Esplendor e indigencia

Estas son algunas ciudades grandiosas o emblemáticas del mundo rico donde el problema de la pobreza, la mendicidad y las personas sin hogar es especialmente acuciante.

La capital rusa se enfrenta a un problema de pobreza urbana de dimensiones catastróficas. Según organizaciones como Médicos sin fronteras, más de 100.000 personas viven en la calle, si bien las estimaciones oficiales bajan la cifra a 10.000. La inmensa diferencia podría deberse a un esfuerzo deliberado por ocultar la verdadera magnitud de esta crisis, o bien al hecho de que el cómputo de las autoridades únicamente incluye a las personas sin hogar que reciben ayuda en la red de centros oficiales de asistencia (hay diez en total y cuentan con solo 1.500 camas).

Lo más preocupante es que el fenómeno no ha parado de crecer. Según Médicos sin fronteras, había solo 30.000 personas sin hogar en Moscú en 1992. Los indigentes, cuya esperanza de vida en las calles es de entre dos y cinco años, siguen esperando soluciones que no llegan.

En este contexto de estrechez de los servicios de asistencia básicos, sorprende la reciente iniciativa de abrir peluquerías y salas de cine gratuitas para personas sin hogar. Puede parecer una frivolidad, pero las autoridades moscovitas y las organizaciones sociales creen que es psicológicamente beneficioso ofrecer algo extraordinario, más allá de una asistencia rudimentaria.

Las causas de la pobreza urbana hay que buscarlas en la larguísima resaca de la economía postsoviética —muchos rusos perdieron su vivienda en los 90 a causa del fraude generalizado y los vacíos legales—, mientras que su constante aumento lo explica en parte la recesión que ha sufrido Rusia en los últimos años. Aunque no haya datos oficiales sobre la cuestión, es sabido que el alcoholismo contribuye a la indigencia y además agrava sus condiciones —la bebida explica, en parte, la corta esperanza de vida—, pues muchas de las personas que viven en la calle acaban bebiendo.

La economía ha empezado a repuntar, pero los planes de disminución del gasto público no auguran nada bueno para quienes están en la pobreza. Los salarios bajaron consecutiva y drásticamente en 2015 y 2016, mientras que la tasa de pobreza creció un 15%. Los precios astronómicos de la vivienda moscovita son el corolario de una situación de indigencia urbana con difícil resolución.

Con una población de cuatro millones de habitantes dentro del municipio, Los Ángeles alberga aproximadamente el mismo número de personas sin hogar que Nueva York, a pesar de que esta tiene una población bastante mayor. Algo más de 57.000 angelinos carecen de hogar en la capital estadounidense de los sin techo, un 23% más que el año pasado, según Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA), autoridad municipal creada en 1993 y encargada de mitigar y contabilizar el fenómeno.

El número de personas que vive en la calle ha subido hasta en un 20%, sobre todo entre la población latina (con un aumento del 63%), asiática (31%) y afroamericana (23%), mientras que entre la población blanca ha descendido un 2%. El aumento registrado en ciertas comunidades se debe fundamentalmente a la subida del precio de la vivienda y al estancamiento y escasa cuantía de los salarios —el enorme ascenso del fenómeno entre los latinos se debe también a que muchos están en situación ilegal y por ello no pueden o no quieren solicitar asistencia—. La población blanca, por tratarse en general de la más acomodada, es la única cuyo rango salarial es en muchos casos lo suficientemente alto y ascendente como para mantenerse a flote.

Todos los intentos por mitigar esta situación de verdadera emergencia se estrellan contra la subida constante de los precios de la vivienda. Entre 2000 y la actualidad, el coste medio ha ascendido un 32% y los ingresos de los ciudadanos han menguado un 3%. Las personas de bajos recursos gastan de media el 70% de su dinero en el alquiler.

La creciente indigencia se ve reprimida por una amalgama de leyes municipales destinadas a criminalizarla. En 1997 Los Ángeles aprobó una normativa que prohibía la mendicidad agresiva, y otros municipios del área metropolitana hicieron lo propio. La ciudad tiene hoy 19 leyes vigentes contra la indigencia.

Los cien millones de dólares que el Ayuntamiento se comprometió a destinar en 2015 para mitigar la situación palidecen ante las fuerzas del mercado que siguen inflando los precios de la vivienda. A su vez, los recortes del gasto federal han secado los fondos destinados a construir vivienda social en Los Ángeles. Ante el tijeretazo de Washington, los ciudadanos votaron recientemente a favor de destinar miles de millones de dólares a la edificación de 15.000 viviendas asequibles.

Algunos expertos argumentan que esas medidas sociales serán a la larga más baratas que encarcelar a quienes violen las leyes contra la mendicidad. No en vano, un pequeño programa piloto llevado a cabo en la ciudad entre 2008 y 2010 para dar alojamiento a vagabundos crónicos acabó generando una pequeña plusvalía.

Un vistazo a los datos macroeconómicos de esta metrópolis global difícilmente haría presagiar que sufre un gravísimo problema de indigencia. Su PIB lleva años creciendo a un ritmo robusto y el desempleo se sitúa apenas por encima del 5%. Sin embargo, tres millones de neoyorquinos viven en la pobreza.

La contradicción entre la inmensa prosperidad de esta urbe y la fuerte presencia de la pobreza y la mendicidad hay que buscarla sobre todo en el disparatado aumento del precio de la vivienda. Entre 2000 y 2012 se encareció en un 75%, y se estima que el precio medio del alquiler supera hoy los 3.000 dólares mensuales. En ese contexto, hoy son más de 57.000 los neoyorquinos sin techo, un 5,6% más que en 2014.

La pobreza no es un fenómeno reciente en Nueva York, sino un elemento constitutivo en la historia de este baluarte del capitalismo global que ha dejado a su paso a tantos ganadores como perdedores. Bajo la alcaldía de Rudolph Giuliani, caracterizada por su limpieza de la delincuencia y otras formas visibles de la problemática urbana, se adoptaron diversas medidas restrictivas de la mendicidad. En 1989 se prohibió la indigencia en el metro y, en 1996, también la mendicidad considerada amenazadora y la que se lleve a cabo en las inmediaciones de cajeros automáticos.

El actual alcalde Bill de Blasio está atacando las causas del problema en lugar de limitarse a sus manifestaciones externas, y ha anunciado la habilitación de nuevos albergues para las personas sin techo. Además, el número de personas pobres o al borde de la pobreza se redujo en un punto porcentual el pasado año, registrando así su primer descenso desde 2008. Pero la situación es tan grave que incluso uno de los ayuntamientos más poderosos del mundo parece relativamente inerme.

Se estima que alrededor de 10.000 personas, sobre una población de 1,7 millones, carecen de techo en Budapest, aunque algunas organizaciones sostienen que el número podría ser mayor. Casi la cuarta parte de esas personas sin hogar son de etnia gitana.

Muchos casos se deben a los desahucios de ciudadanos que no pueden pagar la vivienda debido a los bajos salarios y a la onda expansiva de la severa recesión económica sufrida por el país en 2008 y 2009, de la que se ha recuperado solo de manera parcial.

Además, los precios del alquiler en Budapest han crecido exponencialmente, hinchados por la escasez de pisos disponibles. Las rentas son inasequibles para buena parte de las familias de un país en el que algo más del 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social (una cifra superior a la media europea, pero similar a la de países como España o Italia).

Las autoridades nacionales y municipales, en manos del partido conservador Fidesz, se han aliado en la criminalización de la indigencia. En 2011 el Ayuntamiento de Budapest aprobó un decreto dirigido a las personas sin techo que prohíbe dormir en la calle, estableciéndose penas de arresto y multas. En septiembre de 2013, el Parlamento húngaro aprobó una ley que permite a los municipios expulsar a las personas sin hogar de los espacios que habitualmente ocupan en la vía pública.

La normativa se aplica en la mayor parte de los lugares icónicos y de valor histórico y turístico de esta bella capital, bruñendo su escaparate de cara a los visitantes extranjeros. No obstante, partes de la ley nacional que habilita a los ayuntamientos a tomar estas medidas fueron invalidadas por el Tribunal Supremo en 2015.

Hungría carece de una estrategia nacional para las personas sin techo —la que bosquejó el gobierno de centro-izquierda en 2008 nunca llegó a despegar—. A su vez, los alrededor de 30 millones de euros destinados por el Estado para ayudar a los vagabundos a escala nacional se quedan muy cortos para la magnitud del problema en Budapest, cuyo Ayuntamiento ha retirado parte de los fondos municipales con los que se complementan los nacionales.

Grecia tiene una de las tasas de personas sin hogar más altas de la Unión Europea. Su capital, con una población algo superior a los tres millones de habitantes, alberga a más de 9.000 ciudadanos sin techo (algunas ONG estiman que el número se eleva a 15.000 en toda la región metropolitana).

Mientras que otras ciudades son víctimas de su propio éxito y del ascenso desmesurado de los precios inmobiliarios, la pobreza en Atenas es principalmente el fruto de la crisis económica, del desempleo galopante y de la austeridad. El precio de la vivienda se ha desplomado casi un 50% desde el inicio de la crisis, pero la pérdida general de poder adquisitivo y el paro siguen arrojando a muchos ciudadanos a la pobreza. Los datos oficiales muestran que la inmensa mayoría de las personas sin hogar han caído en esa situación en los últimos cinco años, ilustrando así el vínculo entre crisis, austeridad y miseria.

Muchas de las víctimas de la indigencia en Atenas son inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como víctimas del tráfico de seres humanos, normalmente de etnia gitana y procedentes de Rumanía o Albania, que son obligados a practicar la mendicidad. Se estima que poco más del 60% de las personas sin hogar en Atenas son de nacionalidad griega, según las cifras de la Fundación de la Ciudad de Atenas para las Personas sin Hogar (KYADA).

Además de la escasez de fondos para hacer frente a esta emergencia, la ciudad se ha blindado con diversas normativas que criminalizan la indigencia, incluyendo restricciones a la mendicidad y a la ocupación de inmuebles. Por su parte, las medidas ambiciosas para confrontar el problema, como la aprobación por vía parlamentaria en 2014 de un paquete de ayudas a las personas sin hogar a escala nacional, no acaban de recabar la dotación económica necesaria en un contexto de continuos recortes.

San Francisco y varias de las poblaciones adyacentes gozan de fama mundial por ser el epicentro de la industria tecnológica global. Su éxito económico, sin embargo, ha disparado los precios de la vivienda y ha llevado a mucha gente a la calle.

En la ciudad californiana viven entre 7.000 y 9.000 personas sin techo, sobre una población de 865.000 habitantes —alrededor de siete millones en toda el área metropolitana—. Apenas hay 1.200 plazas en los albergues municipales, por lo que frecuentemente se la caracteriza como la capital norteamericana de los vagabundos (título que, como hemos visto, se lo disputa Los Ángeles).

Las normas contra la indigencia son estrictas. En 2004 se aprobó una ley municipal que prohibía toda forma de mendicidad en los alrededores de los cajeros, en los aparcamientos, las medianas de las carreteras y otros lugares. La normativa ignora las causas profundas del fenómeno y se ciñe a proteger la seguridad de los ciudadanos que no tienen que pasar tales penurias. Es por ello que no ha contribuido a solventar el problema: muchos vagabundos han continuado agrupándose en grandes campamentos urbanos.

El debate generado por estos asentamientos cristalizó en una medida, aprobada por un estrecho margen en 2016, que permite desalojar a estas personas de sus chabolas y tiendas de campaña, siempre y cuando se les otorgue un plazo de 24 horas para marcharse y se les ofrezca alojamiento alternativo.

La medida cuenta con muchos detractores, tanto entre quienes la consideran una forma ineficiente de criminalización de la mendicidad, como entre los enemigos del gasto público. No en vano, los habitantes de San Francisco rechazaron una subida impositiva con la que recaudar los 50 millones de dólares designados por el Ayuntamiento para crear albergues para los vagabundos desalojados.

Así se retratan los habitantes privilegiados de una ciudad que posee hasta 23 leyes destinadas a restringir la indigencia —la media entre las urbes californianas se sitúa en 9— y que, entre 2007 y 2013, presentó más de 3.000 citaciones judiciales por diversas formas de indigencia en la vía pública.

La indigencia es un problema grave en la mayor parte de las grandes y medianas ciudades estadounidenses, incluso en las más relevantes y económicamente dinámicas. Así, la propia capital, Washington DC, o incluso puntales de prosperidad como Seattle, registran también altos niveles de pobreza urbana. No obstante, la indiscutible condición de Nueva York, Los Ángeles y la región metropolitana de San Francisco como referentes demográficos o económicos del país hace que la situación en estas urbes merezca una atención especial.