Aquí se explica cómo lograr la igualdad de género después de la pandemia

Nuestra respuesta a la COVID-19 tiene que ver fundamentalmente con quiénes somos. Cuando decimos que es importante garantizar el bienestar de la mitad de la población, ¿lo creemos? ¿O acaso lo decimos para ser políticamente correctos?

La mayoría de los indicadores sugerirían que se trata de lo último, ya que hemos pasado décadas contemplando el problema de la desigualdad de género con pocos esfuerzos de nuestra parte. Ningún país en el mundo entero puede afirmar que haya logrado la igualdad de género. Y entre 2019 y 2020, hemos agregado 55 años adicionales a la cronología para reducir la brecha de género en la igualdad económica. Ahora nos hallamos a unos 257 años de lograr la igualdad económica de género.

Si realmente creemos que la igualdad de género es la clave del éxito global, y deberíamos hacerlo porque los datos respaldan abrumadoramente esta conclusión, entonces es nuestro momento de avanzar y establecer un nuevo orden mundial más inclusivo.

El presupuesto con perspectiva de género es el vehículo ideal para impulsar tal cambio y el G20 es la institución ideal para liderar el objetivo.

El alcance expansivo del perjuicio económico de la COVID-19 requiere una respuesta masiva y coordinada a nivel global. Dado que los miembros del G20 representan casi el 80 % de la economía mundial, el 75 % del comercio internacional y el 60 % de la población mundial, debemos apoyar sus esfuerzos para mitigar la repercusión de esta pandemia mundial.

En concreto, debemos respaldar al G20 para que inicie la aplicación ubicua de preparación o análisis de presupuestos con una perspectiva de género, dentro de los esfuerzos de respuesta. Esto se ajusta tanto al Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la ONU para lograr la igualdad de género, como a la declaración emitida por Business 20 (B20), Labor 20 (L20), que representa los intereses de los trabajadores, y Women 20, en la que se insta al G20 a “utilizar todas las herramientas de política disponibles para minimizar el perjuicio económico y social de la pandemia, restaurar el crecimiento global, mantener la estabilidad del mercado y fortalecer la resiliencia”.

El presupuesto con perspectiva de género se encuentra entre las herramientas de política disponibles mencionadas en la declaración conjunta y es quizás la herramienta más precisa de todas. Exploremos por qué.

La repercusión de la COVID-19 en el mundo laboral se manifiesta en tres aspectos fundamentales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

1. La cantidad de puestos de trabajo disponibles (desempleo y subempleo)

2. La calidad del trabajo (salarios y acceso a protecciones sociales)

3. Los inmensos efectos en los empleados más vulnerables (es decir, las mujeres)

Hay muchas maneras en que podemos abordar estas tres categorías de disrupciones derivadas de la COVID. Una de los modos más efectivos y sostenibles se basa en la aplicación de la perspectiva de género. Es decir, desglosar por género los datos económicos. A continuación, usar los resultados para poner en marcha decisiones políticas acertadas.

¿Cuál es la tasa de desempleo entre mujeres y hombres? ¿Cuántas empleadas tienen acceso a asistencia sanitaria asequible en comparación con los empleados masculinos? ¿Cómo está haciendo frente la población masculina a la obligación de quedarse en casa? ¿Cómo la están afrontando las mujeres?

El desglose de los datos por género sirve de base para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y ofrece la visión situacional necesaria para elaborar una política eficaz. Si el enfoque del presupuesto con perspectiva de género parece algo intuitivo, es porque así es. Sin embargo, el mundo ha aprobado un estímulo fiscal de 8 billones de dólares para combatir la COVID-19 y tenemos pocos indicios de que este dinero se haya basado en una perspectiva de género. Esto es preocupante.

Un enfoque de estímulo fiscal sin perspectiva de género a) resulta en una asignación ineficiente de los recursos, y b) corre el riesgo de acentuar las desigualdades existentes. Estos dos efectos externos se aplican en tiempos de prosperidad y son aún más pronunciados en tiempos de crisis económica.

Tomemos como ejemplo la primera disrupción de la categoría “mundo laboral” de la OIT: la cantidad de empleos disponibles. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento han afectado a casi el 81 % de la mano de obra mundial. Ya sabemos que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de perder sus empleos durante esta crisis. En el Reino Unido, por ejemplo, las trabajadoras, los jóvenes y los empleados con salarios más bajos tienen siete veces más probabilidades de ocupar puestos en sectores que han cerrado para contener la propagación del virus.

Tomemos ahora la segunda categoría de distribución de la OIT, la calidad del trabajo disponible. Los trabajos realizados por mujeres no brindan una seguridad económica adecuada para muchas de ellas y sus familias que les permitan resistir esta tormenta. Por razones estructurales arraigadas, las mujeres ganan un 16 % menos que los hombres, y esta es la media mundial. Algunos países tienen brechas salariales de hasta el 35 %. En los Estados Unidos, país con la economía más potente del mundo, la brecha salarial de género hace que las mujeres dejen de ganar 10 122 $ cada año. Además, las mujeres representan menos del 40 % del empleo global total, pero suponen el 57 % de los trabajadores a tiempo parcial, trabajadores cuyos trabajos se encuentran entre los primeros en ser suprimidos cuando la economía cae en picado. Ganar menos, ahorrar menos y tener trabajos menos estables reduce la capacidad de las mujeres para absorber los efectos económicos de la COVID-19.

Por último, necesitamos examinar los inmensos efectos de la COVID-19 en uno de los colectivos más vulnerables de nuestro mundo, a saber, las mujeres. Como quedó demostrado con el virus del Ébola, las medidas de cuarentena debilitaron drásticamente la capacidad económica de la población femenina, aumentando así sus niveles de pobreza y la gravedad de la inseguridad alimentaria. Y aunque la actividad económica se recuperó rápidamente para los hombres, para las mujeres la inseguridad económica se prolongó durante mucho más tiempo.

Consideremos también la economía de mano de obra no remunerada. Antes de la COVID-19, las mujeres triplicaban la cantidad de trabajo doméstico no remunerado respecto a los hombres. Este trabajo no remunerado se ha considerado la columna vertebral de nuestra economía por una razón. En Costa Rica, el trabajo no remunerado representa el 25.3% del PIB. En la actualidad, con 3900 millones de personas en confinamiento y 1370 millones de estudiantes que no asisten a los centros docentes, la carga de trabajo no remunerado de las mujeres se ha disparado.

Una respuesta a la COVID-19 desde la perspectiva de género no es solo una medida correcta, sino que es lo más inteligente que se puede hacer. Cualquier esfuerzo dirigido a mitigar las consecuencias de COVID-19 que no tenga en cuenta la perspectiva de género reduce su eficacia. Desde un plano básico, no se podrá alcanzar la prosperidad si se ignoran las necesidades de la mitad de la población mundial. Los analistas ya predicen que la pandemia del coronavirus hará que la economía global pierda 5 billones de dólares en términos de crecimiento, en los próximos dos años. Si aspiramos a salir de esta crisis rápido y reforzados, debemos aplicar la perspectiva de género a los paquetes de ayuda.

Los presupuestos con perspectiva de género no solo acelerarán y fortalecerán nuestra recuperación económica, sino que también acelerarán el tránsito hacia un mundo igualitario y más resiliente. De hecho, al reducir la brecha de la igualdad de género podrían llegar a desbloquearse 12 billones de dólares en beneficios económicos. Pero no nos llamemos a engaño: este no es un problema que afecte solo a las mujeres. La puesta en marcha de presupuestos con perspectiva de género repercute en beneficio de todos, y debe emprenderse de inmediato por parte de los responsables.

Si el estado actual de emergencia es la zona cero, ahora es nuestra oportunidad de defender la inclusión colocando el género en el centro de la próxima política fiscal. Para asegurarnos de que eso suceda será necesario lo siguiente:

1. Involucrar a las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Las mujeres representan el 50 % de la población mundial. Deberán tenerse en cuenta, pues, sus grados de experiencia, talento y perspectiva. De nuevo, esta no es solo una buena medida, sino que es lo más inteligente que se puede hacer. Las mujeres son eficaces en las prácticas políticas y, por ejemplo, cuando participan en procesos de negociación de paz, existe un 64 % menos de probabilidades de que el acuerdo final fracase.

2. Desglosar por género todos los datos económicos

Los datos desglosados por género son la base de los presupuestos con perspectiva de género. Al recopilar datos, debe asegurarse que se desglosan por criterios de género. Esto incluye tasas de infección, desempleo, subempleo, número de casos de abuso y carga laboral no remunerada. Por ejemplo, las mujeres representan el 70 % del personal sanitario mundial y tienen más probabilidades de trabajar en la primera línea de la asistencia sanitaria. En consecuencia, se enfrentan a mayores riesgos de exposición al virus que los hombres. En España, el 72 % de los trabajadores sanitarios infectados son mujeres. Por tanto, ¿qué vamos a hacer al respecto?

3. Utilizar la perspectiva de género para elaborar programas de ayuda

La creación de soluciones políticas deberá determinarse a partir del desglose de los datos por género. De esa manera podemos abordar las necesidades de la población, en proporción al tamaño de cada necesidad. Los programas de transferencia de efectivo deben tener en cuenta que las mujeres gozan de más probabilidades para acceder a contratos laborales informales y de obligaciones asistenciales que pueden impedirles la obtención de ayuda. En el Sur de Asia, más del 80 % de las mujeres en trabajos no agrícolas ocupan un puesto de trabajo informal. Sería lamentable si el acceso a las protecciones sociales y el estímulo del consumidor dependieran de la participación en el sector formal.

4. Garantizar la igualdad de los resultados mediante la integración de evaluaciones basadas en la perspectiva de género

El objetivo de estas evaluaciones es analizar el impacto de las medidas políticas para que no obstaculicen inadvertidamente la participación de las mujeres como mano de obra o el acceso a las protecciones sociales. En el Reino Unido, la mujer cargó con el 85 % del impacto de las medidas de austeridad impuestas entre 2010 y 2015. Esto se debe en gran medida a que las mujeres tienen más probabilidades de ser madres solteras y dependen de las prestaciones sociales que se recortaron del presupuesto.

En lo que respecta a lograr la igualdad de género, estamos agotando rápidamente nuestra lista de excusas. Ahora que nos encontramos en medio de este punto de inflexión histórico es el momento de unirnos como comunidad global para cerrar la brecha de género de una vez por todas, con el fin de establecer un nuevo orden mundial y un contrato social más inclusivos. Después de la COVID-19 no habrá lugar para más excusas. Contamos con todas las herramientas para hacer realidad la igualdad de género en los tiempos actuales. ¿Las vamos a utilizar? La historia nos juzgará.