Qué pueden hacer las empresas para liderar la lucha contra el cambio climático

El anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos pretende retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático hizo que varios sectores vinculados al Gobierno y empresas diversas se posicionaran a favor del acuerdo, con o sin la participación del actual Gobierno. Según el último recuento, alcaldes de unas 300 ciudades y más de una docena de estados, lo que representa el 40% de la economía estadounidense, dijeron que continuarán trabajando con el propósito de reducir las emisiones de combustible fósil. El acuerdo de 2015, firmado por 195 países, tiene como objetivo limitar el calentamiento global a dos grados centígrados por encima del período preindustrial.

Las empresas están asumiendo el liderazgo en este proceso. Amazon, Apple y otras grandes empresas se empeñan en trabajar para alcanzar el parámetro fijado por el Acuerdo de París. ¿Estados y gobiernos locales pueden llenar el vacío dejado por el ámbito federal? ¿O sería un papel más adecuado para las empresas?

No se trata de una propuesta del tipo o esto o aquello, dice Eric W. Orts, profesor de Estudios jurídicos y Ética empresarial y jefe de departamento del programa Iniciativa de Liderazgo Medioambiental Global [Initiative for Global Environmental Leadership]. Orts señala que antes de que Trump decidiera pronunciarse sobre el acuerdo de París, la respuesta a esta pregunta ya se conocía hace algún tiempo: “La empresa y el gobierno tienen un papel que desempeñar en las negociaciones sobre el cambio climático, que es probablemente la cuestión más compleja y desafiante de nuestro tiempo, con la posible excepción de la proliferación y el riesgo de las armas nucleares”, dice Orts. “El acuerdo de París, en realidad, prevé la necesidad de que las empresas y los consumidores, así como el Gobierno y los ciudadanos, asuman sus responsabilidades y propongan soluciones. En las últimas décadas, en una tendencia que culminó con el Acuerdo de París, los expertos aceptaron cada vez más la visión según la cual el Gobierno por sí solo no podrá resolver el problema del cambio climático. Se trata de un problema simplemente demasiado grande, y las fuerzas del Gobierno —y particularmente el derecho internacional— son excesivamente frágiles”.

La intención del Gobierno Trump de retirarse significa que una parte mayor de responsabilidad recae ahora sobre las empresas, dice Brian Berkey, profesor de Estudios jurídicos y de Ética empresarial de Wharton. “Las declaraciones que muchos han hecho expresan un compromiso con el liderazgo moral necesario”, dice. Sin embargo, lo que realmente importa es si están poniendo en práctica el compromiso expresado por sus declaraciones para los próximos años. Las empresas tienen la oportunidad de asumir el liderazgo en esta cuestión importante, y deberían hacerlo”.

Orts señala que la propuesta del ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ante las Naciones Unidas en nombre de los alcaldes, gobernadores, rectores de universidades y líderes empresariales de participar en el Acuerdo de París no significa sustituir al Gobierno. “Se trata de empresas vanguardistas que creen en la ciencia y que se asociarán con el Estado y con los gobiernos locales, además de otras organizaciones, como grupos medioambientales, para coordinar acciones de tal manera que Estados Unidos pueda alcanzar los objetivos expresados por el Gobierno Obama. En otras palabras, la idea es eludir a Washington y el Gobierno de Trump. Una gran parte de los estadounidenses cree que el cambio climático es real, y que hay que hacer algo”.

Un punto positivo de la decisión del Gobierno Trump de retirarse del Acuerdo de París “tal vez sea el hecho de que él ayudó a galvanizar un amplio movimiento social necesario para el progreso a largo plazo de cualquier evento”, dice Orts.

La necesidad de la participación del Gobierno en las negociaciones sobre el cambio climático, en opinión de muchas personas, y de otros sectores del Gobierno, están ocupando efectivamente el vacío dejado por el Gobierno Trump. Hawai es el primer estado en aprobar una ley con el propósito de alcanzar los objetivos del acuerdo, y al menos 12 estados, además de Puerto Rico, se unieron hasta el momento a la Alianza Climática de EEUU, una coalición comprometida con la adhesión al acuerdo.

Sin embargo, hay mucho en riesgo también para el Gobierno federal. Los militares estadounidenses están preocupados por el cambio climático porque “debería tener repercusiones geopolíticas desestabilizadoras muy significativas, contribuyendo al aumento de la pobreza y la escasez de alimentos y agua, aumentando así la posibilidad de confrontaciones armadas entre los países por el acceso a recursos”, dice Sarah E. Light, profesora de Estudios lingüísticos y Ética empresarial de Wharton en “The Military-Environmental Complex”, publicado por la Boston College Law Review. “La alineación excepcional entre la misión militar y la necesidad de conservar energía, de lidiar con el cambio climático y de desarrollar recursos renovables, trae consigo un potencial fabuloso: estimula el desarrollo de nuevas tecnologías, proporciona soporte comercial a gran escala para las tecnologías existentes y ayuda a dirigir cambios de comportamiento a gran escala”.

Robert Hughes, profesor de Estudios jurídicos y de Ética empresarial de Wharton, destaca que en un artículo publicado en Business & Professional Ethics, “Empresas, ética y cambio climático global” [Business, Ethics and Global Climate Change], Denis G. Arnold y Keith Bustos “argumentan de forma contundente que cuando los gobiernos dejan de regular las emisiones adecuadamente, las empresas tienen la responsabilidad moral de limitarlas de forma voluntaria. La emisión de gases de efecto invernadero afecta a todos”, dice Hughes. “Para mucha gente, incluso muchos de los pobres del mundo de hoy y mucha gente que vivirá en el futuro, los daños provocados por el cambio climático resultantes de niveles elevados de emisiones superan en gran medida a los beneficios de los métodos de producción de la economía que tienen como resultado niveles muy altos de emisiones”. Las preferencias económicas de las personas que hoy viven en Estados Unidos y en otros países ricos no justifican los enormes daños netos para los que vivirán en el futuro y para los pobres del mundo, dijo Hughes. “Hasta qué punto se debe exigir a las empresas que limiten sus emisiones es una cuestión difícil y es tema de debate en la ética medioambiental”, añadió. “Un aspecto del debate: ¿las empresas con un largo historial de producción de gases de efecto invernadero tienen una responsabilidad mayor que otras en lo que se refiere a la limitación de las emisiones futuras?”

Las regulaciones del Gobierno, en realidad, no han ofrecido soluciones fáciles para muchos de los problemas medioambientales más desafiantes de la actualidad, escriben Light y Orts en “Paralelismos en la gobernanza medioambiental pública y privada” [Parallels in Public and Private Environmental Governance], publicado en el Michigan Journal of Environmental and Administrative Law. Los autores dicen que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la pérdida de tierras agrícolas, la fertilización nitrogenada excesiva, la destrucción de las áreas de pesca oceánicas y la escasez de agua potable requieren estrategias jurídicas variadas que combinen leyes públicas locales, regionales, nacionales e internacionales. “La aceptación de formas paralelas de gobernanza pública y privada es importante para la búsqueda de soluciones de problemas medioambientales globales porque representa un conjunto diverso de instrumentos cuyo uso puede llevar a estrategias nuevas y sorprendentes. Entre estos instrumentos tenemos opciones como los sistemas privados de comercio de emisiones, tarifas de carbono privadas, gestión de cadena de suministros privados y seguros privados, así como sus resultados en el derecho público”.

Orts dice que el sueño de una solución integral de políticas centralizadas para el cambio climático también es utópico. En Climate Contracts, publicado en el Virginia Environmental Law Journal, Orts dice que “la complejidad dinámica del problema del cambio climático es señal de que las mejores soluciones impulsarán movimientos sociales de amplia base favoreciendo la producción y el mantenimiento de muchos tipos de acuerdos jurídicos, económicos y políticos que involucran a diversas instituciones, no sólo a los Estados miembros que negocian tratados internacionales, sino también a otros acuerdos de gobiernos regionales y municipales, organizaciones sin fines de lucro (entre ellos grupos educativos, religiosos y ambientalistas), empresas y grupos de consumidores”. Sin embargo, dice Orts: “Es verdad que el camino para que EEUU cumpla los objetivos del Acuerdo de París sin la ayuda del Gobierno federal pone las cosas mucho más difíciles”.

¿Podría ser demasiado tarde? El ex secretario de Estado John Kerry, que ayudó a dar forma al Acuerdo de París, dice que con la participación de las empresas, estados y ciudades, Estados Unidos alcanzará los objetivos establecidos por el acuerdo, a pesar de la decisión de Trump. “Creo que Estados Unidos cumplirá los estándares del Acuerdo de París”, dijo recientemente en Oslo. “Por lo tanto, no quiero que las personas se desanimen”.

El Protocolo de Montreal sobre sustancias que empobrecen la capa de ozono es un buen recordatorio, tanto de lo que puede lograrse mediante una respuesta contundente del Gobierno y de las empresas a un problema aparentemente infranqueable, como de la resiliencia de la tierra. En 1987, alarmados por la noticia de que la capa de ozono estaba en proceso de agotamiento, prácticamente todos los países del mundo firmaron el protocolo, que prohibía el uso de clorofluorocarbonos, fuente de cloro atmosférico que estaba devorando la capa de ozono. Funcionó. Un equipo de científicos del MIT descubrió recientemente que el agujero en la capa de ozono de la Antártida se redujo más de cuatro millones de kilómetros cuadrados desde el 2000, cuando el agotamiento del ozono alcanzó su peor nivel.

“La ciencia fue importante para mostrar el camino; diplomáticos, países y la industria supieron, de forma espectacular, trazar un camino que nos distanciara de esas moléculas, y hoy ya podemos observar que el planeta empieza a mejorar, es algo maravilloso”, dijo a MIT News Susan Solomon, una científica destacada en su área. “La respuesta de buena parte de la comunidad empresarial es, al menos en cierta medida, alentadora”, dice. “Varias empresas emitieron declaraciones fuertes en oposición a la decisión del Gobierno y anunciaron su compromiso de trabajar con el objetivo de limitar las emisiones del gas de efecto invernadero”.

Si las empresas consiguen reducir sus emisiones, o las que se derivan de sus cadenas de suministros, es lo que deberían hacer, incluso si eso disminuye de alguna manera sus beneficios, dice Berkey. “Deben también respaldar los esfuerzos del Gobierno para introducir políticas que contribuyan a combatir la amenaza del cambio climático donde existan tales esfuerzos. Como mínimo, deben dejar de hacer lobby contra esos esfuerzos”.

En algunos casos, sumas significativas de dinero de grandes empresas están detrás de ideas para combatir el cambio climático. Bill Gates y un grupo de más de una docena de multimillonarios se unieron y formaron la Coalición para la Revolución en la Energía con el objetivo de invertir en nuevas tecnologías energéticas. El grupo, del que forman parte Jeff Bezos, Richard Branson, Jack Ma, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, se comprometió a contribuir con miles de millones de dólares. Trabajarán con Mission Innovation, un consorcio de 22 países, entre ellos los Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos gastos ascienden a 30.000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo de energía limpia para 2021.

En otros casos, sin embargo, la respuesta de las empresas podría no ir más allá de las acciones de relaciones públicas, dijo Berkey. El apoyo público al Acuerdo de París es muy fuerte, con poca oposición. Apoyar el acuerdo sin hacer nada concreto no cuesta nada para muchas empresas, dado el sentimiento público en relación al asunto. “Algunas empresas que apoyan el Acuerdo de París, sin embargo, siguen oponiéndose a las regulaciones que también ayudarían a lidiar con la amenaza del cambio climático, tales como estándares más estrictos de emisiones para vehículos”, resalta Berkey.

Otras, como Exxon, tienen fuertes razones para parecer que simpatizan con la lucha contra el cambio climático, ya que la empresa está siendo investigada actualmente en Nueva York por su implicación en asuntos medioambientales, dijo. “Será interesante ver lo que las empresas que anunciaron su apoyo al acuerdo harán en los próximos años”, dijo Berkey. “Algunas tienen intereses netamente económicos que se alinean con sus esfuerzos para mitigar el cambio climático, pero otras quizás se vean ante la necesidad de tomar decisiones que exijan priorizar un volumen mayor de ganancias o emisiones reducidas. Si las acciones del Gobierno hacen más atractivo para las empresas renunciar a sus esfuerzos de lucha contra el cambio climático, por lo menos los líderes de esas empresas se enfrentarán a elecciones morales que serán todo un desafío. Sus acciones indicarán hasta qué punto están comprometidos con el apoyo que muchos han expresado recientemente de luchar contra el cambio climático”.

Para muchos científicos y otros expertos, el Acuerdo de París es demasiado flexible, porque el mundo necesita comprometerse mucho más con objetivos rigurosos para pasar del combustible fósil a la economía de bajo carbono, dijo Orts. “No creo que el consenso general sobre la severidad del problema climático cambie”, dice. “Estados Unidos será considerado una excepción …”

Orts cree que la posición de Trump en París será vista como una aberración menor a largo plazo. “El Acuerdo de París seguirá adelante, y Estados Unidos terminará volviendo a él, ¿lo hará demasiado tarde? Tal vez. Así todo, de acuerdo con el profesor Martin Seligman, vale la pena ser optimista y esforzarnos lo máximo posible por un mañana mejor para nuestros hijos y nietos. Hoy, el futuro de los Estados Unidos depende del liderazgo de los estados, las ciudades y las empresas, así como las organizaciones sin fines de lucro”.