Consecuencias de las restricciones fiscales en las economías avanzadas

Tras sufrir el mayor shock económico desde la Gran Depresión de 1929, la mayoría de las economías avanzadas se vieron obligadas a poner orden en sus finanzas públicas. Sin embargo, y salvo algunas excepciones -Finlandia, Alemania y Holanda entre ellas-, siguen mostrando un nivel de actividad económica muy inferior a su capacidad óptima-potencial.

Según la opinión generalizada de los expertos -podemos mencionar a Olivier Blanchard y Daniel Leigh´s (2013) o a Alan J. Auerbach y Yury Gorodnichenko (2011)- y como muestra la evidencia empírica más reciente, en este contexto es de esperar que las restricciones fiscales tengan un efecto particularmente dañino en el empleo y la producción.

La incertidumbre que rodea la evaluación de las consecuencias macroeconómicas de determinadas decisiones fiscales, el denominado multiplicador fiscal, es, cuanto menos, sorprendente. A pesar de que la bibliografía sobre el tema no deja de crecer, el debate continúa con la misma intensidad y no parece templarse.

De una parte están quienes opinan que la aplicación de una férrea austeridad fiscal restablece la confianza de los mercados, reduciendo los costes de endeudamiento – es decir, fortaleciendo el canal crediticio-, y por ende, impulsando la actividad económica.

Al otro lado se sitúan quienes consideran que las restricciones fiscales, lejos de inspirar la confianza de los mercados, podrían erosionarla, dados sus efectos negativos sobre la producción agregada. Esta mayor incertidumbre dificultaría el acceso al crédito de los hogares y negocios, impidiéndoles consumir, invertir y/o aprovechar nuevas oportunidades empresariales.

Esta situación reduciría a su vez la recaudación fiscal e impondría trabas adicionales al desarrollo económico. Por tanto, según esta línea de pensamiento, una severa consolidación fiscal podría llegar a ser auto-destructiva.

Una amplia mirada panorámica a las investigaciones más recientes señala que el valor del multiplicador fiscal es muy sensible tanto a las características específicas de cada país como a las circunstancias económicas de contexto, es decir, a la posición del ciclo económico, la situación de estrés de las finanzas públicas, el estado del sistema financiero, la respuesta de la política monetaria etc…

En líneas generales estos trabajos concluyen que, en coyunturas recesivas, con el empleo, la inflación y la producción lejos de sus niveles potenciales, el valor del multiplicador aumenta notablemente. O dicho de otro modo, en periodos de crisis, el impacto negativo sobre la actividad económica de la restricción fiscal se acentúa significativamente.

Este efecto se debe a que cuando la producción nacional está lejos de su nivel potencial, los estímulos fiscales refuerzan la demanda interna sin ejercer tensiones inflacionistas. De este modo tampoco incitan a un aumento de los tipos de interés, y por ello no desincentivan la inversión o el consumo privado, obteniendo así unos mayores multiplicadores fiscales. Esta es la razón fundamental por la que, dada la debilidad en la que se está moviendo la economía mundial, cada vez hay más voces que cuestionan la validez de implementar una austeridad férrea e instan a estimular el crecimiento económico.

Estos estudios ofrecen una interesante reflexión adicional. Dado que el impacto de las actuaciones fiscales sobre la actividad económica depende de las características particulares de cada país, la factibilidad de llevar a cabo un férreo ajuste fiscal debe evaluarse únicamente en función de sus méritos propios. De hecho, cabría esperar que aquellos países donde la actividad económica se encuentre más debilitada, se beneficiaran de consolidaciones fiscales más paulatinas.

Dicho de otra manera, dilatar el ajuste en el tiempo, o incluso aplazar parte del mismo a la espera de condiciones más favorables, reduciría los costes sobre el crecimiento económico, y también sobre el bienestar social. En este contexto y dado el clima de incertidumbre generalizado, es clave resaltar un concepto básico, que la política fiscal debe estar orientada por un plan bien definido que huya de actuaciones instintivas o indeliberadas.

Señalar la incertidumbre a la que está sujeta la toma de decisiones fiscales en España, en un contexto de desconcierto y hartazgo ciudadano generalizado. Con el gobierno de Rajoy en funciones, reacio a someterse a control parlamentario, y con la amenaza real de terceras elecciones en menos de un año, los ajustes fiscales han estado presentes en las recientes negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. El pacto, ya invalidado tras la investidura fallida del candidato, cuestionaba la consolidación fiscal, no recogía las medidas de ajuste que reclama Bruselas para reconducir el déficit por debajo del 3% y tampoco cuantificaba el impacto de otras medidas laborales.

En la situación actual es importante que el ajuste fiscal se realice a un ritmo gradual y en un marco a medio-largo plazo bien definido. Las políticas de ajuste deben ser creíbles y centrarse en una reducción paulatina del déficit estructural, que permita lograr un saneamiento real de las cuentas públicas, al mismo tiempo que impulse la confianza, el crecimiento y el bienestar social.