El Coronavirus está dejando a las mujeres embarazadas con decisiones difíciles y resultados más sombríos

El mes pasado, Sheuly salió a toda velocidad hacia un hospital en Daca porque necesitaba tratamiento de emergencia. La bangladesí de 25 años terminaba de dar a luz en su casa, pensando que era más seguro que hacerlo en un hospital durante la pandemia. Pero cuando comenzó a sufrir una hemorragia posparto —una de las principales causas de muerte materna— exponerse a la COVID-19 se convirtió en la menor de sus preocupaciones. Lo mismo le ocurrió a Majufa Akter, la partera que actuó rápidamente para salvar la vida de Sheuly, a pesar de que aún no había recibido el equipamiento de protección personal adecuado.

Dar a luz es un momento fuerte en la vida de las mujeres, independientemente de las circunstancias. Hacerlo durante una pandemia agrega a la experiencia una nueva forma de estrés. Las madres no saben si ir a los hospitales —donde temen exponerse al coronavirus, que falte personal, o verse separadas de sus parejas— o dar a luz en casa, donde a menudo aumenta mucho el riesgo ante las complicaciones médicas. Este es tan solo un ejemplo de cómo la necesidad de gestionar la pandemia de la COVID-19 complica la prestación de servicios de salud esenciales y deja en situación de especial vulnerabilidad a las mujeres.

En todo el mundo, cuando los sistemas de salud están sobrecargados, los servicios para las mujeres suelen ser los primeros en sentirlo. Esto resulta en una mayor morbilidad y mortalidad materna e infantil. Para ilustrar los riesgos, hemos modelado el posible impacto de la pandemia sobre tres servicios clave de salud sexual y reproductiva (SSR): nacimientos con asistencia de profesionales de la salud experimentados (incluidas parteras); nacimientos en instalaciones sanitarias; y acceso a métodos anticonceptivos.

Si bien la falta de acceso a los servicios de SSR es un problema en muchas partes del mundo, incluidos países desarrollados como Estados Unidos, centramos nuestro análisis en 14 países de la región de Asia y el Pacífico, que son especialmente vulnerables: Afganistán, Bangladés, Bután, Camboya, India, Indonesia, Laos, Birmania, Nepal, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor-Leste. Todos ya tienen elevadas tasas de mortalidad materna: más de 100 muertes cada 100 000 nacidos vivos, que a menudo reflejan el menor uso de los servicios de salud, como los partos en instalaciones médicas o con ayuda de asistentes entrenados.

El escenario optimista, según nuestro modelo, es una reducción del 20 % en el uso de esos tres servicios clave. Eso llevaría a un aumento del 17 % de la tasa de mortalidad materna, equivalente a 25 493 muertes adicionales tan solo este año. El escenario pesimista —una caída del 50 % en el uso de esos servicios— produciría un aumento del 43 % en la mortalidad materna, o 68 422 muertes adicionales. De estas muertes maternas adicionales una proporción considerable sería consecuencia del aumento en la fertilidad por un menor acceso a los métodos anticonceptivos.

De hecho, el menor acceso a los anticonceptivos y los servicios de planificación familiar exacerban los riesgos. Los cierres de fronteras y otras interrupciones en las cadenas de aprovisionamiento podrían reducir la disponibilidad de anticonceptivos, que suelen faltar incluso en tiempos normales. Las restricciones a la circulación pueden impedir que las mujeres vayan a las farmacias o clínicas, especialmente si la planificación familiar no se considera «esencial». Y el temor a exponerse al coronavirus podría hacer que las mujeres con acceso a los servicios no los usen.

Conjuntamente, estos factores podrían llevar a que la necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar se dispare en 2020, hasta el 22 % en nuestro escenario optimista o el 26 % en el pesimista, partiendo de una línea de base del 18,9 % de las mujeres en edad reproductiva en 2019, cuando quienes tenían acceso a métodos anticonceptivos modernos pierdan ese servicio fundamental. Eso significa que la falta de planificación familiar podría aumentar hasta un 40 % tan solo en 2020. El resultado serían miles de embarazos no intencionales en cada uno de esos 14 países y un mayor riesgo de problemas de salud para millones de mujeres y sus recién nacidos.

De todos modos, estos datos son solo el principio: la crisis de la COVID-19 casi seguramente se prolongará más allá de este año. Los costos —para las economías, los sistemas de salud y el bienestar de las mujeres— continuarán acumulándose. Los avances recientes hacia sistemas de salud más eficaces e inclusivos y la igualdad de género pueden revertirse.

Hay que actuar para evitar las secuelas. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD, por su sigla en inglés) de 1994 en El Cairo, los gobiernos del mundo se comprometieron a proporcionar servicios de SSR para todos, compromiso que reiteraron en la Cumbre de Nairobi de la ICPD25. Cuando los países diseñan intervenciones económicas y de salud pública, deben asegurarse de cumplir este compromiso.

Por ejemplo, los líderes deben garantizar que el personal esencial, como las parteras, no sea alejado de sus tareas principales de asistir a las madres y los recién nacidos, y que todos reciban el equipamiento de protección personal que necesitan. Los responsables de las políticas también deben proteger el acceso a los anticonceptivos. Y, cuando sea posible, se debe considerar el uso de la telemedicina y otros enfoques innovadores para la provisión de los servicios de salud. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es el potencial de la tecnología y la conectividad para salvar vidas.

El secretario general de las Naciones Unidas António Guterres correctamente llamó a la crisis de la COVID-19 la «mayor prueba» que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Para superarla, los líderes en todas partes deben reconocer que, aunque la pandemia nos afecta a todos, quienes ya estaban marginados —incluidas las mujeres, las minorías étnicas y los pobres— son quienes probablemente más la sufran. Por eso, ninguna estrategia frente a la pandemia está completa sin un plan para garantizar que no se interrumpa el acceso a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva para todos.