Cómo hacer que los datos ayuden a hacer la normativa de la UE sobre deforestación justa y viable

La UE ha aprobado por fin su innovador reglamento que exige a las empresas demostrar que las importaciones de productos agrícolas al bloque están libres de deforestación.

Se calcula que la agricultura provoca más del 90% de la deforestación tropical; a su vez, la deforestación y el cambio de uso del suelo son responsables del 11% de las emisiones mundiales de carbono. En Brasil, país ricamente arbolado, el porcentaje de emisiones nacionales derivadas del cambio de uso del suelo es del 46%. La crisis climática, por tanto, no puede resolverse sin abordar las cadenas internacionales de suministro de materias primas.

Ahora que se ha aprobado esta ley histórica, se plantean nuevos retos. Los países exportadores, las empresas y los ambientalistas también quieren claridad sobre cómo funcionarán los requisitos de diligencia debida. Los detalles de la aplicación son fundamentales para que la ley vaya más allá de la depuración de las importaciones europeas y proteja eficazmente la naturaleza.

Para garantizar el éxito de la ley, la Comisión Europea debe aclarar cómo se basarán los controles de aplicación en un marco justo, objetivo y basado en datos. En los debates internacionales ha habido dudas y confusión, y algunos han calificado la ley de "proteccionismo" o "discriminación" contra determinados países o materias primas. Una comunicación transparente y una mayor consulta con los países productores serán vitales para desactivar estas percepciones.

La propuesta de clasificar los países como de riesgo "alto", "normal" o "bajo" ha suscitado especial preocupación. Las importaciones procedentes de países de alto riesgo pueden entrar en el mercado de la UE, sujetas a los mismos requisitos de diligencia debida que las consideradas de riesgo estándar, pero se enfrentan a controles más intensivos por parte de los organismos de control.

Es comprensible que a los exportadores más grandes y con mayor riqueza forestal no les entusiasme la posibilidad de recibir una etiqueta de alto riesgo, con el consiguiente perjuicio para su reputación. Al mismo tiempo, estos países son aquellos con los que la UE debe establecer urgentemente una relación de colaboración para hacer frente a la deforestación.

Afortunadamente, la mejora de los datos sobre deforestación y de las metodologías sectoriales ofrece perspectivas prometedoras. La disponibilidad de datos varía según los países y las materias primas, pero al desarrollar su marco, la UE no debe limitarse a las fuentes de datos del "mínimo común denominador", que tienen una amplia cobertura a expensas del detalle. Frenar la deforestación de forma eficaz significa utilizar la mejor información disponible.

De hecho, los datos relativamente detallados, incluidos los mapas de cultivos y deforestación, cubren algunos sectores importantes, como la soja y la carne de vacuno en Brasil y el aceite de palma en Indonesia. Esta información de alta calidad, incluidas las estadísticas oficiales, refleja importantes inversiones en transparencia de datos por parte de los propios países productores. La UE se beneficiaría de consultar a estos Estados sobre la incorporación de estos recursos a su planteamiento.

Una vía especialmente fructífera sería el acercamiento a regiones dentro de un mismo país. El reglamento contempla esta posibilidad y podría dar respuesta a muchas de las críticas a las que se ha enfrentado la ley hasta la fecha.

Los avances en la mapeo de la cadena de suministro revelan que, incluso cuando un país presenta un alto riesgo global, una gran parte de su producción y muchas de sus regiones pueden clasificarse de forma fiable como de bajo riesgo. Por ejemplo, al analizar la producción de soja en Brasil en 2020, la iniciativa de transparencia Trase descubrió que sólo 569 de los cerca de 2400 municipios productores de soja representaban el 99% de la deforestación de soja de Brasil.

Cuando existan estos datos, las regiones del país podrían clasificarse en función de su porcentaje del total nacional de deforestación vinculada a los productos básicos. Por ejemplo, las regiones que en conjunto representen menos del 1% del total nacional podrían clasificarse como de bajo riesgo. En comparación con un sistema nacional de riesgo, una mayor proporción de los flujos comerciales podría estar sujeta a requisitos de divulgación simplificados y a controles de aplicación menos intensivos.

Este sistema beneficiaría a las empresas y a los reguladores, reduciendo los costes de cumplimiento sin comprometer los objetivos de la normativa. Este enfoque exigente podría dar más fuerza a la ley. En última instancia, la normativa sólo puede tener éxito con una aplicación rigurosa, pero los organismos encargados de hacerla cumplir se enfrentan a la dura tarea de evaluar enormes volúmenes de información divulgada en un marco normativo novedoso. Una clasificación más precisa de los riesgos les ayudaría a dedicar sus limitados recursos a las importaciones que requieren un examen más urgente.

La UE también podría establecer clasificaciones específicas para determinados productos. Por ejemplo, una zona en la que se haya producido recientemente una deforestación intensiva para la producción de carne de vacuno podría ser al mismo tiempo una fuente de bajo riesgo para el café. Reconocer las diferencias entre sectores evitará imponer cargas a las empresas que ya actúan de forma responsable.

Es fundamental que las clasificaciones se inscriban en un sistema más amplio de cooperación entre la UE y los países productores. A medida que se reanuden las conversaciones entre la UE y el bloque comercial sudamericano Mercosur, estas relaciones pueden adquirir una importancia aún mayor. Además de fomentar el intercambio de datos y conocimientos, la UE podría hacer aportaciones económicas para apoyar la aplicación de normativas sobre la tierra o proporcionar incentivos localizados para que los agricultores en zonas vulnerables no deforesten.

La UE ha identificado correctamente la deforestación de productos básicos como un problema compartido, que exige soluciones que abarquen las cadenas de suministro mundiales. Los costes de aplicación de esas soluciones también deben repartirse equitativamente.