecimiento. De hecho, la reducción del cupón promedio de los bonos ofrecida por Argentina (del 7 % promedio actual al 2,3 %) es razonable, dado el entorno mundial vigente para las tasas de interés.

En este momento excepcional, la propuesta argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede solucionar una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible. La ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda soberana no debe privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su gente y asegurar la recuperación económica durante la mayor crisis mundial de la que tenemos memoria.

Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes: a una economía en dificultades, con 45 millones de personas, y a los propios acreedores. Este es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una solución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto.

Este comentario fue firmado por: Jeffrey D. Sachs, Universidad de Columbia; Dani Rodrik, Escuela Kennedy de Harvard; Thomas Piketty, Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (École des hautes études en sciences sociales); Mariana Mazzucato, University College de Londres; Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y Universidad de Harvard; Brad Setser, Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations); Ricardo Hausmann, ex economista jefe del BID y Escuela Kennedy de Harvard; Carlos Ominami, exministro de Economía, Chile; Yu Yongding, exmiembro del Comité de Política Monetaria, Banco Popular de China; Erik Berglof, ex economista jefe de EBRD y Escuela de Economía de Londres; Nora Lustig, Universidad de Tulane; Nelson Barbosa, exministro de Finanzas y Planeamiento; Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial y Universidad de Pekín; Partha Dasgupta, Universidad de Cambridge; Kevin P. Gallagher, Universidad de Boston; Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia; Stephanie Blankenburg, UNCTAD; Richard Kozul-Wright, UNCTAD; Ricardo French Davis, Universidad de Chile; James K. Galbraith, Universidad de Texas; Jean-Paul Fitoussi, Sciences Po; Amar Bhattacharya, Brookings Institution; Robert Boyer, Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS); Robert Pollin, Universidad de Massachusetts-Amherst; Robert Howse, Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law); Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant’Anna; Juan Carlos Moreno Brid, Universidad Nacional Autónoma de México; Josh Bivens, Economic Policy Institute; Arjun Jayadev, Universidad Azim Premji; David Soskice, Escuela de Economía de Londres; Jayati Ghosh, profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru; Mauro Gallegati, Università Politecnica Delle Marche; Natalya Naqvi, Escuela de Economía de Londres; Daniela Gabor, UWE Bristol; Marcus Miller, Universidad de Warwick; John E. Roemer, Universidad de Yale; William H. Janeway, Universidad de Cambridge; Dean Baker, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research) y Universidad de Utah; Gerald Epstein, Universidad de Massachusetts-Amherst; Anwar Shaikh, Universidad The New School; Kaushik Basu, Universidad de Cornell; Matias Vernengo, Universidad de Bucknell; Philippe Aghion, Escuela de Economía de Londres; Anne Laure Delatte, Centro de Información y Estudios Prospectivos Internacionales (CEPII); Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; John Weeks, Universidad de Londres; David Vines, Universidad de Oxford; Saskia Sassen, Universidad de Columbia; Sandra Polaski, Universidad de Boston; Thomas Pogge, Universidad de Yale; Rhys Jenkins, Universidad de Anglia Oriental; Jurgen Kaiser, Jubilee Germany; Gary A. Dymski, Universidad de Leeds; Andreas Antoniades, Universidad de Sussex; Raphael Kaplinsky, Universidad de Sussex; Diane Elson, Universidad de Essex; Ernst Stetter, ex secretario general, Foundation for European Progressive Studies; Ozlem Onaran, Universidad de Greenwich; Todd Howland, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Isabel Ortiz, Universidad de Columbia; Carolina Alves, Universidad de Cambridge; Eric LeCompte, Jubilee USA Network; Richard Jolly, Universidad de Sussex; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; Diego Sanchez-Ancochea, Universidad de Oxford; Mark Weisbrot, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research); Lara Merling, Confederación Sindical Internacional; Pedro Mendes Loureiro, Universidad de Cambridge; Ilene Grabel, Universidad de Denver; Sabri Öncü, CAFRAL; David Hall, Universidad de Greenwich; José Esteban Castro, Universidad de Newcastle; Andy McKay, Universidad de Sussex; Stefano Prato, Sociedad para el Desarrollo Internacional (Society for International Development, SID); Rosemary Thorp, Universidad de Oxford; Barry Herman, The New School for Public Engagement; Andrés Aráuz, exministro de Conocimiento y director general del Banco Central, Ecuador; Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca; Alex Izurieta, UNCTAD; Michael Cichon, UNU Maastricht; Biswajit Dhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Jens Martens, Global Policy Forum; Nicolas Pons-Vignon, Universidad de the Witwatersrand; Jean Saldanha, Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad); Leonidas Vatikiotis, Debtfree Project; Valpy FitzGerald, Universidad de Oxford; Giovanni Andrea Cornia, Universidad de Florencia; Matthias Thiemann, Sciences Po; Yılmaz Akyüz, ex economista jefe, South Centre, Génova; Stephan Schulmeister, Universidad de Viena; Eduardo Strachman, Universidad del Estado de San Pablo; Peter Dorman, Evergreen State College; C.P. Chandrasekhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Leopoldo Rodriguez, Universidad del Estado de Portland; Chris Tilly, Universidad de California Los Ángeles; Tracy Mott, Universidad de Denver; Jeffrey Madrick, Schwartz Rediscovering Government Initiative; Günseli Berik, Universidad de Utah; Joseph Ricciardi, Babson College; Lorenzo Pellegrini, Universidad Erasmo de Róterdam; Erinc Yeldan, Universidad Bilkent; Sunil Ashra, Management Development Institute; Mustafa Özer, Universidad Anadolu, Turquía; Rolph van der Hoeven, Universidad Erasmo de Róterdam; Al Campbell, Universidad de Utah; Antonella Palumbo, Universidad Roma Tre; Arthur MacEwan, Universidad de Massachusetts Boston; Neva Goodwin, Universidad Tufts; Korkut Boratav, Asociación de Ciencias Sociales de Turquía; Michael Ash, Universidad de Massachusetts-Amherst; Alicia Puyana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; John Willoughby, American University; Marco Palacios, El Colegio de México; Reza Mazhari, Universidad Gonbad Gavous, Irán; Ann Markusen, Universidad de Minnesota; Renee Prendergast, Universidad de Queens; Michael Moore, Universidad de Warwick; Carlos A. Carrasco, Universidad de Monterrey, México; Robert Lynch, Washington College; John Schmitt, Economic Policy Institute; Venkatesh Athreya, Universidad Bharathidasan; Jeff Faux, Economic Policy Institute; Kunibert Raffer, Universidad de Viena; Jenik Radon, Universidad de Columbia; Maria Joao Rodrigues, Foundation for European Progressive Studies; Stephanie Seguino, Universidad de Vermont; Gustavo Indart, Universidad de Toronto; Cyrus Bina, Universidad de Minnesota; Alberto Minujin, The New School; Philip Alston, NYU; Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; José Gabriel Palma, Universidad de Cambridge; Michael A. Cohen, The New School; y Jeff Powell, Universidad de Greenwich.