Por un multilateralismo inteligente

El apoyo público al sistema internacional de gobernanza y la globalización económica se encuentra debilitado. En muchos países occidentales existe hoy una sensación de injusticia y de creciente desigualdad, que ha llevado al desencanto actual. Ello se ha visto reflejado en el resultado de las últimas elecciones estadounidenses: muchos ciudadanos, que han sufrido estos años el efecto negativo de la globalización o que se sienten temerosos por el “melting pot” global, no se han sentido representados por las clases políticas tradicionales. Así, han dado su apoyo a un candidato que ha prometido soluciones unilaterales domésticas ignorando la actual interdependencia, sin tener en cuenta que, en el mundo en el que vivimos, la realidad -como las soluciones- no entiende de fronteras.

Entre las prioridades de estos grupos reacios a la globalización se encuentra la voluntad de frenar algunos acuerdos comerciales, como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), y renegociar otros como el que mantiene EEUU con Canadá y México (NAFTA). Esta corriente, que se manifiesta a ambos lados del Atlántico, se opone también a las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el principal foro donde se acuerdan reglas globales comerciales. La OMC, además, es de las pocas organizaciones internacionales que cuentan con un órgano cuasi-judicial de resolución de controversias entre sus miembros, por lo que supone una herramienta única y muy valiosa. El declive de la OMC, junto con la desaparición de acuerdos de libre comercio, podría devolvernos a una época de competencia entre grandes potencias, de creación de bloques comerciales diferenciados y de pérdida generalizada de bienestar.

En este contexto, el reciente acuerdo de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá (CETA) supone un destello esperanzador. No ha sido una negociación fácil por la oposición de quienes sospechan que podrían salir dañados. Afortunadamente, después de varios años de negociaciones y una compleja fase final de aprobación interna, se firmó el pasado mes de octubre: el CETA introduce estándares altos medioambientales, laborales y fitosanitarios entre dos bloques desarrollados, basados en valores democráticos y con unos sistemas fuertes de bienestar. El acuerdo puede suponer un aumento del PIB de la UE de alrededor de 12.000 millones de euros al año y un incremento del comercio de bienes y servicios entre ambas partes de casi un 25%.

Además, el acuerdo comercial mejora los sistemas de resolución de disputas, creando un tribunal permanente de resolución de conflictos entre el Estado y el inversor, cuyos miembros permanentes serán elegidos por Canadá y la UE, evitando así conflictos de interés. También obligará a que los laudos sean públicos y permitirá a las partes recurrir las sentencias.

El CETA y la defensa de la OMC se hacen incluso más relevantes en medio de este declive del respaldo al comercio internacional y ralentización de los flujos internacionales: por primera vez en muchos años, el comercio crece por debajo del PIB cuando tradicionalmente lo triplicaba.

Otro ámbito que genera preocupación es el del cumplimiento de compromisos climáticos, especialmente de los países con altas tasas de emisión. EEUU, como productor del 16% de las emisiones globales, es un pilar esencial en la negociación de acuerdos de lucha contra el cambio climático. Si se replanteara sus compromisos en la materia, podría afectar a las decisiones de otros países con altos niveles de emisiones.

Pese a la incertidumbre en cuanto a la implementación del acuerdo de París, hay noticias positivas en el ámbito climático multilateral: en la conferencia climática de este año, en Marrakech, todos los firmantes de París del año pasado han reiterado su voluntad de implementar los compromisos asumidos. Además, este pasado mes de octubre se adoptó un acuerdo internacional sobre la regulación de las emisiones de CO2 en el sector de la aviación civil. El acuerdo es importante ya que si no se implementan medidas para mitigar las emisiones del sector de la aviación, se prevé que en 2050, este sector emitirá tanto como emiten Rusia y Japón juntos en la actualidad.

En este sentido, la Unión Europea -que ya contaba con su propio sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (EU ETS)- ha jugado un papel líder en la firma de este acuerdo, que obliga a las compañías aéreas a pagar en función de sus emisiones de dióxido de carbono. Las instituciones europeas empezaron a trabajar hacia un acuerdo global ya en el año 2008 tras ver que, pese a los compromisos acordados en el Protocolo de Kioto, el mundo no avanzaba en el ámbito de las emisiones de la aviación.

Durante los años 2011 y 2012, la UE consiguió que la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) se comprometiera a generar un acuerdo global a finales del año 2016. Sus esfuerzos finalmente han dado lugar a la firma de este acuerdo, que supone un gran avance en el compromiso con el cambio climático de los miembros de la OACI, entre los que se encuentran Estados Unidos y China.

La diplomacia y el multilateralismo son instrumentos esenciales para afrontar, de manera inteligente, los problemas a los que se enfrenta hoy la sociedad internacional. El mundo global en el que vivimos requiere de reglas globales que garanticen la estabilidad económica y financiera, la seguridad y el bienestar general. La Unión Europea ha demostrado que, pese a encontrarse en un momento convulso, es un soporte incondicional del sistema multilateral internacional.