Lo que las pequeñas naciones insulares, como Santa Lucía, necesitan para sobrevivir y prosperar en el mundo post-pandémico

Los países de todo el mundo están lidiando con las consecuencias de la pandemia COVID-19, y los devastadores efectos socioeconómicos son evidentes a medida que los gobiernos luchan por proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos y responden con eficacia al aumento del desempleo y a la drástica recesión económica.

Los más vulnerables son los países en desarrollo que no siempre disponen de los recursos y la capacidad necesarios para hacer frente a los efectos de una pandemia.

En respuesta a este drástico cambio en nuestra vida cotidiana y al impacto adverso en el sistema económico mundial, es igualmente imperativo que se produzca un cambio fundamental en el ecosistema de la financiación del desarrollo. Es posible que muchos de los países en desarrollo más vulnerables, incluidos los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), no puedan soportar y recuperarse de esta crisis si no cuentan con un apoyo adecuado de financiación del desarrollo.

Santa Lucía, al igual que otros pequeños Estados insulares en desarrollo, es extremadamente vulnerable a estas nuevas circunstancias mundiales. Los pequeños Estados insulares en desarrollo se han enfrentado durante mucho tiempo a importantes problemas inherentes, pero no limitados, a su pequeño tamaño y geografía, que amenazan persistentemente su sostenibilidad. Su incapacidad para acceder a financiación en condiciones de favor para crear la resistencia necesaria a las perturbaciones naturales y económicas que escapan a su control interno da lugar a niveles de deuda extremadamente elevados. Estos problemas singulares exacerban la grave exposición tanto a la pandemia de COVID-19 como a cualquier desastre natural que pueda producirse durante la próxima temporada de huracanes, lo que deja a estos países en una posición gravemente desventajosa.

Una cooperación multilateral sólida y el firme apoyo de la comunidad internacional son esenciales para que los países en desarrollo más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, puedan responder y recuperarse. Sin embargo, lo peor está por venir.

Actualmente, para suprimir la transmisión de los casos de COVID-19, Santa Lucía (como muchos países análogos) se ha visto obligada a cerrar sus fronteras y aplicar estrictas medidas de distanciamiento físico, medidas necesarias que, no obstante, han dado lugar a una considerable perturbación de las cadenas de suministro, el comercio de bienes y servicios y el funcionamiento cotidiano de las empresas, y han provocado un desempleo extraordinario. El turismo, principal motor de la economía, se ha visto paralizado, mientras que muchas otras empresas de la isla luchan por mantenerse en el negocio. Esta cruda realidad se ve agravada por el hecho de que los países del Caribe están a punto de entrar en la temporada de huracanes, mucho más vulnerables y expuestos que nunca.

La respuesta a la crisis: aumentar la capacidad de recuperación. Volver a "seguir como hasta ahora" expondría a esos países a nuevas perturbaciones. Los gobiernos y otras partes interesadas del sector público deben colaborar con el sector privado para determinar el mejor camino a seguir. Al reconocer y dar prioridad a las oportunidades que sitúan a los países en el camino hacia la resiliencia, alinear sus objetivos nacionales con los SDS e identificar la forma en que el sector privado puede apoyar esta línea de acción, los gobiernos podrán atraer las inversiones que necesitan para crear una economía más estable, inclusiva y sostenible a largo plazo.

Santa Lucía está fortaleciendo su asociación con el Foro Económico Mundial para hacer la transición a una economía más resistente y diversificada. La piedra angular de la asociación es la Hoja de ruta de la financiación nacional, una iniciativa de la Asociación de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (SDIP) destinada a proporcionar una plataforma para la colaboración entre los interesados públicos y privados a fin de movilizar la financiación y la escala de las inversiones para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).

La iniciativa de las hojas de ruta para la financiación nacional ayudará a los países a identificar nuevas fuentes de capital que puedan desplegarse para hacer frente a los efectos de COVID-19 e invertir en la respuesta inmediata, al tiempo que se sientan las bases para una mejor recuperación. La solución a esta crisis radica en una respuesta de colaboración que incluya tanto al sector privado como al público, con una visión común compartida.

El objetivo de las hojas de ruta para la financiación de los países es desbloquear las corrientes de capital y elaborar soluciones eficaces, apropiadas y nacionales para la crisis, que puedan reproducirse no sólo en todos los pequeños Estados insulares en desarrollo, sino también en otros países en desarrollo.

El mundo se encuentra ahora en un territorio inexplorado, en el que las respuestas individuales, a nivel de país, sólo darán lugar a soluciones parciales y a corto plazo para los complejos desafíos globales de la pandemia. Este momento exige una verdadera solidaridad y asociaciones significativas que generen medidas durante y después de la crisis, y que construyan economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que sean más resistentes ante las pandemias, el cambio climático y otros desafíos mundiales.

Este artículo apareció originalmente en Forbes.com.