España encadena su quinto año a la cabeza de las infracciones ambientales en Europa

España encadena cinco años seguidos como el país de la Unión Europea con más expedientes medioambientales abiertos por incumplir la normativa verde. Aunque la Comisión cerró el año pasado 11 casos, los 25 todavía vivos sitúan a España a la cabeza de la lista empatada con Grecia, según datos de la Comisión Europea.

En un curso en el que, de manera general, los procedimientos de infracción han crecido un poco –al pasar de 333 a 337–, España pasó de 32 a 25, uno de sus niveles más bajos. Tanto en la Unión Europea como en España, el grupo más grande de casos se refiere a temas relacionados con el agua, seguido por el tratamiento de los residuos y la calidad del aire que respiran los ciudadanos.

España tiene un problema en cómo gestiona el agua. Es la materia por la que más nos reprenden desde Europa. Los expedientes abarcan una gama amplia que va desde el tratamiento al control de vertidos contaminantes provenientes de la agricultura, hasta la extracción fraudulenta y masiva de recursos del subsuelo.

El 27 de noviembre de 2019, la Comisión Europea advirtió a España de que debía acelerar a la hora de cumplir con la normativa de depuración de aguas urbanas en unos 145 puntos del país. Era el segundo aviso sobre tratamiento deficiente cuyo plazo debía haberse cumplido entre diciembre de 1998 y diciembre de 2005. Además, el Estado sigue pagando una multa por falta de depuración en otras localizaciones a razón de 11 millones de euros al semestre, según ordenó el Tribunal Europeo de Justicia en julio de 2018. El Gobierno ha calculado que este expediente no se cerrará hasta 2022. El secretario de Estado, Hugo Morán, informó en noviembre de 2018 que de 2.100 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, 550 estaban incumpliendo la normativa.

También hay retraso en poner en marcha programas para atajar el problema de la contaminación de aguas (sobre todo subterráneas) por las filtraciones de nitratos que provenían de las granjas ganaderas, en especial porcinas, y los fertilizantes agrícolas. El 40% de los acuíferos españoles están en riesgo por esta contaminación. Transición Ecológica preparó en julio de 2019 una orden para declarar las zonas afectadas por el problema para desarrollar un programa de control.

En los últimos meses, las inundaciones en la Región de Murcia, Alicante, Almería, Málaga o Tarragona han copado titulares. Los episodios de septiembre de 2019 o enero de 2020 han evidenciado el peligro creciente de estos fenómenos. Aun así, España fue llevada ante el Tribunal Europeo en enero del año pasado por no haber presentado los planes de gestión de riesgo de inundación en las Islas Canarias. Cada isla tiene su propio plan que debe desarrollar la administración insular y están "diferentes fases de tramitación", según la recopilación del Ministerio de Transición Ecológica.

En julio de 2019, la Comisión Europea puso fin al periodo de gracia que había concedido a España por incumplir la normativa sobre calidad del aire: anunció que llevaría al país ante los jueces por superar los límites de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. Aunque el incumplimiento se prolongaba desde hacía una década, la puesta en marcha de planes como Madrid Central consiguieron una prórroga, como explicitó la Comisión. Ante los pasos tomados por el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martinez Almeida (PP) para desmantelar esa zona de bajas emisiones, Bruselas reactivó el caso.

Nada más comenzar el año pasado, España supo que iba camino de la Corte Europea por, al menos, una década constatada de expolio del agua subterránea en Doñana. La proliferación de cultivos de regadío en invernadero –de fresas o frutos rojos– y la expansión de hectáreas necesitadas de agua para mantener la agricultura intensiva ha derivado en la extracción masiva de agua de los acuíferos. La denuncia llegó en 2010 y, tras dos avisos al Estado, el caso fue remitido a los jueces ante la falta de soluciones. El Gobierno español declaró las masas de aguas afectadas por los pozos "en mal estado" un mes después.

Como en el caso de la depuración de aguas, la mala gestión de residuos está haciendo que Europa abra expedientes de sanción a España. Si en 2016 y 2017 los magistrados de la Unión Europea fallaron en contra del Estado por mantenerse unos 90 vetederos irregulares, desde 2018 sigue en trámite un proceso por, al menos, 1.500 depósitos de basuras que la Comisión pide que sean clausurados y regenerados los terrenos sobre los que se asentaron.

También en materia de residuos, en octubre del año pasado, se abrió expediente por no haber remitido la información exigida por la directiva sobre pilas y baterías. No se había cumplido con la remisión de datos para saber cuál es la tasa de recogida y si se está reciclando al nivel marcado en la normativa. Aunque en la Comisión Europea insisten en que abrir un expediente no es sinónimo de sanción sino un proceso para "ayudar a cumplir la normativa", es el primer paso del "procedimiento de infracción". Un procedimiento, en todo caso, largo y con varias metas intermedias que permiten a los estados evitar acabar ante el Tribunal.

En el mismo paquete de infracciones en el que se anunció la denuncia por el exceso de contaminación en Madrid y Barcelona, Bruselas explicó que había pedido explicaciones a España por no estar protegiendo las poblaciones de tórtola europea. Trofeo muy buscado –y abatido– por los cazadores españoles, Europa redactó en 2018 un plan de gestión que incluía una moratoria cinegética. No tuvo apenas efecto en los permisos de caza en España. En 2019, las comunidades autónomas (las administraciones competentes en caza y pesca) han seguido autorizando la caza de cientos de miles de ejemplares de tórtola. La Fiscalía remitió un oficio en octubre a los gobiernos autonómicos por haber mantenido la situación a pesar del expediente europeo que indicaba que España no estaba tomando suficientes "medidas para proteger una especie vulnerable".

La primera posición en cuanto a expedientes de infracción ambientales se ha mantenido a pesar de que en 2019 se registró una cifra récord de casos cerrados. 11 procesos terminaron resueltos sin llegar a la fase sancionadora. Entre ellos el retraso en la actualización de las Estrategias Marinas, la demora en los planes hidrológicos de algunas demarcaciones hidrológicas, la caza de pájaros cantores o la transposición de la normativa sobre qué hacer con los vehículos al final de su vida útil.