México: la cuesta del 2017

Con el tránsito del año, los traders suelen actualizar la lista de países considerados vulnerables. Es probable que la economía mexicana haya sido de las más evocadas en las salas de contratación durante las navidades. El peso mexicano se convirtió en uno de los más finos indicadores del estado de la contienda electoral estadounidense. Desde el 9 de noviembre ha perdido un 16% de su valor respecto al dólar.

Las nubes sobre la coyuntura mexicana llegaron un año y medio antes del ciclón Trump, con el descenso abrupto del precio del petróleo. Los ingresos públicos derivados de la venta de crudo, que alcanzaban el 10% del PIB, cayeron a la mitad, ampliando los déficits público y por cuenta corriente. Pero además echó por tierra una reforma energética que abría el sector petrolero a la iniciativa privada, inhibiendo la inversión de las empresas foráneas. Quedó también al descubierto la precaria situación financiera de PEMEX, la empresa nacional de petróleo, que acabó requiriendo apoyo financiero del Estado. El deterioro macroeconómico forzó a las autoridades a anunciar un plan de choque para recuperar la credibilidad exterior, endureciendo la política monetaria y lanzando un ajuste plurianual del gasto para estabilizar la deuda pública en torno al 50% del PIB.

Pese al carácter restrictivo de la política económica, el crecimiento para 2016 se estima en el 2,1%. La cifra, aunque modesta, no es catastrófica y, no obstante los contratiempos sufridos, ha logrado mantenerse dentro de la senda observada en los últimos años. La tasa de paro se sitúa en el entorno del 4%, una de las más bajas de toda la OCDE, si bien se estima que más de la mitad de los ocupados trabajan en el sector informal. La expansión del consumo privado, apuntalada en el dinamismo del crédito, la estabilidad de precios y la poderosa entrada de remesas familiares, cuyo poder de compra en pesos ha aumentado, han desplazado al sector externo como motor de crecimiento.

Entre las amenazas que se atisban para este año destacan el probable giro proteccionista de EEUU y un posible retraimiento de la inversión extranjera. El 90% de las exportaciones mexicanas corresponde a productos manufacturados, de los cuales el 83% se vende en Estados Unidos. El 30% de las exportaciones proceden del sector automotriz, que se ha expandido al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN). Varias empresas americanas ya han cancelado planes de inversión en México y el nuevo presidente también pretende dificultar el establecimiento de empresas europeas en su país vecino.

Aun así, los instrumentos que va a utilizar la nueva Administración todavía no están claros. Se ha hablado de renegociar el ALCAN y también de imponer aranceles punitivos del 35%. Otra opción es la introducción de un ajuste en frontera dentro de la reforma del impuesto sobre sociedades (que tendría un efecto similar al arancel). Y luego están los tuits, claro.

La segunda amenaza es más difusa pero podría materializarse antes y de manera más virulenta. Si los inversores llegan a la conclusión de que el riesgo de invertir en activos mexicanos se ha elevado de forma notable, caerá la financiación neta exterior. De ser así, no solo seguiría sufriendo el peso, sino que se elevarían los intereses de la deuda pública y el coste de capital para las empresas. Los riesgos de este escenario no son desdeñables: la economía podría estancarse, lo que dificultará los esfuerzos de estabilización de la deuda pública. A su vez, el ajuste fiscal tiene que lidiar con un servicio de la deuda al alza, la fragilidad de Pemex, la grave situación fiscal de algunos estados y municipios, y las elecciones del Estado de México en el 2017 (el de mayor peso electoral y crucial de cara a las elecciones presidenciales del año que viene). Las agencias de calificación crediticia, expertas en salpicar la sangre para que los tiburones la huelan, no quitan el ojo sobre esos elementos y ya han puesto a la deuda mexicana en perspectiva negativa durante el 2016.

Lo malo es que la exposición a los capitales foráneos es bastante elevada. Desde que aprendió las duras lecciones del Tequilazo hace más de veinte años, México se ha convertido en un alumno modélico de país emergente abierto a la globalización. Durante esta larga etapa de expansión monetaria global, el país ha sido uno de los destinos favoritos de los inversores internacionales. El 35% de la deuda soberana está en posesión de residentes en el extranjero comparado con un 10% a finales de 2007. Esa proporción de deuda en manos extranjeras es de las más elevadas entre los países emergentes, lo que le expone al peligro de una rápida reversión en los flujos de capitales.

Hay razones sin embargo para confiar en la capacidad que tiene el país para gestionar estos riesgos macroeconómicos. El Fondo Monetario Internacional consideraba hace apenas tres meses que los fundamentos de la economía mexicana y sus políticas tienen suficiente solidez para afrontar los riesgos crecientes procedentes del exterior. Alababa en particular el uso de la flexibilidad cambiaria para ajustarse a las nuevas condiciones (la depreciación real tenderá a mejorar el saldo comercial), la política fiscal restrictiva y las reformas estructurales en ámbitos como la energía o las telecomunicaciones. La evaluación de la salud del sistema financiero también se saldaba con una nota alta, subrayando la holgada posición de capital de los bancos y la calidad del marco de regulación y supervisión. En el frente exterior, el FMI estima que la deuda externa es sostenible, el nivel de reservas de divisas es adecuado y el tipo de cambio está en un nivel cercano al de equilibrio.

Quizá los verdaderos problemas de la economía mexicana no tengan tanto que ver con los grandes números o las finanzas. Quizá tengan más que ver con un débil crecimiento potencial, unos niveles lacerantes de pobreza y desigualdad y una inseguridad física y jurídica todavía muy elevada.

Desde 1995 la renta per cápita mexicana ha crecido a una tasa media del 1,6%. No es un registro desdeñable, pero no ha impedido que se siga agrandando la brecha de bienestar con el vecino del norte o con otras economías emergentes de tamaño similar. Uno de los problemas que explican este potencial de crecimiento limitado es la baja tasa de actividad (inferior al 60%), en particular de las mujeres (45%).

La distribución de la renta en México es muy desigual respecto a la media de la OCDE. Su coeficiente de Gini, indicador que varía entre cero (plena igualdad) y uno (máxima concentración), es de 0,459, frente a una media de 0,318. El organismo federal Coneval cifraba la tasa de pobreza en el 46,2% en 2014. Más preocupante aún es la debilidad del conjunto de impuestos y transferencias del país para reducir la desigualdad en la renta de mercado. Uno de los factores que sin duda explica esta debilidad del Estado para atenuar las diferencias de renta es el bajo nivel de los ingresos públicos en relación al PIB, que se sitúa en el 22,6% del PIB.

Por último, la violencia, el poder del narco, la corrupción y, en general, la debilidad del estado de derecho, son un obstáculo esencial para el progreso económico y social del país. Afectan no solo a las condiciones para la inversión extranjera sino a los incentivos para la inversión en capital humano, físico y tecnológico y para la asunción de riesgos. La cuesta es dura, pero será crucial para un México que precisa fortalecer sus instituciones democráticas en un año tan significativo como éste, en el que se conmemora el centenario de la Constitución de 1917 que promulgara Venustiano Carranza.

Este artículo también ha sido escrito por Gonzalo García Andrés, Técnico Comercial Economista del Estado y coeditor de Blog NewDeal – Blog de Política Económica

Con este artículo estrenamos colaboración con el Blog NewDeal – Blog de Política Económica