El derecho a la tecnología agrícola

En los sesenta, cuando el biólogo Paul Ehrlich predecía que el veloz crecimiento de la población iba a provocar hambrunas masivas, un genetista llamado Norman Borlaug estaba desarrollando nuevos cultivos y métodos de agricultura que se han convertido en pilares de la Revolución Verde. Se atribuye a esos avances (y otras innovaciones en tecnología agrícola) haber evitado más de mil millones de muertes por hambre y mejorado la nutrición de miles de millones de personas. Pero hay gente que parece ansiosa por revertir esas mejoras.

Además de salvar vidas, la Revolución Verde evitó una destrucción medioambiental a gran escala. Según un estudio de la Universidad Stanford, de 1961 a hoy la tecnología agrícola moderna permitió una considerable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando al mismo tiempo el rendimiento neto de los cultivos. También salvó del desmonte y la conversión en tierra de siembra el equivalente a tres pluviselvas como el Amazonas (o el doble del área de los 48 estados contiguos de Estados Unidos). Los cultivos genéticamente modificados, por su parte, han permitido una reducción del uso de pesticidas nocivos para el medio ambiente acumulada igual a 581 millones de kilogramos (un 18,5%) desde 1996.

Extrañamente, muchos ambientalistas creen que todo esto es digno no de aprobación, sino de condena, y promueven un regreso a metodologías de cultivo ineficientes e improductivas. La “agroecología” por la que abogan incluye una primitiva “agricultura campesina” que, al reducir el rendimiento y la resistencia de los cultivos, pone en riesgo la seguridad alimentaria y aumentará el hambre y la desnutrición.

En apoyo de esta insensatez, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó hace poco un informe de la relatora especial sobre derecho a la alimentación, Hilal Elver, en el que se convoca a la instauración de un régimen agroecológico global, con un nuevo tratado internacional que regule y reduzca el uso de pesticidas y técnicas de ingeniería genética, métodos que calificó como violaciones a los derechos humanos.

El CDHNU (un organismo que incluye a tan firmes defensores de los derechos humanos como Arabia Saudita, China, Cuba, Qatar y Venezuela) se dedicaba ante todo a denostar a Israel. Pero en 2000, a instancias del gobierno cubano, creó el cargo de relator especial sobre el derecho a la alimentación, que a tono con la absurda composición del CDHNU, tuvo como primer ocupante al sociólogo suizo Jean Ziegler, cofundador y receptor del Premio Internacional Gadafi de Derechos Humanos.

La ONG UN Watch denunció a Elver por apoyar teorías conspirativas en relación con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (según las cuales, fueron orquestados por el gobierno de Estados Unidos para justificar la guerra contra los musulmanes). La postura de Elver en relación con la agricultura refleja la misma mentalidad paranoide. Elver se opone a la “producción industrial de alimentos” y al libre comercio, y suele colaborar con Greenpeace y otros movimientos ambientalistas radicales.

El nuevo informe de Elver para el CDHNU es en buena medida una mera repetición de conceptos delirantes de organizaciones no gubernamentales financiadas por la industria de los alimentos orgánicos. Acusa a innovaciones agrícolas como los pesticidas de “desestabilizar el ecosistema” y asegura que son innecesarias para aumentar las cosechas.

Todo esto podría desestimarse como un ejemplo más de activismo errado dentro de la ONU, pero es sólo una parte de una campaña más amplia e influyente de ONG globales (que cuenta con aliados dentro de la Unión Europea) para promover un modelo agroecológico que prohíba el uso de insumos agrícolas fundamentales como los pesticidas y las especies vegetales genéticamente modificadas. Una agenda que ahora se promueve a través de una vasta red de organismos y programas de la ONU, además de tratados y acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Comisión del Codex Alimentarius y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.

Mal podría uno exagerar el daño potencial de esta campaña. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (que todavía no sucumbió totalmente al activismo radical) estima que sin pesticidas, los agricultores perderán hasta el 80% de las cosechas por culpa de insectos, enfermedades y malezas. (Basta pensar en el gusano cogollero, que en los últimos 18 meses devastó plantaciones de maíz en gran parte del África subsahariana.) Los regímenes regulatorios radicales afectan particularmente a los países en desarrollo, ya que muchas veces su cumplimiento es condición para recibir ayudas del extranjero (aunque a veces también provocan cambios en la agricultura de los países desarrollados, sobre todo en la UE).

Millones de pequeños agricultores en los países en desarrollo necesitan proteger sus cultivos. Cuando, por ejemplo, no tienen acceso a herbicidas, tienen que desmalezar sus parcelas a mano, lo que equivale literalmente a deslomarse trabajando: para desmalezar una hectárea de terreno, los agricultores (por lo general, mujeres y niños) tienen que caminar diez kilómetros agachados, algo que con el tiempo, produce lesiones dolorosas y permanentes en la columna. De hecho, es lo que llevó en 2004 al estado de California a prohibir el desmalezamiento manual (aunque se hizo una excepción para las granjas orgánicas, precisamente porque se niegan a usar herbicidas).

Privar a los países en desarrollo de usar métodos agrícolas más eficientes y sostenibles los condena a la pobreza y les niega la seguridad alimentaria: esa es la verdadera violación de los derechos humanos.