Cómo evitar una crisis migratoria por la COVID-19

El cierre de fronteras es una respuesta natural a la pandemia del coronavirus y los gobiernos tienen sólidos fundamentos jurídicos para ello, pero nunca se iba a poder detener el virus en las fronteras internacionales y ahora las políticas de contención plantean otra amenaza: una nueva crisis migratoria.

Las recientes epidemias virales —SRAS en 2003, H1N1 en 2009, ébola en 2014, zika en 2016 y el VIH— ilustran que las restricciones a los viajes no lograron controlar la difusión de los patógenos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que prohibir los viajes desde las zonas afectadas rara vez permite contener los virus mortales.

En lugar de ello, esas restricciones traducen el miedo en políticas de seguridad nacional y aumentan la xenofobia. Llevan al nacionalismo extremo y a la estrechez de miras, que algunos líderes en el mundo han tratado de alentar y aprovechar. En marzo, por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo en una entrevista en Kossuth Rádió: «Nuestra experiencia es que fueron principalmente los extranjeros quienes trajeron la enfermedad y se está extendiendo entre ellos».

Es una cantinela frecuente, usar a los extranjeros como chivos expiatorios de todos los «males», incluidos los problemas de salud pública, no es nada nuevo. En 1830, los británicos y estadounidenses apodaron al cólera la «enfermedad irlandesa». Esto es parecido a la descripción por Donald Trump de la COVID-19 como un «virus chino».

Resulta cada vez más evidente que la COVID-19 causará una recesión mundial, con una reducción de la mayoría de las economías. Y es igualmente evidente que las consecuencias para el empleo, el ingreso y la equidad afectarán desproporcionadamente a los trabajadores inmigrantes.

Los inmigrantes crean más valor económico de lo que muchos piensan. Se ocupan de los trabajos más difíciles y peligrosos (incluidos aquellos que los ponen en la primera línea de la lucha contra la COVID-19). Un estudio del Migration Policy Institute publicado en marzo detectó que el 17 % de los 156 millones de trabajadores civiles que están combatiendo el coronavirus son «nacidos en el extranjero». En EE. UU., el 29 % de los médicos, el 38 % del personal de cuidado de la salud en el hogar, el 23 % de los farmacéuticos en tiendas minoristas, el 22 % de investigadores científicos y el 34 % de quienes se ocupan del actividades críticas de transporte nacieron en otros países. El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña colapsaría instantáneamente sin médicos, enfermeros y demás personal médico nacido en el extranjero.

A pesar de esto, las comunidades de inmigrantes son las más vulnerables a las secuelas de la pandemia. España, Italia y el RU han cerrado centros de detención de inmigrantes sin ocuparse de los problemas de salud de las personas necesitadas que estaban allí. Peor aún, los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que alojan aproximadamente a 25 millones de trabajadores, han «clausurado» ciertas localidades donde antes podían entrar los trabajadores inmigrantes. Cuando obligan a más inmigrantes a ingresar a centros de detención ya abarrotados, las autoridades crean nuevos focos de contagio de la COVID-19.

En una pandemia, es frecuente que la gente cruce las fronteras en busca de servicios de salud. En 2008-09, los zimbabuenses abandonaron sus hogares para procurarse atención médica en el extranjero. Tres años más tarde, el brote de ébola obligó a los ugandeses a cruzar las fronteras en busca de ayuda.

Lo óptimo es un enfoque holístico y perspicaz, que reconozca las contribuciones económicas de los inmigrantes. En 2005, la Organización Mundial de la Salud adoptó el Reglamento Sanitario Internacional. Estos lineamientos enfatizan el control de la difusión de la enfermedad y minimizan los efectos adversos de las restricciones a los viajes y al comercio. Para evitar una crisis migratoria, los países deben integrar a los inmigrantes en sus estrategias nacionales contra la pandemia, no solo en tanto grupos afectados, sino también como personas que pueden luchar contra la difusión del coronavirus.

Bangladés es un claro ejemplo. Actualmente aloja a 1,1 millones de rohinyás que fueron desplazados de Birmania por la fuerza. Bajo el liderazgo del Primer Ministro Sheikh Hasina, el gobierno bangladesí y la comunidad humanitaria establecieron el Plan Anual de Respuesta Conjunta para proteger a los rohinyás en el Bazar de Cox, Bangladés.

El plan tiene un enfoque que considera a la «sociedad en su conjunto» e incluye tanto a los rohinyás como los nativos de las aldeas vecinas. Se prepararon instalaciones sanitarias en las proximidades del campamento, y el gobierno bangladesí suspendió además los impuestos a las importaciones de provisiones y equipamiento para combatir la COVID-19.

La pandemia es una emergencia sin precedentes, que requiere ese tipo de respuestas excepcionales. Los gobiernos deben considerar las vulnerabilidades de los refugiados e inmigrantes, además de los problemas públicos legítimos, equilibrando los intereses nacionales y las responsabilidades humanitarias. Es un desafío para cualquier gobierno, especialmente cuando la economía se está contrayendo y para solucionarlo son necesarias formas innovadoras de colaboración internacional.

En 2015, las Naciones Unidas adoptaron un nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, basado en el principio de no dejar a nadie atrás. La agenda 2030 prometió derechos humanos para todos e incluyó explícitamente a los refugiados entre «todas las naciones y pueblos y todos los segmentos de la sociedad». Se debe respetar el mismo principio, sin distinciones ni discriminación, durante este momento crítico para nuestra civilización.

La estrategia para derrotar a la COVID-19 debe enfatizar la inclusión, el coraje y la colaboración. Los países deben unirse, trabajar juntos y luchar juntos para evitar una crisis migratoria mientras mitigan los desafíos que enfrentan. La unión es el único camino que nos permitirá avanzar.