EL FMI: Por qué las redes de seguridad social deben extenderse mucho tiempo después del cierre

Las políticas fiscales han aportado un importante sostén de emergencia para las personas y las empresas durante la pandemia de COVID-19. Son también invalorables para aumentar la preparación de un país a fin de dar respuesta a una crisis y ayudar durante y después de la recuperación.

Cuando finalmente cese el Gran Confinamiento, la posibilidad de una fuerte recuperación económica que beneficie a todos dependerá de redes de seguridad social mejoradas y un apoyo fiscal generalizado. Esto incluye inversión pública en atención de la salud, infraestructura y cambio climático. Los países con altos niveles de endeudamiento tendrán que equilibrar cuidadosamente el apoyo fiscal a corto plazo para la etapa de recuperación con la sostenibilidad de su deuda a largo plazo.

La nueva edición de Monitor Fiscal ayuda a los responsables de políticas a elegir cómo invertir para el futuro con prudencia fiscal, adoptar políticas discrecionales bien planificadas para estimular la demanda y mejorar las redes de seguridad social y las prestaciones de desempleo.

La pandemia ha demostrado el grado de vulnerabilidad de las personas y ha servido como llamada de atención.

En respuesta, los países han ampliado temporariamente las prestaciones de desempleo y las redes de seguridad social en diversos grados. Por ejemplo, en respuesta a la pandemia de COVID-19 Estados Unidos ha legislado paquetes de ayuda temporaria de mayor magnitud que los de Europa, en parte porque su red de seguridad social tradicionalmente ha sido más pequeña.

Si bien algunos de estos paquetes temporarios vencen en el tiempo, la decisión de dar carácter permanente a algunas de estas disposiciones y mejorar los sistemas de beneficios tributarios también puede estabilizar automáticamente los ingresos de las personas en caso de crisis y epidemias futuras.

Pero, ¿qué atributos debe tener una buena red de seguridad social? Son tres los más importantes:

En función de estos criterios, los gobiernos de las economías avanzadas pueden mejorar las redes de seguridad social incluyendo a más personas dentro de los programas existentes y mejorando el impacto que tienen las prestaciones en la vida de las personas.

En los países de mercados emergentes y en desarrollo, los gobiernos pueden cubrir este vacío de cobertura ampliando los programas existentes o utilizando otros instrumentos de prestación. Estos incluyen redes por telefonía móvil y prestaciones en especie de bienes y servicios, en especial, salud, alimentos y transporte, para llegar a quienes más lo necesitan o actualmente están excluidos.

Las redes de seguridad social podrían permitir una mejor redistribución si una mayor proporción del 20% más pobre de la población recibe más prestaciones en relación con el 20% más rico.

Para ayudar a que las empresas vuelvan a contratar trabajadores después de la pandemia, los gobiernos podrían planificar recortes temporarios en el impuesto sobre la nómina para incentivar la contratación. Para estimular el gasto de consumo, pueden aplicarse reducciones del impuesto al valor agregado acotadas en el tiempo o utilizarse vales de consumo. Pueden acelerarse los proyectos de inversión de menor magnitud. En términos más generales, los países pueden anticiparse legislando medidas que se activen automáticamente durante contracciones, por ejemplo algunas prestaciones sociales o desgravaciones tributarias. De esta forma, el apoyo fiscal tan necesario llegaría a la gente más rápido. Al mismo tiempo, el alcance del apoyo depende de la capacidad de un país para financiar estas medidas.

Se necesita una inversión pública de calidad en sistemas de salud que protejan a las personas y minimicen los riesgos de epidemias en el futuro. Otras prioridades incluyen infraestructura, tecnologías verdes como la energía solar y eólica y avances en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, tales como la educación y el acceso a agua potable y sanidad. A los precios actuales, las necesidades de inversión adicional posiblemente superen los USD 20 billones a nivel mundial en las dos próximas décadas.

En vista del largo período de ejecución que caracteriza a los proyectos de capital como carreteras, puentes y energía no contaminante, los gobiernos deben comenzar ya mismo a revisar los proyectos de inversión. Esto les dará tiempo para resolver cuellos de botella y preparar un conjunto de proyectos listos para ejecución que puedan ponerse en marcha tan pronto como el Gran Confinamiento llegue a su fin.

Las decisiones, lo que incluye determinar si corresponde aumentar la inversión pública de calidad y, de ser así, en qué medida, dependerán de las necesidades de sectores específicos y de sus prestaciones económicas y sociales, de la capacidad de financiamiento y de la eficiencia de la inversión pública. Este último punto es crítico para todos los países porque una tercera parte de los fondos destinados a obras públicas de infraestructura se pierde en todo el mundo a raíz de la ineficiencia y la corrupción.

En las economías avanzadas con amplio margen presupuestario, como Alemania, Corea y los Países Bajos, un mayor gasto público se encuentra justificado dado que el valor de los activos resultantes seguramente supere los pasivos incurridos, debido a las bajas tasas de interés que pagan. Esto, a su vez, aumenta el patrimonio del sector público. Aquellos países con menos margen de maniobra en materia de gasto, como Italia y España, pueden redireccionar el ingreso y el gasto para aumentar la inversión.

En los países emergentes y en desarrollo, como Brasil y Sudáfrica, los altos niveles de endeudamiento y los crecientes pagos de intereses exigen que el desarrollo se financie de una manera prudente y sostenible. Estos países deben tratar de lograr más con menos. Aumentar la recaudación tributaria a largo plazo sería fundamental para los países en desarrollo de bajo ingreso, como Nigeria.

Apoyar la recuperación con herramientas fiscales mientras se gestionan niveles de deuda pública más elevados requiere de un delicado equilibrio. La pandemia y sus consecuencias económicas, junto con las respuestas dadas por las políticas, han contribuido a un importante aumento de los déficits fiscales y coeficientes de deuda pública. Cuando la pandemia remita y la economía se recupere, se espera que los coeficientes de deuda pública se estabilicen, aunque en nuevos niveles, más altos. Si la recuperación demora más de lo previsto, la dinámica de la deuda podría ser más desfavorable. A medida que cede la pandemia, los países pueden apuntalar su reactivación económica con la mirada puesta en promover planes de reforma creíbles a mediano plazo.