La limitada sanidad pública y falta de bajas médicas complica la gestión del coronavirus en EE.UU.

El 47% de los empleados de EE.UU. ha ido a trabajar enfermo porque si están de baja no cobran.

La experiencia de Osmel Martínez Azcue ayuda a entender por qué muchos estadounidenses sin un trabajo lo suficientemente bueno como para tener un seguro médico de empresa pero que tampoco son tan pobres como para beneficiarse del programa público Medicare simplemente evitan todo lo posible ir al médico.

Después de un viaje de trabajo a China, Martínez empezó a encontrarse mal. Con el coronavirus en plena expansión, esta vez, en lugar de limitarse a comprar algún medicamento en la farmacia, decidió ir al hospital. Al final, sólo tenía una gripe común. Pero, aun sin hacerle la prueba del coronavirus, le ha llegado una factura de más de 3.000 dólares.

El coronavirus ha puesto de manifiesto algunas de las vulnerabilidades específicas del sistema de protección social en Estados Unidos. En primer lugar, por la ausencia de una sanidad pública universal. Se calcula que hay unos 30 millones de personas sin seguro médico y otros 40 millones que sólo tienen planes catastróficos, con copagos y franquicias tan elevados que sólo usan en situaciones extremas. El miedo a las facturas médicas o a no poder pagarse el tratamiento puede impedir que se detecten contagios y el virus siga propagándose.

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha recomendado a los estadounidenses que se queden en casa si están enfermos pero ¿cómo hacerlo, si en muchos casos eso significa que no cobrarán? A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países industrializados, en Estados Unidos ninguna ley federal obliga a las empresas a ofrecer bajas médicas remuneradas a sus trabajadores. Trece estados del norte han aprobado leyes para establecer un mínimo obligatorio, pero una docena de estados del sur, Florida entre ellos, han legislado en sentido contrario. Actualmente, el 27% de los trabajadores empleados en el sector privado no tienen derecho a baja médica en Estados Unidos.

El resultado, según una reciente encuesta de YouGov, casi la mitad de los trabajadores (47%) admite que el año pasado acudieron enfermos a su empleo porque no se pueden permitir no cobrar. El porcentaje aumenta conforme descienden los salarios. Muchos de estos empleados, que a menudo cobran por horas, trabaja en sectores como la restauración y la hostelería y tienen una gran exposición al público.

Maurilia Arellanes, que trabaja en un McDonalds de San José (California), es uno de los millones de trabajadores que no se pueden permitir no trabajar. “No podría pagar el alquiler, no podría mantenerme”, explicó en una conferencia de prensa telefónica organizada por el grupo Fight for $15, que defiende la subida del salario mínimo hasta esa cantidad y ha lanzado una campaña para que la cadena de comida rápida les compense si pierden algún turno como consecuencia del coronavirus (por enfermedad o el cierre de locales) y actualice sus protocolos de higiene.

Tampoco los trabajadores de la gig economy o economía colaborativa, con su legión de autónomos que conducen coches y reparten comida, tienen derecho a baja médica pero las empresas Uber y Lyft, especializadas en el transporte de pasajeros, han reaccionado a la presión social y han anunciado que seguirán pagando a sus conductores si contraen el virus, aunque no han especificado cómo calcularán la prestación.

El documento, de 34 páginas, recomienda al Gobierno tomar medidas para que las pruebas estén al alcance de todo el mundo, también las personas que carecen de seguro médico, y se reduzcan los copagos y franquicias. Los hospitales, advierten, deberían ser zonas seguras para los inmigrantes simpapeles (se calcula que hay 11 millones). También la población sin techo, unas 550.000 personas, están en especial situación de riesgo, advierten los expertos (médicos, científicos, juristas, especialistas en ética…). La crisis del coronavirus ilustra el argumento que frecuentemente esgrimen los defensores de la implantación de una sanidad pública universal en Estados Unidos, que no es sólo una cuestión de justicia social sino de salud pública.

El presidente Donald Trump se sentó ayer con Pence y los responsables de las principales compañías aseguradoras en la Casa Blanca para discutir su respuesta a la epidemia. Los directivos aceptaron incluir el tratamiento del coronavirus en todos sus planes y eliminar algunos copagos, pero no las franquicias, el gran obstáculo para muchos usuarios. Tampoco se hizo ninguna mención a la situación de los millones de estadounidenses que no tienen ningún tipo de seguro. La aprobación de una ley federal que obligue a las empresas a pagar bajas médicas de al menos 14 días a sus trabajadores en caso de emergencia sanitaria es una de las medidas que la Casa Blanca empezó ayer a negociar con el Congreso como parte de su respuesta a la crisis.