Por qué la ciudad suiza de Zúrich va a expulsar a 130 millonarios de sus casas

Ganan mucho más que el resto de la población en uno de los países más ricos del mundo, pero pronto podrían quedarse sin casa.

La razón: una nueva normativa para las viviendas sociales subsidiadas por el gobierno de Zúrich que fue aprobada esta semana.

El caso más notables es el de 132 millonarios de la ciudad más poblada de Suiza (con 400.000 habitantes).

Aunque según las autoridades locales, muchos más residentes de la ciudad se están beneficiando de un subsidio habitacional a pesar de ganar más dinero que las familias para las cuales la política fue diseñada.

Pero, ¿por qué alguien con mucho dinero viviría en una vivienda pensada para los más pobres?

Lo primero que hay que decir es que no necesariamente se trata de magnates con inversiones en Dubái o dos Lamborghini estacionados frente a descuidadas chabolas.

Aunque sí son personas que ganan varias veces más que el salario promedio suizo: unos US$60.000 al año, según datos de la OCDE.

Suiza es, de hecho, el segundo país con mayores ingresos de Europa, después de Luxemburgo.

Y parte del problema es que, desde hace siete años, Zúrich implementó un esquema bajo el cual los inversionistas que construyen cualquier proyecto inmobiliario, deben destinar al menos un 33% de ese proyecto a viviendas sociales.

Esos apartamentos deben ser alquilados a precios que les permitan amortizar los costos de construcción y mantenimiento, pero que no les permitan generar utilidades.
Mientras que, en paralelo, existe un segundo esquema donde las viviendas sociales son construidas y controladas por el gobierno local.

Mientras que, en paralelo, existe un segundo esquema donde las viviendas sociales son construidas y controladas por el gobierno local.

En este caso, y desde que la cuota del 33% fue creada, el gobierno ha construido 1.500 viviendas sociales, las que terminan situando la oferta general de departamentos asequibles en 9.000.

Y la polémica surgió cuando se detectó que muchas de esas viviendas no estaban siendo ocupadas por los más pobres (o menos ricos, según el punto de vista) de Zúrich.

Efectivamente, más allá de los 132 millonarios que tendrán que irse de su actual vivienda social, el gobierno ha descubierto que existen muchos otros arrendatarios que no califican para las mismas.

Es decir, son personas que sin tener gigantescos ingresos respecto a la media, ganan lo suficiente para arrendar un departamento a precio de mercado.

Gran parte de este segundo grupo también tendrá que empezar a buscar otro lugar donde vivir, porque la nueva normativa señala claramente que el que el "arrendatario social" no puede recibir un sueldo que sea más de seis veces el valor de la renta que paga mensualmente.

Por otro lado, la iniciativa también establece que cada habitación del departamento social debe tener un ocupante, y que el inmueble debe ser la única vivienda donde el arrendatario reside.

Según los cálculos de las autoridades, actualmente cerca de un 20% de los que arriendan viviendas sociales, excedería el límite de ganar un sueldo seis veces superior a la renta.

Sin embargo, la nueva regla también incluye varios mecanismos para suavizar el cambio, con el objetivo de que no todos los que dejan de calificar tengan que irse.

El gobierno también contempla varios mecanismos de ayuda con el fin de que aquellos que tengan que marcharse encuentren rápidamente otro lugar donde residir.

De hecho, el propio gobierno local les propondrá a estos arrendatarios dos alternativas de vivienda en el sector privado que sean asequibles de acuerdo a sus ingresos.

Quienes han criticado los mecanismos de flexibilidad que contempla la norma, dicen que el gobierno local de centro-izquierda, no quiere perder votos, y que con ese objetivo intenta aminorar el impacto que podría tener la reformulación del actual esquema habitacional.

De hecho, según los reportes de la prensa local, los opositores preferirían una norma mucho más dura.

En cualquier caso, todavía faltan varios meses para que se aplique la decisión.

Y eso significa que aquellos que podrían eventualmente recibir una orden de desalojo tienen suficiente tiempo para estudiar cómo anda la oferta en el sector privado, donde los subsidios nos son parte del precio.