Venezuela: las crecientes dificultades que enfrentan sus habitantes para emigrar a otros países de América Latina

Las personas que emigran de Venezuela son cada vez más numerosas. Pero también se enfrentan a cada vez más dificultades.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas se han marchado intentando escapar de la crisis que afecta al país sudamericano, pero la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que, al mes de junio, la cifra ya rondaba los 2,3 millones de personas.

Y estos cálculos quedan rápidamente desfasados por un flujo fronterizo que no cesa y que diariamente se cuenta en decenas de miles de nuevos migrantes, lo que ha obligado a que varios gobiernos de la región tomen medidas.

En julio, por ejemplo, el gobierno de Colombia ya registraba la entrada de unos 50.000 personas venezolanas al día a través de sus diferentes fronteras.

No todas llegaban para quedarse: muchos cruzaban para abastecerse de bienes difíciles de conseguir en Venezuela, pero otros estaban en tránsito rumbo a otros destinos.

Y estas últimas llegan lejos. Muy lejos.

De hecho, Perú, Chile y Argentina son -después de Colombia- los países de la región con mayor presencia de venezolanos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.

Y el pasado 11 de agosto las autoridades peruanas anunciaron un nuevo récord en la cifra de ingreso de venezolanos al país: 5.100 en un solo día.

Para dimensionar esta cifra, basta hacer notar que un gran número de venezolanos viajan a Perú por tierra, pese a que entre las fronteras de ambos países hay una distancia de más de 2.300 kilómetros.

Este flujo, sin embargo, cada vez enfrenta mayores obstáculos debido a la decisión de gobiernos de la región de intentar poner orden en la entrada de venezolanos.

Estas medidas se explican, en parte, por razones de seguridad pública, pero también buscan aliviar la presión que la llegada masiva de personas genera sobre los servicios públicos de los países receptores.

BBC Mundo te cuenta cuáles son algunas delas crecientes dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos en América Latina.

Desde el sábado pasado, el gobierno de Ecuador comenzó a exigir un pasaporte "válido y vigente" para aquellos venezolanos que quieran ingresar en ese país.

"Se han identificado casos de trata y tráfico de migrantes venezolanos", dijo en un comunicado la cancillería ecuatoriana para justificar esa medida.

La decisión fue flexibilizada horas después de su entrada en vigor, cuando las autoridades anunciaron que no sería aplicada a los niños y adolescentes que lleguen al país acompañados de padres o tutores que estén en posesión del documento exigido.

Y la exigencia de pasaportes vigentes también fue impugnada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que solicitó ante los tribunales medidas cautelares para evitar la aplicación de la decisión del gobierno de Lenín Moreno.

La defensora ecuatoriana, Gina Benavides, indicó a la Agencia Efe que esta exigencia no era legal ni constitucional y que va en contra de "principios básicos de atención humanitaria, que es lo que está viviendo Venezuela, porque en este caso hay una crisis humanitaria y la población es la que necesita protección".

Pero al día siguiente de conocerse la decisión de Ecuador, las autoridades de Perú anunciaron que a partir del próximo 25 de agosto también exigirán un pasaporte válido a los y las venezolanas.

El ministro del Interior peruano, Mauro Medina, justificó la medida con el argumento de que se busca resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, por lo que se quiere contar con un "registro adecuado" de huellas dactilares y fotografías.

Pero esta decisión puede tener un impacto significativo en la entrada de venezolanos, pues 20% de ellos ingresa a ese país portando solamente su cédula de identidad, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú.

Y venezolanos residentes en Perú expresaron a la prensa local su preocupación por esa nueva medida, la que dificultará aún más la posibilidad de reunificación familiar de quienes aún no han emigrado pero tienen planes de hacerlo.

"Tramitar un pasaporte cuesta US$500 que es lo que nos cuesta venir al Perú. Si tienes palanca (alguien influyente que te ayude) lo consigues hasta en cuatro días, pero eso también cuesta y dinero es lo que no tenemos. Ojalá el presidente (Martín) Vizcarra reconsidere esta medida", le dijo Yuliber Morales, una venezolana vive en Lima desde hace un año, al diario peruano Correo. (La joven no hacía referencia al costo oficial de obtener el documento).

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, criticó a Ecuador y Perú por exigir a quienes huyen de Venezuela la presentación de un pasaporte válido.

El funcionario señaló que durante lo que va de 2018, más de 423.000 venezolanos han salido desde Colombia hacia países de América del Sur a través del Puente Internacional de Rumichaca, pero que solamente 61% de ellos lo hizo utilizando su pasaporte como documento de viaje.

"Exigirles hoy pasaporte a los ciudadanos venezolanos, cuando sabemos que su gobierno no los está expidiendo, es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios, pues no podemos olvidar que los ciudadanos venezolanos están saliendo de su país no por gusto, sino por culpa de la política de expulsión que ha impuesto el señor Maduro", afirmó Krüger.

Colombia se encuentra en medio de un proceso de regularización de más 400.000 venezolanos.

Sin embargo, desde febrero de este año Colombia también exige a los venezolanos que presenten su pasaporte al momento de ingresar al país.

Perú, por su parte, también recortó en seis meses -hasta el 31 de diciembre próximo- el plazo para que los venezolanos que ingresen al país antes del 31 de octubre puedan solicitar el Permiso Temporal de Permanencia, que les permite trabajar y tener acceso a los servicios de salud y educación pública.

Los anuncios de Ecuador y Perú no son las únicas restricciones establecidas para hacer frente a la ola migratoria de venezolanos.

En abril pasado, el gobierno de Chile anunció la creación de la "visa de responsabilidad democrática" destinada a aquellos venezolanos que quisieran trabajar y permanecer de forma temporal en el país.

Este nuevo permiso, sin embargo, solo puede ser solicitado a través de los consulados de Chile en Venezuela.

Y el mismo fue aprobado en el contexto de una reforma migratoria que también eliminó la posibilidad de ingresar a Chile como turista y posteriormente hacer un ajuste de estatus migratorio por causas laborales.

En la práctica esto significa que solo pueden beneficiarse de esta visa quienes tengan un pasaporte vigente y puedan tramitarla directamente desde Venezuela.

Y los venezolanos también han enfrentado nuevas restricciones para obtener visas de turistas en otros países.

Así, por ejemplo, en 2017, el gobierno de Panamá comenzó a exigir una visa estampada para todos los venezolanos que quisieran visitar ese país por un periodo máximo de 30 días.

Para obtener ese permiso deben pagar una tasa de US$60, mostrar copia del billete de avión ida y vuelta y demostrar tener una solvencia económica de, al menos, US$500, entre otros requisitos.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, la cifra de venezolanos en Panamá aumentó de 9.883 en 2015 a 75.990 en 2017.

Pero quizá donde las dificultades para el ingreso de migrantes ha estado a punto de llegar más lejos es en Brasil, donde a inicios de este mes un juez ordenó suspender temporalmente la entrada de venezolanos a través del estado fronterizo de Roraima.

La orden judicial suspendía de forma cautelar el ingreso de estos migrantes y lo condicionaba al avance en la aplicación del llamado "proceso de interiorización", un mecanismo ideado por el Gobierno Federal para trasladar a los migrantes venezolanos hasta ciudades del interior del país, con el objetivo de garantizar una mejor atención a los recién llegados.

La gobernadora de Roraima, Suely Campos, había solicitado ante las autoridades judiciales el cierre temporal de la frontera hasta tanto el Gobierno Federal no se hiciera cargo de la acogida humanitaria de unos 50.000 venezolanos que ya se encontraban en ese estado brasileño, uno de los más pobres de Brasil.

La funcionaria argumentaba que los servicios de salud y seguridad pública habían colapsado en esa región como consecuencia de la creciente demanda que, en el caso de la atención médica, ha crecido en 3.500% desde 2015.

La decisión de suspender el ingreso de venezolanos a Roraima, duramente objetada por el gobierno del presidente Michel Temer, fue inmediatamente revocada por una magistrada del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Sin embargo, las tensiones relacionadas con la presencia de venezolanos en esa región de Brasil han persistido, al punto que el sábado pasado se produjo un ataque en contra de un campamento levantado por unos 2.000 inmigrantes de esa nacionalidad en las calles del municipio Pacaraima.

La acción violenta, ejecutada por vecinos de esa localidad, se produjo tras una protesta por el caso de un comerciante brasileño que había sido golpeado y robado el viernes supuestamente por cuatro venezolanos.

El ataque derivó en la destrucción del campamento y en la quema de las pertenencias de los inmigrantes. Se estima que unos 1.200 de ellos se vieron forzados a cruzar la frontera de vuelta hacia Venezuela.

Luego de este incidente, las autoridades de Roraima han vuelto a solicitar al Tribunal Supremo que suspenda temporalmente el ingreso de venezolanospor esa frontera.

Este lunes, el Gobierno Federal señaló que no tomaría una decisión hasta evaluar más la situación en Pacaraima pero indicó, por primera vez, que aún no descartaba la posibilidad de cerrar esa frontera.